El 14 de marzo de 2020 irrumpía una situación de excepcionalidad por un entonces desconocido virus que ponía en alerta a todas las administraciones. La exigencia de una respuesta urgente para adaptar a las instituciones a una cotidianidad confinada bajo estado de alarma convirtió en habitual la contratación por la vía de emergencia para responder por rápidamente a la falta de suministros, servicios y obra pública.