El jefe de la Inspección abrió informe a "dos fiscales" y solo 'investigó' a Ignacio Stampa

Las huellas de la operación irregular contra el fiscal Ignacio Stampa, responsable junto con su compañero Miguel Serrano de la investigación de las treinta piezas del 'caso Tándem-Villarejo', también han quedado marcadas en un órgano clave del Ministerio Fiscal: la Inspección Fiscal integrada en la Fiscalía General del Estado. El fiscal jefe de la Inspección Fiscal en 2020 hasta su jubilación el 6 de julio de 2021, Fausto Cartagena, abrió un expediente de información previa para verificar si los dos fiscales habían incurrido en infracciones de revelación de datos, un procedimiento que solo continuó contra Stampa hasta su archivo el 22 de marzo de 2021. Cartagena, asimismo, tuvo participación a iniciativa de la fiscala general del Estado, Dolores Delgado, y del fiscal jefe de la secretaría técnica, Álvaro García, en una reunión celebrada en diciembre de 2020, en el despacho de la FGE, junto con el fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, jefe entonces del teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría, instructor de las diligencias penales contra Stampa que propuso archivarlas dos veces en octubre de 2020. El fiscal se negó a seguir haciendo diligencias como se le “sugería” por Álvaro García. Decreto de avocación En la citada reunión se intentó disuadir a Caballero Klink de su idea de redactar un decreto de avocación de la instrucción del caso a sí mismo, decisión que implicaba reglamentariamente informar de ello al Consejo Fiscal, órgano asesor de la FGE. La presencia de Cartagena pretendía dotar de autoridad, en su calidad de fiscal jefe de la Inspección Fiscal, a la iniciativa de que Caballero Klink asumiese la instrucción sin decretar la avocación. Y “ahorrarse” así la explicación al Consejo Fiscal. Pero Caballero Klink no aceptó la propuesta. La participación de Cartagena en una reunión para analizar la situación del desenlace del procedimiento penal, según fuentes judiciales consultadas, supuso violar la separación entre su función inspectora y las diligencias de carácter penal. Expedientes Se da la circunstancia, además, de que antes del inicio de ese procedimiento penal abierto tras enviar la Secretaría Técnica el 8 de julio de 2020 una denuncia de Vox a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Cartagena había abierto tres expedientes gubernativos para responder a denuncias contra Stampa y los había archivado por carecer de fundamento sobre posibles irregularidades. Sin embargo, después de las citadas decisiones de archivar, Cartagena incoa un expediente de información previa por si existían motivos para abrir un expediente disciplinario. El 30 de junio de 2020 (ver documento) Cartagena firmó un decreto en el que se señalaba: “Ante las noticias aparecidas los últimos días en los medios de comunicación sobre una posible actuación de dos fiscales de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en relación con una supuesta facilitación de datos de un procedimiento penal en los que dichos fiscales se encuentran encargados de la investigación que se realiza en sede judicial, con la finalidad de esclarecer los hechos que profusamente recogen aquellos medios, se acuerda la incoación de una información previa a fin de constatar y delimitar lo expuesto ante el cometido legalmente asignado a la Inspección Fiscal”. En este contexto, el 7 de junio de 2020, el partido ultraderechista Vox presenta su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción con recortes de prensa sobre filtración de datos de las investigaciones, denuncia que esa fiscalía reenvía a la Secretaría Técnica. Y, como se ha apuntado, el 8 de julio de 2020, Álvaro García cursa la denuncia a la fiscalía del TSJM con la mención de que se investigue a Stampa. La Inspección Fiscal es un órgano cuyas funciones inspectoras, gubernativas y de apoyo al Consejo Fiscal, exigen independencia e imparcialidad. ¿Para que sirvió su actuación en el 'caso Stampa'? ¿Comprobó Cartagena si se cumplían las normas estatutarias de abstención de la fiscala general del Estado habida cuenta de que incluso en alguna de las denuncias se le proponía a la Inspección incorporar una denuncia del abogado Baltasar Garzón en los juzgados de Plaza de Castilla contra la filtración de un audio con Villarejo -la grabación en el restaurante madrileño Rianxo de 2009- en el que oían las voces tanto del entonces magistrado Garzón como de la entonces fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado? Prejudicialidad penal Cartagena, tras la incoación de las diligencias penales a partir de mediados de junio en la fiscalía del TSJM, interrumpió la información previa que había decretado el 30 de junio por prejudicialidad penal. Pero esa prejudicialidad penal no le impidió tener acceso a todo el expediente de las diligencias de la fiscalía del TSJM cuando Álvaro García lo solicitó al fiscal superior Caballero Klink, quien, además, le entregó el original. Y, como se ha apuntado, tuvo participación en al menos una de las reuniones en el despacho de la fiscala general del Estado, con su secretario técnico y el fiscal superior de Madrid. El 16 de febrero de 2021, Caballero Klink firmó el decreto de archivo no sin antes añadir al final del original la última “sugerencia” de García de que se enviaba el decreto a la Inspección General por si pudiese tener entidad disciplinaria marzo de 2021. Fausto Cartagena estampó su firma en el archivo provisional de su información previa 11/20 del 30 junio de 2020, sin consecuencias disciplinarias, y cursó copia a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para que le diera traslado a Ignacio Stampa. ¿Y Serrano? Ya se había caído.

El jefe de la Inspección abrió informe a "dos fiscales" y solo 'investigó' a Ignacio Stampa

Fausto Cartagena, fiscal jefe de la Inspección Fiscal, intervino en una reunión al menos con el instructor final de las diligencias penales cuando le estaba prohibido hacerlo

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