Cuatro horas con Felipe VI, ¿qué más puede salir?

La larga conversación entre Juan Carlos I y Felipe VI del pasado lunes 23 de mayo en el Palacio de la Zarzuela es presentada como la única en profundidad que padre e hijo han mantenido sobre el rey emérito y sus circunstancias cuando, en realidad, es una más de las que sostuvieron y condujeron, según los comunicados de uno y otro protagonista, al autodestierro del primero el 3 de agosto de 2020 en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Las noticias sobre las investigaciones en Suiza y en España, precisamente, provocaron, por su lado, los anuncios de Felipe VI sobre renuncia a la herencia y retirada de la asignación al rey emérito de 194.232 euros anuales. Y el retiro, por parte del emérito, de la vida pública en mayo de 2019, la salida de España en agosto de 2020 y el anuncio de que residirá de forma permanente en los EAU tras archivarse, el 2 de marzo pasado, las diligencias de investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo y la aprobación en la Agencia Tributaria de sus regularizaciones fiscales por algo más de 5 millones de euros. ¿Qué hay de nuevo, pues, en la situación? Respuesta: El procedimiento de la demanda civil de Corinna zu Sayn-Wittgenstein en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales. Cartas a la Zarzuela La Casa de su Majestad el Rey no ha sido ajena al curso de los acontecimientos. Porque, los abogados del bufete de Londres, Kobre & Kim, comenzaron a dirigirse a dicha institución en marzo de 2019, a través de dos cartas -el 5 y el 18 de marzo- dirigidas al jefe de la Casa, Jaime Alfonsín. La del 18 de marzo fue enviada dos días después de un encuentro, el 16 de marzo, entre Juan Carlos I y Corinna en su domicilio particular del barrio londinense de Belgravia -provocado por la primera carta del 5 de marzo- sin que se llegara a pacto alguno. La tercera carta, del 25 de marzo de 2020, ya era dirigida a nombre de Felipe VI, en respuesta al comunicado de la Casa Real en la cual el rey de España anunció que renunciaba a la herencia de su padre y se refería a su desconocimiento de su cualidad de beneficiario de las fundaciones Lucum (Panamá, 2008) y Zagatka (Liechtenstein, 2003). “Como medida de buena fe, nuestra clienta invita a la Casa Real a aclarar que ella nunca ha pretendido “chantajearla” ni le ha pedido compensación económica alguna. Solo quiere que termine la campaña ofensiva en su contra y que se garantice la paz y seguridad de ella y de sus hijos”, señalaba antes de terminar. “Nuestra clienta desea aclarar que no posee videos comprometedores ni información perjudicial contra el padre de usted, el rey emérito, ni contra otros miembros de la Casa Real. Tampoco ha amenazado jamás al rey emérito con nada de ello. Nunca lo haría”, aseguraba la misiva del 25 de marzo de 2020. Demanda de alto voltaje A finales de diciembre de 2020, finalmente, los abogados presentaron una demanda civil por presuntos actos de acoso, seguimiento ilegal de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Mónaco y Londres, las dos residencias de Corinna. La tramitación de la misma está en fase de cuestiones previas. Juan Carlos I ha sufrido una primera gran derrota al dictar el juez Matthew Nicklin una sentencia contraria a concederle la solicitada inmunidad soberana con costas a pagar (interinamente) de 230.000 libras (271.000 euros). Con todo, a final de mayo, después de serle denegado un primer permiso para apelar el pasado 29 de marzo, la defensa del emérito lo intentará nuevamente ante la Corte de Apelaciones del alto tribunal británico. Aunque la Casa de Su Majestad el Rey conoce la demanda, ignora el alcance de los daños que puede provocar el hecho de que comience la instrucción de la misma con la presentación de pruebas y testigos, si la defensa del emérito no consigue la luz verde para apelar ante la Corte. Los magistrados solo autorizan el recurso cuando hay un punto de ley sólido que merece atención. En otros términos, que la defensa no intenta simplemente ganar tiempo. Aunque hay otras dos cuestiones previas -la ley británica de acoso y una petición de declinatoria de jurisdicción para que el caso se trate en España-, superada la batalla de la inmunidad, no será fácil frenar la investigación judicial con declaraciones testificales y pruebas. Entre ellas, la solicitud de comparecencia en Londres del propio Juan Carlos I y personalidades como el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán. Confrontación judicial Una parte especialmente dañina de la confrontación judicial podría provenir del papel del CNI y al uso de sus agentes por parte del Juan Carlos I a través de la gestión de la relación con Corinna que hizo Sanz Roldán. Este ya ha declarado ante la Comisión de Secretos Oficiales y ante la justicia española que, en efecto, viajó a Londres en mayo de 2012 para reunirse con Corinna, pero se negó a entrar en el contenido -secreto- de las conversaciones que mantuvieron en la suite numero 518, quinta planta de The Connaught Hotel, en el barrio londinense de Myfair. Otra fuente de daños procedería de las relaciones sociales de Juan Carlos I y Corinna. Algunas personalidades millonarias que frecuentaban cuando eran pareja y que más tarde fueron testigos -es el caso de Pepe Fanjul, el magnate del azúcar, empresario de origen asturiano nacido en Cuba- del intento, por parte del rey emérito, de recuperar los 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) que donó de manera irrevocable a primeros de junio de 2012 a Corinna, y que esta se negó a devolverle. El procedimiento civil, de seguir adelante, puede acabar en juicio a menos que ambas partes lleguen a un acuerdo para el cual la examante de Juan Carlos I exige una importante cantidad de dinero, todavía sin cuantificar. Felipe VI, pues, quiere saber qué más puede salir. Y Juan Carlos I tiene todas las cartas para ilustrarle.

Cuatro horas con Felipe VI, ¿qué más puede salir?

Preocupación por las noticias que pueden empañar a la Corona española si se entra en el fondo de la demanda de Corinna en el tribunal de Londres

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