La CUP presiona desde el Parlament para que el 'ecocidio' sea el quinto delito internacional

El 'ecocidio' se cuela en el Parlament. El término empleado para referirse al daño infligido de forma grave, consciente y duradera al medio ambiente entra en la agenda parlamentaria con el objetivo de empezar el periplo para que sea tipificado como delito en el Código Penal y se convierta en el quinto crimen internacional, a la cola del genocidio, los crímenes de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la CUP presentará una iniciativa para que “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente” sea penado. El plan es que la Mesa de la Cámara catalana tramite este escrito para que sea votado en el pleno del Parlament que, de aprobarse, pasaría la pelota a la Mesa del Congreso de los Diputados para que los grupos se posicionen sobre si se lleva a cabo una modificación del Código Penal para añadir el 'ecocidio' como delito. "Queremos que el Parlament sea quien tome la iniciativa para hacerlo efectivo", apunta el diputado cupero Dani Cornellà en declaraciones a este diario. "El 'ecocidio' debe ser un delito muy grave ante el que se debe responder con prisión permanente revisable, en función de la afectación, para que se repare con indemnizaciones a las víctimas -como mínimo, el equivalente a los beneficios obtenidos por el daño- y con la restauración en el medio natural", remacha. La CUP también presiona para que España se una a Vanuatu y las Maldivas, que ya exhibieron su apoyo a que la Corte Penal Internacional (CPI) incluya el 'ecocidio' como crimen, una opción que Bélgica, Finlandia y Francia también ven con buenos ojos. Unidas Podemos impulsó una proposición no de ley en la comisión de transición ecológica en esta dirección y Junts lideró otra en la comisión de asuntos exteriores del Congreso. El Estatuto de Roma "La vía civil queda rápidamente agotada con el pago de multas, pero lo que se requiere es que sea un delito penal, con enjuiciamiento criminal", apunta la directora de la campaña Stop Ecocidio en España, Maite Mompó. "Uno de los grandes alicientes para que este delito se juzgue en la CPI es que, como juzga a individuos, puede sentar en el banquillo de los acusados a aquellos que toman las decisiones en las compañías que dañan el medio ambiente”, añade. Mompó subraya que tipificar el ‘ecocidio’ como delito ya es en sí una medida disuasoria. La meta es reformular el documento fundacional de la CPI, el Estatuto de Roma, para que los dirigentes de los países y las empresas públicas o privadas (sus directivos o accionistas) puedan ser condenados, reconociendo así que el daño al medio ambiente es un “delito flagrante contra todos” con derivadas socioeconómicas, “más allá de los aspectos puramente ambientales”. Para reformar el Estatuto de Roma se requiere del apoyo de dos tercios de los Estados (hay 123 en total) y la ratificación posterior en cada país. Europa y España El Parlamento Europeo ya se ha posicionado sobre este asunto. En dos informes, uno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y otro de la de Exteriores, publicados en marzo y abril de 2021, se “anima” a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que adopten una “iniciativa audaz” para “luchar contra la impunidad de los autores de delitos medio ambientales a escala mundial y allanar el camino en el seno de la CPI hacia nuevas negociaciones entre las partes con vistas a reconocer el ‘ecocidio’ como un delito internacional en el marco del Estatuto de Roma”. La posición del Gobierno de España se conoce a través de una respuesta escrita a una preguntada firmada por una diputada de Más País. “Es indudable que la naturaleza es un bien jurídico que merece la máxima protección de la comunidad internacional […] Por otra parte, la universalidad de la CPI debe constituir asimismo una prioridad fundamental”, opina el Gobierno, fijándose en que tiene que haber “un apoyo muy extendido de los Estados parte” porque, de otro modo, “esto redundaría en una fragmentación del derecho penal competencia de la CPI, y podría suponer incluso un debilitamiento de la misma”. “Estamos envueltos en una crisis ambiental sin precedentes, con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación masiva. Y esto hay que cortarlo con leyes y hay que hacerlo ya”, zanja Mompó.

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