El juez denuncia obstáculos del fiscal en la investigación del jefe de la oficina de Puigdemont

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre reprocha en un duro auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que la Fiscalía Anticorrupción obstaculice la investigación contra Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del 'expresident' Carles Puigdemont. En esta resolución, acuerda “ampliar la exposición de indicios de criminalidad” contra Alay y le ofrece la posibilidad de personarse como imputado en la causa por el presunto desvío de fondos, a través de subvenciones de la Diputación de Barcelona, donde ocupó un cargo. Alay también figura en la ‘operación Voloh', en la que fue detenido, sobre supuesta financiación del ‘procés’. El fiscal Fernando Maldonado recurrió hace unos días ante la Audiencia de Barcelona la decisión del juez de ordenar a la Guardia Civil rastrear el patrimonio de Alay, al haber sido el sucesor en la Diputación de Barcelona de Jordi Castells, actual subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat, de quien la Guardia Civil encontró ingresos sospechosos y un incremento de sus bienes. El ministerio público sostiene que estas pesquisas son prospectivas, pues, a su entender, no existen indicios contra el jefe de la oficina de Puigdemont. Ante la iniciativa del fiscal, el juez ha dictado un nuevo auto en el que detalla los presuntos indicios que existen contra Alay, a la vez que califica la "maniobra del fiscal anticorrupción" de "obstativa, en lugar de coadyuvante, a la instrucción de la causa", pues "no hace más que dilatar" el proceso. El togado le recrimina que "podría haber completado la argumentación favorable a la investigación patrimonial con otros indicios que figuran en la causa y que el fiscal omite". En este sentido, el juez recuerda que el fiscal ha solicitado el archivo de piezas sobre las supuestas subvenciones ilícitas, "se alineó" con los recursos de las defensas" oponiéndose al envío de la parte del Tsunami Democràtic a la Audiencia Nacional y ha interpuesto varios recursos contra decisiones suyas. "Frente a estas conductas contrarias al criterio del juez instructor (que el tiempo a demostrado erróneas), el fiscal anticorrupción solo ha solicitado la práctica de unas pocas declaraciones, no demasiado relevantes", subraya. Las sospechas El auto incide en que "no existe una investigación prospectiva" respecto a Alay. El juez agrega que la Diputación de Barcelona ha presentado un informe con los viajes efectuados por este cuando trabajaba para la institución, del cual "resulta que pudiera haber indicios de la comisión de un delito de malversación" en dos de esos viajes (Copenhague y China), en los que cobró por adelantado el importe de los desplazamientos y luego tuvo que devolver al serle reclamado "por no guardar relación con su trabajo". El magistrado también atribuye a Alay la contratación de una ONG externa de la Diputación de Barcelona "para concluir unos expedientes" que los funcionarios había "observado imposibles de justificación". El juez sostiene que ante los contactos encontrados en el teléfono de Alay procede "comprobar si la misión de este "de mantener contacto con políticos" de Rusia y "con miembros del servicio secreto" de ese país "se inició" cuando fue nombrado jefe de la oficina de Puigdemont o empezó antes, cuando trabajaba en la Diputación. "Este magistrado no actúa por capricho, tal y como asevera el fiscal", sino que "se basa siempre en los indicios que constan en la causa", concluye Aguirre.

El juez denuncia obstáculos del fiscal en la investigación del jefe de la oficina de Puigdemont

El magistrado amplía los presuntos indicios contra Josep Lluís Alay y agrega unos viajes al extranjero en los que este tuvo que devolver el dinero cuando trabajaba en la Diputación de Barcelona

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