El CNI tiene el mandato de considerar que el independentismo catalán es un conflicto "activo"

Una Directiva de Inteligencia sin actualizar fue el marco operativo de las escuchas del CNI a al menos 18 independentistas catalanes, entre ellos el 'president' Pere Aragonès. Para la doctrina que rige el servicio de espionaje, el conflicto catalán que entró en erupción en octubre de 2017 no es ningún caso cerrado. Fuentes de la seguridad del Estado confirman a este diario que en el CNI –como en otros servicios de inteligencia estatales- se considera “activo y abierto” el desafío independentista. El concepto, según estas fuentes, es de enero de 2017, previo al 1-0 y los sucesos posteriores. Ninguna fuente oficial confirma o desmiente la vigencia de ese concepto, pues la Directiva de Inteligencia es secreta. Esa concepción de “conflicto activo” lleva a la percepción de sus actores como amenaza, y por tanto personal objetivo en las decisiones y gestiones que emanan de ese documento estratégico. La Directiva de Inteligencia, atenta a amenazas emergentes y peligros persistentes, es un documento que, supuestamente, debe renovar cada año el rumbo del servicio de espionaje. Pero, pese a lo reflejado en la ley 11/2002, esa directiva no se refresca con la frecuencia que prevén la exposición de motivos y el artículo 3: “El Gobierno determinará y aprobará anualmente los objetivos del Centro Nacional de Inteligencia mediante la Directiva de Inteligencia, que tendrá carácter secreto”. Conflicto abierto En enero de 2017 se reunió la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, cuando presidía esa junta la número dos del gabinete Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría, y dirigía el CNI el general Félix Sanz Roldán. Antes, la Comisión Delegada se había reunido también en mayo de 2013, marzo de 2014 y febrero de 2015. El año 2016 transcurrió sin reunión. Cuando llegó la de 2017, estaba muy reciente –apenas un mes- el arranque del Pacto Nacional por el Referéndum, impulsado por el Govern de Carles Puigdemont. Las fuentes consultadas explican que la concepción del 'procés' como amenaza existía en el servicio secreto antes de ese inicio de 2017, pero es en esa fecha cuando se acuña la última visión que impera en el centro. Doctrina para la comunidad de inteligencia La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia es el foro en el que, con necesidades trasladadas desde el Consejo de Ministros, se acuerda la Directiva de Inteligencia, documento estratégico similar a la Directiva de Seguridad Nacional, pero reservado. Es a partir del nacimiento de esa comisión que nació también en España el concepto de “comunidad de inteligencia”, formada no solo por los políticos que la rigen, también por los directivos de distintos servicios de información civiles, militares y policiales a los que la ley prevé coordinar. La actual Comisión está presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la integran –además del secretario de Estado de Seguridad, el director del gabinete de Presidencia y la directora del CNI, Paz Esteban- los ministros de Presidencia (Félix Bolaños), Defensa (Margarita Robles), Interior (Fernando Grande-Marlaska), Asuntos Exteriores (José Manuel Albares)… y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La integrante más poderosa del ala de Unidas-Podemos en el Gobierno no ha participado nunca en una reunión de este órgano, como tampoco llegó a hacerlo su antecesor en la vicepresidencia, Pablo Iglesias. Es, aparte de un recurso de Vox ante el Constitucional que impidió a Iglesias acceder a esa junta, porque en todo el tiempo que lleva Díaz en la vicepresidencia no se ha reunido la Comisión. Ni tampoco en lo que va de legislatura. Fuentes de Economía explican que ha influido la pandemia, y consideran que el que no se haya convocado la Comisión “no implica que no hayan avanzado los trabajos de las comisiones técnicas que dependen de ella”. La Comisión Delegada no se reúne desde comienzos de 2019, explican en el CNI. A su directora corresponde el papel de secretaria de esa junta. 18 ramas, 65 hojas Las cosas que en política van y vienen no cambian tan rápido en la estrategia de Defensa. El concepto de "conflicto activo" está sin revisar pese a que ya se ha sucedido el procés, el juicio del procés, las penas del procés, los indultos del procés… y la creación de la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat. Pero esa diferencia de ritmo no sorprende a los expertos consultados. “Tampoco el conflicto separatista vasco se concibe como cerrado”, explican, diez años después de que ETA dejara de matar. En la Directiva de Inteligencia, y en las autorizaciones judiciales, se basó este jueves la explicación que dio la directora del CNI a los diez diputados de la comisión de Gastos Reservados del Congreso, según han explicado algunos de ellos. La diferencia entre el número que ha trascendido de personas espiadas con permiso judicial por el CNI, 18, y los que hasta el momento ha señalado el análisis de Citizen Lab, 65, confirma a ojos de las fuentes consultadas un típico “árbol” de escuchas del servicio secreto. Para estas fuentes de la Seguridad del Estado, los 47 restantes de la lista canadiense tiene relación fácilmente rastreable, como por unas ramas, con los 18 orígenes de investigación permitidos por el juez del Tribunal Supremo.

El CNI tiene el mandato de considerar que el independentismo catalán es un conflicto "activo"

Un documento del servicio de inteligencia que data de 2017 considera que el desafío del 'procés' sigue vigente

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