La hondura de la crisis provocada por el ‘caso Pegasus’ no tiene fin para el Gobierno. A una presión en aumento del independentismo y un Unidas Podemos, socio de coalición, que pide que se depuren responsabilidades sin demora y que ya sin ambages exige la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha unido la derivada, capital, del espionaje a ella misma y al presidente, Pedro Sánchez. Y se ha unido, también, y esto es lo nuevo, un embrollo interno, dentro del propio Ejecutivo. Fuego amigo. La Moncloa y Defensa se cruzan reproches, se miran mutuamente y responsabilizan al otro de la seguridad de los móviles de los miembros del Gabinete y de los altos cargos. Todo ello en un contexto de máxima tensión, en las horas previas a la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ante la comisión de secretos oficiales del Congreso, que puede ser determinante para su futuro, porque la jefa de los espías podría ser la primera víctima política del escándalo.