Sánchez y Feijóo se abocan a renovar el CGPJ nueve años después de Rajoy y Rubalcaba

Esta semana –el 4 de abril–, se han cumplido ocho años y cuatro meses desde que Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba pactaron y procedieron, en diciembre de 2013, después de varios meses de negociación, a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el flamante líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se abocan a partir de su encuentro de este jueves, 7 de abril, a una renovación bloqueada por el PP desde su caducidad, el 4 de diciembre de 2018, hace ahora 3 años y cuatro meses. Entre su disposición a sellar pactos de Estado anunciados por Feijóo no figura por su nombre apellido el del Poder Judicial. Pero todas las fuentes consultadas dan por hecho que resulta indudable que si por algún pacto de Estado hay que empezar, es por el CGPJ, cuya parálisis es una demostración palmaria de la anormalidad constitucional de la vida política española. Una anormalidad que ha sido utilizada como arma arrojadiza en la contienda partidista. Pistoletazo de salida “La idea es que del encuentro de La Moncloa salga el pistoletazo de salida de la negociación entre Sánchez y Feijóo y que en el mes de mayo tengamos a los nuevos vocales reunidos para elegir al nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial”, dijo ayer una fuente del sector progresista de la magistratura a EL PERIÓDICO. Aunque Feijóo no ha hablado de la renovación del CGPJ, ha hecho alusión a la crisis que se vive en el Tribunal Supremo con el 20% de plazas vacantes en este órgano judicial. Y lo va a haber en el Tribunal Constitucional en los próximos dos meses –en el mes de junio– porque habrá que nombrar a cuatro nuevos magistrados sustituir a un quinto por enfermedad. “Lo primero que tiene que sacar adelante Feijóo es la renovación de los órganos constitucionales. Porque es una mercancía que apesta. Porque son tres años y cuatro meses, sí. Pero es que es más grave. Es el CGPJ del 2013. Es que se dice pronto: son casi nueve años. ¿A quién representa? Y no creo que el TC se tolere lo que ha pasado en el CGPJ”, dice un magistrado adscrito al sector conservador. Porque la elección de los magistrados del TC podría ser resuelta sin renovar al CGPJ. Dos magistrados son elegidos por el Gobierno y otros dos por el CGPJ. Recursos pendientes Con aquellos designados por el Gobierno no hay problema. Pero la ley orgánica de 2021, instada por la mayoría gubernamental, prohíbe al CGPJ caducado hacer nombramientos. Y el TC tiene que pronunciarse sobre dos recursos de inconstitucionalidad contra ella, uno del PP y otro del partido ultraderechista Vox. Y el TC podría admitir parcialmente esos recursos y declarar que una ley no puede estar por encima de la Constitución, que exige la renovación de sus órganos en plazo. Y, por tanto, se autorizaría al CGPJ a nombrar los dos candidatos que le corresponde. Pero, ¿para qué apelar a este último recurso si es posible renovar ahora –antes del vencimiento de los mandatos en el TC– el CGPJ y normalizar la situación? Estrategia de bloqueo La estrategia de bloqueo ha provocado una precariedad en la composición de las salas. “No puede ser. Es que se pone uno malo en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y tenemos que suspender las deliberaciones. Y están los Tribunales Superiores de Justicia, cuyos mandatos han sido prorrogados. Solamente en el Supremo, según había advertido reiteradamente ya la Sala de Gobierno, se van a dictar mil sentencias menos al año. Ahora tenemos un consejo cuyos miembros miran el periódico todos los días y buscan la noticia: vamos a durar un mes más o no”, dice otra fuente consultada. Las negociaciones PSOE-PP que encallaron para renovar el CGPJ fueron protagonizadas a dos bandas. Por un lado, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, mantenía un canal de comunicación –por el conocimiento entre ambos– con Enrique López, secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP desde enero de 2020. Por el otro, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, pergeñaba el pacto con Félix Bolaños, secretario general de la presidencia del Gobierno primero y ministro de la Presidencia, desde julio de 2021. ¿Qué pasará con Enrique López? De momento, tras ponerse a disposición de Feijóo y de estimar el pasado jueves 31 de marzo que el nombramiento de Cuca Gamarra como secretaria general del PP iba “en la buena dirección”, Enrique López no aparece en los nombramientos de Feijóo. Para el Comité de Derechos y Garantías ha nombrado a José Antonio Monago. Algunas fuentes consultadas señalan que el nuevo líder del PP puede necesitar a López precisamente por su presencia en las negociaciones de renovación del CGPJ durante la etapa Casado-Egea. Pero según otras consultadas por EL PERIÓDICO, la situación de López está –al menos públicamente– pendiente de definir. Los asesores de Feijóo “Feijóo tiene un grupo de personas con las cuales consulta los temas de justicia. Con algunos directamente y con otros de manera indirecta. Están Manuel Almenar, preside sección primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra, es desde 2015 presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y aspira a una plaza en la Sala Primera del Tribunal Supremo, o José María Gómez y Díaz-Castroverde, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, o José Antonio Ballestero, magistrado de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y vocal del actual CGPJ. Y no por último y menos importante está, asimismo, Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta de Galicia que probablemente suceda a Feijóo y que ha sido consejero de Presidencia y Justicia de la Xunta. Todo ello muestra que a Feijóo no le faltan asesores o personalidades con los cuales intercambiar opiniones en el mundo judicial”, señala otra fuente. Feijóo tendrá, asimismo, que “depurar” la lista de vocales que sus antecesores en la dirección del PP habían presentado en las negociaciones con el PSOE, lo que podrá también dar lugar a algunos cambios en aquellos propuestos por los socialistas, quizá incorporando algunos nombres de Unidas Podemos que se “cayeron” de alguna de las varias listas negociadas por vetos de los populares. El futuro presidente Y habrá que negociar quién presidirá el nuevo CGPJ. En este punto, fuentes políticas aseguran que si bien se pactará el nombre con una terna se dará a los vocales cierto margen para votar. No se repetirá la experiencia de Carlos Dívar, cuyo nombre se conoció antes de la elección en el Congreso de los vocales, ni la de Manuel Marchena, acordado por PSOE y PP en 2018 antes de ser elegidos los vocales y cuya presidencia se frustró por un whatsapp enviado por el portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó en el que se mostraba exultante con ceder la mayoría al PSOE porque el presidente compensaría con creces esa ventaja numérica. Con todo, ese margen en la elección del presidente también tuvo lugar en 2013. “Rajoy y Rubalcaba acordaron el nombre de Carlos Lesmes. Pero no se sabía hasta el último minuto. Sonaban Lesmes, Marchena y Gonzalo Moliner. Los vocales no lo sabían. Cuando tomaron posesión en el Palacio de la Zarzuela, Juan Carlos I, con muletas, apartó al ministro Alberto Ruiz-Gallardón y preguntó en un corrillo: "¿Quién será presidente?" No lo sabíamos. Y además Rubalcaba tampoco lo dijo con total claridad. Nos trasmitió una clave: el nombre del candidato del consenso saldrá de los labios de la vocal más joven en la reunión del consejo, que es a quien toca primero el turno de palabra", recordó un vocal de 2013. Y en efecto así fue.

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En su encuentro de este jueves, ambos líderes se meten en la recta final del pacto para poner fin en mayo al anticonstitucional bloqueo de las instituciones

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