¿Por qué Anticorrupción y la Fiscalía Europea se disputan el caso Ayuso?

El contrato firmado por la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet Sportive para la compra de mascarillas en plena pandemia por un importe de 1.512.500 euros, de los que el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cobró 55.000 por su intermediación, se ha convertido en el primer caso en el que conoce que se ha producido un conflicto de competencias entre la flamante Fiscalía Europea, creada en junio del año pasado, y la especializada en España en delitos de corrupción. Ambas reclaman para sí la investigación, lo que ha supuesto un cruce de escritos entre ambas que no ha frenado el decreto de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que respaldó el lunes pasado a Anticorrupción, lo que en la práctica supuso que las dos desarrollen en paralelo sus propias pesquisas. 1 ¿Son distintas las diligencias de la Fiscalía Europea y las de Anticorrupción? Sí. La Fiscalía Europea instruye directamente, como ocurre en todos los países salvo prácticamente en España, donde lo hacen los jueces. Así mientras el equipo de fiscales de la delegación española en Europa que encabeza Concepción Sabadell ha comenzado la investigación penal del contrato denunciado por la oposición madrileña, Anticorrupción practica diligencias para determinar si hay indicios suficientes de delito como para presentar una querella o denuncia en un juzgado, lo que supondría la judicialización de las actuaciones. 2 ¿Está el contrato en la Audiencia Nacional? El contrato ya está en la Audiencia Nacional por las diligencias abiertas por la Fiscalía Europea, que como instruye directamente, se ha dirigido a la Audiencia Nacional para que un juez vele por las garantías del proceso que sigue. Le ha correspondido por reparto al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Alejandro Abascal. No es equiparable a la judicialización del procedimiento que se produce cuando se presenta una denuncia ante un juzgado y que obliga a archivar las diligencias fiscales. La oposición madrileña presentó sus denuncias en Anticorrupción, por lo que aún no se ha producido la apertura de un proceso penal. 3 ¿Cómo se decide la competencia de una y otra fiscalía? La competencia entre las dos fiscalías viene determinada por los delitos en los que se pueda enmarcar el contrato investigado. La Fiscalía Europea nace para perseguir el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea y es competente para investigar los delitos contra la Hacienda de la Unión Europea, y el cohecho y la malversación cuando perjudiquen o puedan perjudicar a los intereses financieros de la Unión. Anticorrupción se resiste a archivar sus diligencias, porque considera que no existe malversación ni fraude a la Hacienda Europea ni cohecho, sino, en su caso, tráfico de influencias o falsedad en documento, delitos relacionados con la corrupción que afectan a intereses nacionales. Argumenta que lo que pretende aclarar es "si un funcionario contrató con una empresa determinada inducido por su superior; si un particular obtuvo de una empresa una remuneración indebida a cambio de ejercer influencias sobre un funcionario público, o si un particular pudo emitir a un empresa una factura con datos inveraces respecto de la causa o cuantía de tal remuneración". 4 ¿Quién decide qué ocurre en caso de conflicto? Para entender el conflicto suscitado hay que tener en la cabeza dos circunstancias. Una es que la Fiscalía Europea prácticamente empieza ahora su andadura y está perfilando su ámbito de actuación, a través de los procedimientos que inicia. La otra es que gran parte del gasto público procede de fondos europeos, de tal forma que si todo delito relacionado con estos fuera competencia de la primera, Anticorrupción vería seriamente mermadas las causas en las que representa al ministerio público. La ley que regula las relaciones entre ambas fiscalías determina que los conflictos competenciales que se produzcan deben ser resueltos por la autoridad nacional, que en este caso sería la Fiscalía General del Estado. Como obviamente no puede obligar a la europea a cerrar sus pesquisas, en el decreto en el que refrenda la posición de Anticorrupción se ampara en la distinta naturaleza de los delitos competencia de cada fiscalía para permitir que haya una doble investigación. Su decreto no ha convencido a la Fiscalía Europea que en un comunicado muy duro reiteró la necesidad de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que el portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Christian Wigand, refrendó este viernes.