La presidenta del Parlament, Laura Borràs, no tiene intención de renunciar al cargo cuando se le abra juicio oral por el presunto fraccionamiento de contratos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La jefa de la Cámara catalana presiona a ERC y CUP para que se pongan de su lado y sorteen la aplicación del artículo 25.4 del reglamento, que establece que debe ser suspendida temporalmente cuando tenga fecha para la vista, al estar acusada de delitos vinculados a la corrupción como son los aquellos que se le achacan: prevaricación, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y malversación por favorecer presuntamente a un amigo al trocear 18 contratos menores.