El pasado jueves 10 de marzo algo se rompió en nuestra democracia. Por primera vez en España, la ultraderecha populista se hacía con la presidencia de las Cortes de Castilla y León, la cuna del parlamentarismo español. Un partido político que lleva en su programa electoral acabar con el estado de las autonomías con esta redacción: "Transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división". "Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. Como paso previo: devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica". La contradicción política es tal que los reiterados incumplimientos de los programas electorales de otros partidos políticos se quedan en minucias. Pero la culpa no la tiene Vox, que no se esconde en sus planteamientos ni en su ideología nostálgica, excluyente y populista; la tiene el PP, que sin debate orgánico interno ha decidido vender su alma a aquellos que vienen a adelantarles por la extrema derecha.