Guerra en Madrid por la acogida de ucranianos

El pasado viernes volvía ya con 36 refugiados ucranianos a bordo un autobús fletado por el Atlético de Madrid, y nadie fuera del club podía apostar si la comitiva pasaría primero por el centro de acogida del Estado en Pozuelo de Alarcón o se sometería antes a controles médicos e inscripción en el Hospital Isabel Zendal de la Comunidad de Madrid. En vano trataban los fotógrafos de averiguarlo. Así están las cosas en la única comunidad autónoma en la que los más de 4.000 refugiados de Ucrania inscritos tienen dos sitios donde recibir acogida y hacer trámites, en vez de uno solo. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha unificado sus servicios con los del Gobierno de España, y el roce aún provoca chispazos políticos. Al final el bus del Atleti fue en primer lugar… al estadio Wanda Metropolitano. Un emocionado Enrique Cerezo, el presidente, entregó a cada niño de la expedición una camiseta del club con el 10 y su eslavo nombre a la espalda. Un vídeo promocional de la Fundación Atlético de Madrid no muestra ni el Zendal ni Pozuelo, ha sido editado solo con imágenes de la recepción en el estadio, y también en la calle, entre abrazos y lágrimas. Batalla de protocolos Los huidos de la tremenda guerra de Ucrania llegan a una ciudad donde se libra otra guerra, esta chusca y menor, en el que un gobierno autonómico disputa al central el rédito mediático de su acogida. El 11 de marzo, los ministerios de Inclusión y Seguridad Social e Interior –con colaboración de las oenegés Accem y World Central Kitchen- habilitaban un centro de acogida en el complejo CREADE de Pozuelo. Allí los refugiados –en su mayoría mujeres, ancianos y niños- pasan sus primeras noches si lo precisan y reciben la Protección Temporal, un número de la Seguridad Social, filiación policial, permiso de trabajo, ayuda psicológica… Incluso el café y los dulces, o unas albóndigas de pollo con arroz, que les preparan los cocineros del chef José Andrés. El de Pozuelo es uno de los cuatro puntos que Inclusión ha previsto para recibir y derivar refugiados, como el de la Fira de Barcelona –con ayuda de la Generalitat y el Ajuntament-, el de la Ciudad de la Luz de Alicante –con el Consell valenciano-, o el de la antigua Feria de Málaga que abrirá el 1 de abril con colaboración de la Junta de Andalucía. Explicó públicamente el plan el ministro José Luis Escrivá el 15 de marzo. Y 24 horas después la presidenta madrileña presidía la primera reunión de un recién creado Comité de Crisis de Ucrania. Madrid informó ese día de un Protocolo de Actuación Inmediata, destacando que “se han puesto a disposición del Estado 1.537 camas hospitalarias”… en el Isabel Zendal, el famoso “hospital de pandemias” construido en tiempo récord bajo los rigores del coronavirus. "Ahora estamos a atender a personas desplazadas a través del Zendal. Aléjese de él, por favor, que estamos trabajando", le espetó el 17 de marzo Ayuso en la Asamblea de Madrid a Mónica García, doctora anestesista y diputada de Más Madrid, en quien la presidenta madrileña identifica a toda su enconada oposición de izquierda. Transcurridos once días de hostilidades, se irritaba la trabajadora social Isabel G.: “¡Es que los refugiados no necesitan ser internados en un hospital, necesitan casas normales!” A esta veterana colaboradora de una de las 19 oenegés que colaboran con el Ministerio de Inclusión le da lo mismo si, después de la polémica por la construcción de la enorme clínica en el barrio de Valdebebas, hay que darle ahora utilidad a los 170 millones que costó. Goteo de necesitados El pasado viernes, bajo un sirimiri gélido, un lento goteo de ucranianos llegaba al hospital Zendal por la larga acera de la avenida Manuel Fraga Iribarne que lo bordea. Venían en parejas o en pequeños grupos, acompañados por compatriotas ya instalados o por algún amigo español. Pero era escasa la actividad en la entrada, entre cintas de plástico y conos de obra, donde una bandera roja de estrellas blancas preside un cartel que dice en caracteres cirílicos y latinos: Oficina de Atención y Ayuda a Ciudadanos Ucranianos. Ese es el principal punto dispuesto por la Comunidad de Madrid para que los refugiados se alisten en el Registro Único de Desplazados de Ucrania