Los indicios para saltar la línea roja del PP en la Kitchen no son "inequívocos"

La sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado este miércoles 20 de abril el cierre de la investigación del 'caso Kitchen' ('cocina' en inglés), una operación montada desde el Ministerio del Interior y la Policía entre 2013 y 2016 para espiar y secuestrar, a espaldas del procedimiento judicial en curso, documentos presuntamente comprometedores para el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el PP, en poder del extesorero nacional del partido, Luis Bárcenas, quien acumuló una fortuna de hasta 48,2 millones de euros en Suiza y llevó durante 20 años la contabilidad B de la organización. Los magistrados han ratificado la decisión del juez Manuel García Castellón, titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, de archivar la causa para la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su esposo, Ignacio López del Hierro por considerar que algunas de las pruebas para sentarles en el banquillo “no es indicio inequívoco de la participación en los hechos investigados”. Cargos muy relevantes El auto abre, por tanto, el camino hacia el banquillo, el juicio oral, de once personas con cargos relevantes en aquella época: el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; el secretario de Estado Francisco Martínez; el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, los comisarios José Villarejo, José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo y los policías Bonifacio Díez y José Ángel Fuentes Gago y el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, captado por la trama para acometer sus presuntos delitos. Esa trama consistió en convertir a la cúpula de Interior y de la Policía en una rama del PP orientada a impedir la posible crisis del Gobierno de Rajoy como resultado de documentos con potencial destructivo para la organización. Kitchen es la pieza número siete de las casi treinta del puzle Villarejo. La sección tercera de lo Penal tenía que pronunciarse sobre 13 recursos de apelación presentados por la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones populares y las defensas de los imputados en septiembre de 2021 contra el auto de cierre de la investigación dictado por el juez el 29 de julio de 2021. El fallo informático Sin embargo, esos recursos no llegaron a la sala. Luego el magistrado encargado por sorteo, Juan Carlos Campo, exministro de Justicia reincorporado a su carrera, tuvo que abstenerse y, finalmente, un presunto fallo informático volvió a retrasar la resolución de los mismos. El pasado 18 de marzo se fijó fecha de deliberación y votación. La magistrada Ana María Rubio ha sido la magistrada ponente. La Fiscalía Anticorrupción presentó un recurso en el que cuestionaba el cierre “sorpresivo” y “en falso” de la instrucción del juez García Castellón. Los fiscales querían prorrogar la instrucción porque estimaban que los indicios contra Cospedal y López del Hierro debían someterse a una mayor investigación. Reconocían que del interés acreditado de ambos por la operación Kitchen no se podía concluir con mantener su imputación. “De este interés al conocimiento y patrocinio político de la operación Kitchen hay, efectivamente, un trecho que no está indiciariamente soportado con la rotundidad que reflejan los indicios obtenidos acerca de la trama policial y en el ámbito del Ministerio del Interior”, apuntaban. Una línea "inaceptable" Y a continuación, caracterizaban lo que creían era el punto de vista del juez García Castellón: “Pero lo que parece es que ese paso no se quiere dar, hay una rotunda negativa en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación”. Es raro encontrar en un informe del Ministerio Fiscal un reproche tan claro y meridiano del juez instructor. La sección tercera de lo Penal ha dado múltiples muestras de que no considera el sistema de instrucción del juez García Castellón un modelo a seguir, mediante resoluciones que han tumbado una gran parte de sus autos al admitir las apelaciones. En este caso, la ponente desarrolla un análisis minucioso de todos los puntos del escrito de 90 páginas de la Fiscalía Anticorrupción. Y su conclusión de las pruebas difiere de los fiscales. Considera, por ejemplo, que una conversación aportada entre los policías (Villarejo, Olivera, Adrián de la Joya) donde se refieren a 'Cospe' (María Dolores de Cospedal) y López del Hierro “no es un signo inequívoco de la participación de María Dolores de Cospedal y de Ignacio López del Hierro en los hechos investigados”- Señalan que las anotaciones y mensajes aportados tampoco son “suficientes indicios toda vez que quedan debilitados por los testimonios de los investigados…”. Operación de Estado Los 13 recursos presentados han sido desestimados. Ahora el juez García Castellón tendrá que ofrecer a todas las partes la posibilidad de presentar sus escritos de acusación para dictar el auto de apertura del juicio oral. La instrucción de Kitchen comenzó con un atestado policial el 30 de octubre de 2018 y la incoación de diligencias de investigación tuvo lugar el 7 de noviembre de 2018. Tres años y medio de instrucción hasta que el juez dictó su auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado (equivalente al auto de procesamiento en el procedimiento ordinario) el 29 de julio de 2021 ha sido considerado por la sección tercera de lo Penal como suficientes para la instrucción. Aunque la dilación en la resolución de los recursos apuntada ha contribuido a difuminar el caso -lo que sucede con los procedimientos penales que duran largos años hasta el juicio oral-, tanto por los altos cargos que se sentarán en el banquillo como por los delitos, se trata de una de las operaciones de Estado más espectaculares de la historia política y penal reciente. "El de la seccion tercera es un auto (como los malos libros policiacos) construido al revés… el sobreseimiento condiciona toda la argumentación del auto" señala una abogada penalista consultada. "No puedes plantear el cierre de la investigación sin la práctica de pruebas imprescindibles y la argumentación es parcial. "No solo hace una valoración de la prueba practicada escorada al sobreseimiento sino que anticipa lo que serían el resto de pruebas no practicadas también en un adelanto de lo que sería su práctica" advierte.

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