Urbanismo táctico, publicidad y ordenadores: los contratos bajo lupa del Ayuntamiento de Barcelona

Más allá de las mascarillas, los test y los guantes de nitrilo, el Ayuntamiento de Barcelona tuvo que afrontar el reto de adaptar la administración al sobrevenido confinamiento y a la excepcional nueva normalidad a raíz del covid-19, lo que conllevó gasto público mucho más variopinto que el estrictamente sanitario. El Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Comptes, los órganos fiscalizadores, detectaron algunas deficiencias en la contratación por la vía de emergencia y cuestionaron algunas de las decisiones exprés del consistorio. "Sin que hayan detectado ninguna anomalía relevante para exigir ningún tipo de responsabilidad", insisten fuentes municipales. Estos son los contratos más destacados que se analizaron bajo la lupa: Urbanismo táctico El consistorio dedicó más de 12 millones de euros a obra pública y, de estos, 8, 4 millones de euros a urbanismo táctico. Esto es, entre otras, la ampliación de aceras en la Via Laietana y de las calles de Rocafort, Girona y Consell de Cent, así como los cortes de tráfico en los laterales de la avenida Diagonal y la Gran Via (3,86 millones de euros), el montaje y desmontaje de estaciones de Bicing (18.125 euros) y el incremento de espacio público para destinarlo a la reapertura de las terrazas con el relajamiento de las medidas anticovid (4,47 millones de euros). Un informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas cuestiona que algunas de obras, por un importe de 1,9 millones, debieran ser contratadas por la vía de urgencia porque "aunque pueden estar relacionadas con la salud general de las personas, carecen de la inmediación en la respuesta a la situación causada por el coronavirus". El Ayuntamiento defendió en sus alegaciones que esas actuaciones "tenían como finalidad garantizar la salud pública en el desplazamiento de viajeros por la ciudad, garantizando, a su vez, un desplazamiento eficaz, saludable y sostenible" con el fomento del desplazamiento a pie, medidas de seguridad en el transporte público y "favorecer la transición energética y compartida de la movilidad privada". El órgano fiscalizador considera que esto último "no guardan relación alguna con la protección de las personas frente al covid-19, o, incluso, pueden resultar contraproducentes para tal fin". La adaptación al teletrabajo Más de 4,7 millones de euros costó la adaptación del funcionariado al teletrabajo entre ordenadores portátiles, tabletas, teléfono móviles y licencias. El contrato por un valor más elevado fue a la empresa Saytel Servicios Informáticos SA que facilitó 741 portátiles Toshiba A40 G-123 totalmente equipados por 781.870,82 euros, lo que supone 1.055 euros por unidad, un encargo del mes de junio, ya sin confinamiento. Seidor, grupo al que pertenece esta compañía, facturó 94,11 millones de euros en 2020 y ganó 6,37 millones. Por la adquisición de la plataforma VPN para crear una red local entre usuarios a través de Internet el Institut Municipal d'Informàtica (IMI) pagó 299.974,85 euros a la empresa Unitronics Comunicaciones, S.A. el 13 de mayo. Algunas de compras también estuvieron bajo la lupa del Tribunal de Cuentas, que consideró que, una vez ya desconfinados el Ayuntamiento se hiciera con 595 ordenadores portátiles, el 28 de septiembre y el 11 de noviembre, así como de 900 móviles y 10 tabletas, el 12 de noviembre, cuando "una adecuada planificación de la gestión contractual habría permitido disponer de los ordenadores a través de un procedimiento menos restrictivo". "El empeoramiento de las condiciones sanitarias que llevaron a la declaración del segundo estado de alarma no se podía prever, con lo que no era posible planificar una contratación de la cual no se conocía su necesidad, siendo en aquel momento la única opción viable para dar una respuesta rápida a las necesidades de la ciudadanía por parte del personal municipal", justifican desde el Ayuntamiento. Las campañas publicitarias Otra de las cuestiones espinosas según el órgano fiscalizador son las campañas publicitarias (como 'BCN des de casa' o 'Reactivació Económica') que costaron un total de 3,8 millones de euros. El Tribunal de Cuentas valoró que en la documentación justificativa no se detallaban suficientemente "las necesidades inmediatas que era preciso atender ni las prestaciones contratadas para ello ni el contenido específico de los mensajes de comunicación", aunque el Ayuntamiento lo concretó en las alegaciones y ató el vínculo con la pandemia. La Sindicatura de Comptes también puso el ojo en estos contratos e indicó que algunos no se correspondían con la urgencia pandémica. El consistorio defendió que no se elevaba el gasto en propaganda respecto a otros años y que había necesidad de comunicar información de interés para la ciudadanía sobre acciones como la reactivación económica, social y cultural de la ciudad y sobre cómo la pandemia afecta a los servicios habituales que presta el Ayuntamiento. Tres empresas (Havas Media Group, Zenith Media y Carat España) recibieron un contrato por más de 600.000 euros cada uno entre el 3 y el 5 de mayo para la "planificación y compra de servicios publicitarios". La primera empresa firmó otros tres en esas mismas fechas: uno por 209.000, otro por 203.321 euros y el último por 100.000 euros en estas mismas fechas. "Como que no se podía contratar vía procedimiento ordinario, se eligieron las empresas del acuerdo marco que mejor se adaptaba a las necesidades descritas", justifican desde el Ayuntamiento. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas también puso en duda que el Ayuntamiento contratara los servicios de la consultora KPMG, pagando por ello 107.616 euros, para la asesoría en materia de fondos europeos. Desde el Tribunal destacan que ello "no guarda relación con las necesidades inmediatas derivadas de la situación sanitaria". El contrato se firmó el 29 de octubre del 2020 y el Gobierno no aprobó el Plan de Recuperación -donde detallaba cómo y en qué gastaría los fondos- hasta abril del 2021. "La utilización de cualquier otro tipo de procedimiento no hubiera permitido lograr en plazo el objeto de la contratación, como era la perentoria necesidad de la preparación del documento base para presentar por los diferentes actores en el plan 'España Puede'", justifican desde el Ayuntamiento. Fuentes del consistorio se escudan en que la previsión del Gobierno en ese momento era que "a partir de enero de 2021" ya se pondrían en marcha una serie de convocatorias vinculadas a los fondos europeos.

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