Catalunya ha registrado la llegada de 11.500 refugiados provenientes de Ucrania, de los que 9.500 ya han recibido un techo donde cobijarse y 763 niños han sido escolarizados. La intención del Govern, según ha desvelado su portavoz, Patrícia Plaja, tras la reunión del Executiu con los grupos parlamentarios catalanes (todos, salvo Vox), es que "no se eternicen" estos refugios "más allá de las primeras semanas".
La Creu Roja tiene bajo ocupación 4.053 plazas, a las que hay que sumar las que han gestionado los ayuntamientos, que alcanzan otras 5.494. Eso posibilita que 9.547 personas se hallen ahora ubicadas en la red pública y familiar. El diferencial hasta esos 11.500 registros de llegada cabe atribuirse, apuntó Plaja, a aquellas personas que, pese dar los datos en Catalunya, por ser la comunidad española donde ponían pie, se han trasladado a otras comunidad.
Tras el encuentro con las fuerzas políticas catalanas, el Govern valoró positivamente "el tono y el contenido" aportado por los partidos, lo que movió a Pere Aragonès a prometer nuevas reuniones de este foro. El 'president' trasladó las iniciativas del Executiu desde el estallido de la guerra y, al tiempo, escuchó las aportaciones de las formaciones. Aragonès solicitó que le hicieran llegar sus propuestas a fin de "tenerlas en cuenta" y trabajar coordinadamente. Se comprometió a repetir esta reunión, sin detallar plazos, y prometió una "comunicación fluida".
Aragonès expuso las medidas para gestionar la acogida de refugiados y atención psicológica. El Govern hará especial hincapié en evitar que los menores que llegan sin tutores legales, como también mujeres con hijos, "no caigan en las redes de tráfico de personas o tráfico sexual".
En cuanto al impacto económico y energético, Aragonès remarcó que esta crisis no debe frenar la transformación hacia las energías renovables, "sino que debe servir para garantizar mejores precios y suficiencia energética", dijo Plaja.
Compromiso institucional
La oposición en bloque agradeció el gesto. El líder del PSC, Salvador Illa, blandió la capacidad de diálogo ante una guerra con consecuencias todavía difíciles de apreciar y pidió que prosiga la colaboración entre la Generalitat, el Gobierno y las instituciones europeas, en pro de la cooperación y no de la competición. Tendió la mano a Aragonès para aplacar los estragos de esta crisis y para atender la llegada de refugiados, y expresó su "margen de confianza" al Govern.
Los 'comuns', por su parte, acudieron con 10 propuestas entre las que destacan una reforma fiscal de emergencia para aumentar el 33% del impuesto a las eléctricas, más ayudas directas a familias y empresas, bajar el precio del transporte público al dispararse el precio de los carburantes y un cheque universal de 300 euros para ayudar a pagar la factura eléctrica. "Para gobernar, hay que acordar", subrayó Jéssica Albiach. La petición de la CUP fue que se hagan extensibles todas las medidas a todos los que piden asilo por exilio forzado procedentes de otros países más allá de Ucrania.
Desde Ciutadans, Carlos Carrizosa, animó a hacer "todo lo posible" para acoger a los refugiados y que se vigile a las mafias, al tiempo que exigió al Govern "lealtad institucional" respecto al Gobierno y a los ayuntamientos para proteger los intereses económicos. En nombre del PPC, Lorena Roldán, dijo haber echado en falta aliviar la presión fiscal y reclamó al Govern que deje la política de silla vacía y el "comportamiento infantil", pese a que Aragonès sí asistió a la última conferencia de presidentes en la isla de La Palma.
ERC y Junts sacaron pecho de las acciones llevadas a cabo desde el Govern, pese a que los posconvergentes fueron más exigentes con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, reclamándole que "no se ponga de perfil" y cargando contra la "centralización".