Fin de semana de 'impasse' en lo que se refiere a las negociaciones entre PSC, ERC, Junts y 'comuns' para hallar una fórmula legal que permita blindar la enseñanza en catalán en las aulas de las sentencias judiciales, como la que impuso el TSJC y su 25% de asignaturas en castellano.
Ante el cruce de informaciones, sobre si el texto de la nueva ley que los partidos se han propuesto crear, tal y como avanzó este diario, debe incluir o no un veto específico a que la regulación de las asignaturas deba venir impuesta por porcentajes dictados desde instancias judiciales, la presidenta 'in pectore' de Junts, Laura Borràs advirtió que el llamado "consenso" no debe ceñirse solo a los cuatro partidos negociadores, sino que debe incluir, también, a las entidades relacionadas con la educación. "Estanos trabajando bien y lo mejor solución para la lengua catalana es la que tenga el mayor grado de consenso entre partidos, comunidad educativa y de las entidades. Esa es nuestra línea roja, la defensa de la escuela catalana", formuló la también presidenta del Parlament.
Borràs se refiere a la gran mayoría de asociaciones existentes (que no todas) que se hallan movilizadas en defensa siempre de la normalización lingüística.
Fuentes posconvergentes, por su parte, insistieron en que su partido sigue batallando para que el veto a los porcentajes se explicite, no solo en el decreto ley que emita el Govern, sino también en el propio texto legislativo que se está preparando.