Sin la colaboración de Arabia Saudí era solo cuestión de tiempo que las diligencias de investigación de Anticorrupción por los contratos firmados para la construcción del AVE a La Meca, para determinar si se pudieron cometer delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales por ciudadanos españoles y extranjeros fuera de España, corrieran la misma suerte que las del emérito, por los 64,8 millones de euros que recibió de la monarquía saudí.
El decreto de archivo, firmado por el fiscal Anticorrupción al frente del caso, Luis Pastor, coincide en sus explicaciones con los rubricados por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, para cerrar las diligencias de Juan Carlos I. Las pesquisas que afectaban al exjefe del Estado se archivaron, entre otros motivos, porque no se pudieron encontrar indicios de que el dinero que recibió de la monarquía saudí procediera de comisiones ilegales y se descartara que fue un regalo del rey de ese país, pese a lo que había dicho en su día su examante Corinna Larsen al excomisario José Manuel Villarejo, lo que dio origen al procedimiento.
Insuficiente para ver comisiones
El decreto del AVE a La Meca, que comparte incluso párrafos con el suscrito por la Fiscalía del Supremo para descartar una querella contra Juan Carlos I, concluye "que los elementos de que se disponen tras esta investigación, son claramente insuficientes, sin univocidad incriminatoria, carentes de la necesaria conexión entre sí, en parte contradictorios y que, por lo tanto, no permiten construir, siquiera sea provisionalmente, una tesis inculpatoria que descarte otras alternativas igualmente lógicas a dicha tesis". Eso hace que "sostener unos posibles pagos a funcionarios o autoridades saudíes" no sea "más que una mera especulación o conjetura".
Pero justo antes también dice: "A nadie se oculta que estos contratos, calculadamente ambiguos y retribuidos por importes significativamente superiores al valor de cualquier servicio legítimo que el intermediario pueda proporcionar, permiten habitualmente canalizar el pago a las autoridades o funcionarios involucrados en la adjudicación, de tal modo que el intermediario conserve para sí una parte del pago y transfiera a la autoridad local la dádiva acordada por haber ganado el contrato".
Se refería al firmado con Shahpari Azzamy Zanganeh, a la que Juan Carlos comisionó con una carta "para poder realizar gestiones" ante el príncipe Bin Abdul Aziz. El contrato que ella firmó por sus servicios con las empresas era equivalente al 2% del valor contractual del proyecto; luego se modificó a una comisión fija de 95.788.435 euros, de los que cobró parte. Con anterioridad al contrato firmado con Zanganeh, que era una de las personas investigadas por Anticorrupción en las diligencias ahora archivadas, las empresas que conforman el consorcio hispano-árabe habían firmado otro similar con el príncipe Abdulaziz Bin Mishal, ya fallecido, por otros 120 millones de euros.
Pese a ello, señala que, "si examinamos la actuación de los dos comisionistas, nos encontraremos con que las cantidades satisfechas lo han sido a personas identificadas". La intervención de Zanganeh "queda en unos términos un tanto genéricos, sobre todo si atenemos a la cuantía de su retribución final", y en el caso del príncipe Abdulaziz Bin Mishal "parece que obedeció a la necesidad de que existiera una contraparte saudita dentro del consorcio", pero, en cualquier caso, ninguna comisión superó el 2% del precio del proyecto, aunque su cuantía fuera de 100 y 120 millones de euros.
Más de 7.500 transferencias
"En cuanto a la estructura financiera de los pagos no puede reseñarse nada especial" más allá de que "se han efectuado mediante transferencia a cuentas en Arabia Saudita", cuyas autoridades respondieron al requerimiento español limitándose a decir que "no se han encontrado transacciones derivadas de actividades sospechosas". El decreto dice que "se analizaron 11 cuentas bancarias, desde las que se realizaron 7.507 transferencias por un importe de 1.998.020.248 y 4.084.396.364 euros".
Anticorrupción ha tomado declaración como testigos a los distintos presidentes del consorcio hispano-árabe, a los embajadores de España en Arabia Saudí y a Corinna Larsen, así como a Zanganeh, que destacó su "amplia experiencia como consultora en proyectos en Oriente Medio, principalmente con empresas españolas de ingeniería y que había empezado a trabajar par OHL en los años 2004-2005".
En un comunicado, el Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina afirma que no tuvo "entre sus atribuciones actividades vinculadas a la fase de adjudicación del contrato, ni ha firmado acuerdos de ningún tipo para dicho fin".