Guardia Civil y Policía reúnen información sobre activos de millonarios rusos en España

Agentes de unidades de Información de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, con la colaboración del Servicio de Vigilancia Aduanera, llevan diez días reuniendo datos disponibles y adquiriendo referencias nuevas sobre bienes e intereses en España de ciudadanos rusos relacionados o colaboradores del régimen de Vladimir Putin, confirman a este diario fuentes policiales. Desde la media noche de este lunes, como ha adelantado Diario de Mallorca, agentes de la Guardia Civil custodian en la marina de Port Adriano (Santa Ponsa, Mallorca) al yate de lujo Anastasia, propiedad del intermediario de la industria rusa de armamento y director general del conglomerado de tecnología militar Rostec Alexander Mejieev, inmovilizado por orden del Gobierno. Un tripulante ucraniano intentó hundir el barco el pasado 27 de febrero, como represalia por la invasión rusa de su país. Mejieev forma parte del círculo de amistades de Vladimir Putin. Desde la misma hora nocturna está inmovilizado en Palma el yate Tango, propiedad del oligarca Viktor Vekselberg, intervenido en este caso por agentes de Aduanas. Vekselberg, magnate del aluminio, es propietario del emporio industrial Rusal. Este lunes trascendió la inmovilización por parte de España del yate Valerie, que el magnate Serguei Chemezov, CEO de Rostec, tenía atracado en el Puerto de Barcelona. No será la única, según confirmó en la noche del mismo día Pedro Sánchez en una entrevista concedida a La Sexta. El trabajo policial prepara inmovilizaciones de activos al aplicarse el reglamento de la Unión Europea sobre medidas restrictivas contra ciertos oligarcas rusos y sus empresas, como las que ya han tenido lugar, el pasado sábado, en el puerto de Trieste, cuando la Guarda di Finanza italiana confiscó el enorme velero S Y 'A', del oligarca Andrei Melchinenko -magnate de los fertilizantes y del carbón- y en urbanizaciones de lujo de la Costa Azul francesa. Tres vías de información Las personas objetIvo de este trabajo policial de inteligencia son aquellas -empresarios, políticos y militares- cuyos nombres han sido incluidos en la lista europea de sancionados con la congelación de activos. O sea, según la primera orden emitida por el Consejo Europeo en 2014, tras la anexión rusa de Crimea, “personas físicas responsables de acciones que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania”. El listado, con cerca de un millar de filiaciones de personas y entidades rusas, engorda rápidamente desde el pasado 28 de febrero, dos días después de la invasión, con sucesivos añadidos de la UE. En la reunión de datos e informes participan los llamados "grupos de rusos" de ambos cuerpos policiales, especializados en delincuencia mafiosa del Este, que ponen al día anotaciones de investigaciones incluso ya concluidas, relatan las mismas fuentes. "Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas que figuren en el anexo…”, dice la orden europea de 2014, reforzada ahora con nueva vigencia por la agresión militar rusa contra Ucrania. Durante la pasada semana, la búsqueda policial de información se centró en tres sectores: el inmobiliario, el de los seguros y el de las consignatarias marítimas. En el caso del primero, la búsqueda de información se desarrolla especialmente en Catalunya, la Costa del Sol y la costa de la Comunitat Valenciana y tropieza como principal obstáculo con las sociedades pantalla que utilizan la totalidad de los millonarios investigados, en recorridos que terminan invariablemente en firmas domiciliadas en paraísos fiscales caribeños. El propio presidente del Gobierno advirtió en su entrevista de esta dificultad en las pesquisas. Buques ruso-caribeños La misma dificultad se encuentra la Administración en el caso de los yates, en su mayoría de banderas oportunistas. El Tango está matriculado en las Islas Vírgenes, y el Lady Anastasia en San Vicente y Granadinas. Es la misma bandera que lleva el Valerie, inmovilizado en Barcelona. Se está recurriendo a los manifiestos de los barcos -documento obligatorio que reseña la carga, tripulación y destino- y al rastreo del pago de servicios a consignatarias, encargadas de facilitar la logística y la burocracia del atraque en puerto. Las mismas fuentes policiales incluyen entre sus recorridos de investigación el rastreo de servicios prestados por firmas multinacionales del sector del yatching, o servicios a barcos de recreo, como la monegasca BWA, presente en Mónaco, Barcelona y Palma, y la más moderna Evolution, consignataria de la náutica de lujo en el Mediterráneo español. Por una de las líderes en servicios en puerto, el Grupo Dávila, ha preguntado la Guardia di Finanza italiana en el proceso de requisa temporal del enorme velero S Y 'A' (Sailing Yatch A), según las mismas fuentes. Hace un año, entre el 27 y el 31 de marzo de 2021, la empresa española dio servicio al A en aguas de Pontevedra tras un accidente leve con otro velero, este español. La consignataria tuvo que llevar adelante las gestiones ante el seguro del barco, después de que el velero español provocara al ruso desperfectos en un lateral del casco. Pero Dávila actuó como subcontratada, en este caso por la consignataria que llevaba en aguas españolas al velero, la firma BWA, que tiene parte de su sede operativa en Lugano (Suiza). La vía de los seguros se sigue como alternativa para hallar la pista con la que certificar la propiedad de bienes inmuebles y yates, motivada además por una "escasa colaboración" por parte de algunas consignatarias, pese a que el sector privado está obligado a informar a las autoridades -sin la obligatoriedad de un requerimiento previo- sobre este tipo de intereses, según ha establecido el reglamento europeo de sanciones. Todas las embarcaciones de recreo que naveguen por aguas españolas tienen la obligación de tener concertado un seguro de responsabilidad civil. Las marinas y puertos deportivos lo exigen para tener derecho de atraque. Obligación de informar En España, dos departamentos gubernamentales han de congelar los activos de los rusos señalados en la lista europea: el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Subdirección General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, dependiente del Ministerio de Economía Para esa secretaría trabajan también los policías y guardias civiles que prestan servicios al SEPBLAC (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales). Este organismo tiene ya amplia experiencia en la persecución de la financiación de organizaciones terroristas. Esa subdirección general del Ministerio de Economía ha de recibir información incluso de particulares, según establece la ley. En el caso de congelación de activos, empresas y ciudadanos tienen obligación de hacer cumplir la restricción y "la obligatoriedad de que la congelación o bloqueo realizado sean inmediatamente comunicados por escrito a la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales -dice la Ley de Prevención del Blanqueo, de 2010, y un Real Decreto del 5 de mayo de 2014- incluyendo en la comunicación todos los datos relativos al titular, la cuantía y naturaleza de los fondos o recursos económicos que se hubieran congelado o bloqueado y demás circunstancias concurrentes".

Guardia Civil y Policía reúnen información sobre activos de millonarios rusos en España

Se revisan propiedades, consignatarias marítimas y seguros

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