de la región. “Será necesario inscribirse en él si los desplazados desean acceder a alguno de los servicios ofrecidos por las diferentes consejerías”, dijo una nota pública del gobierno madrileño el pasado 16. Y ese “será necesario” motivó el contraataque del Gobierno central. El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, requirió por escrito al ejecutivo de Ayuso que explique la obligatoriedad de la medida. El día 18, en una carta hecha pública por la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Enrique López, aseguró que “no se trata de un registro constitutivo para acceder” a los servicios. Y en un gesto inédito, el ministro Escrivá celebró en Twitter: “la Comunidad de Madrid rectifica”. Me tranquiliza ver que la Com. de Madrid rectifica tras la carta del secretario de Estado y ya no exige (👈) inscribirse en un registro adicional a los refugiados ucranianos para acceder a servicios que ya les otorga la protección temporal, a diferencia de lo comunicado (👉) pic.twitter.com/rwhDNY9fdA — José Luis Escrivá (@joseluisescriva) 18 de marzo de 2022 “La colaboración con las comunidades autónomas está siendo extraordinaria, aunque existe alguna excepción puntual –admiten fuentes del Ministerio de Inclusión al comentar el dispositivo de acogida-. Con Madrid hemos tenido un roce porque publicaron que los refugiados tenían que hacer un trámite adicional para acceder a servicios que con la protección temporal ya tienen garantizados”. Y no abundan más en la polémica. Es que el asunto es delicado. La activista Isabel G. pide que no se publique la ONG con la que trabaja, “por no molestar a nadie”. Tampoco quiere incomodar uno de los conductores recién llegado de Polonia en el convoy de 33 taxis de alta capacidad que fueron con ayuda y volvieron con 150 refugiados. Fueron al Zendal, pero no al comienzo: “Llegamos de noche a la parroquia de San Antón; ya era tarde”. Allí les esperaba el padre Ángel, líder de la ONG Mensajeros de la Paz. “Fue la mejor carrera de nuestras vidas; quédate con eso. Lo demás son tontás”, sentencia el taxista, cerrando el paso a cualquier polémica. Por su lado, este sábado comentó Isabel Díaz Ayuso por última vez las gestiones de acogida de su región: “Ya tenemos más de 1.000 niños escolarizados, 1.200 documentos de asistencia sanitaria y casi 2.000 atenciones en el 900 y en la oficina de Atención y Ayuda”, escribió en Twitter sobre una foto en la que mira encantada a unos nenes ucranianos. La foto era republicada: fue tomada el día 15, cuando los trajo un avión del Ejército del Aire para que los traten de cáncer en el Hospital Niño Jesús de Madrid. 🇺🇦 Crisis de Ucrania: En @ComunidadMadrid ya tenemos más de 1.000 niños escolarizados, 1.200 documentos de asistencia sanitaria y casi 2.000 atenciones en el 900 y en la oficina de Atención y Ayuda. Y todo, rodeado de maravillosos testimonios de solidaridad y agradecimiento. pic.twitter.com/Dhl6SCGXR0 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 26 de marzo de 2022 El 19 de marzo parecía ya llegado el cese de hostilidades entre Madrid y España: Telemadrid, la emisora pública madrileña, aclaraba en un reportaje titulado “Hospital Isabel Zendal, la puerta de entrada de refugiados a Madrid” que los recién llegados “en primer lugar, deberán contactar con el centro de recepción, acogida y derivación del Ejecutivo central ubicado en Pozuelo”, y “en segunda instancia, los afectados pueden acudir al Hospital público Enfermera Isabel Zendal donde se les realizará una revisión médica voluntaria” Pero comienza esta semana y Madrid no va a renunciar a su fichero de ucranianos, creado para "reducir la burocracia", dijo el consejero López. Lo necesitan para, "en un único trámite", dar "sanidad, educación, políticas activas de empleo servicios sociales, transporte público..." De momento es solo probable que por fin médicos del Servicio Madrileño de Salud presten servicio a los ucranianos en Pozuelo, como en Barcelona y Alicante hacen las comunidades catalana y valenciana. Será tras quince días en los que, a falta de personal local, el Gobierno ha tirado de facultativos del INSS mientras, a 6 kilómetros, la Comunidad movilizaba a sus sanitarios en el hospital de pandemias.

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