No fue Pedro Sánchez quien desterró al rey Juan Carlos a Abu Dabi

El 5 de enero de 2022, al cumplir 84 años, Juan Carlos I escribió un mensaje de respuesta a una felicitación personal en Madrid que indagaba sobre su estado. “Bien. Esperando que a doña Dolores se le ocurra cerrar el caso”, contestó, refiriéndose a la fiscala general del Estado, Dolores Delgado. Al tiempo, una campaña de medios afines al rey emérito, en algunos casos de quiénes habían publicado, basándose en la promesa de la propia fiscal general el 5 de octubre de 2021, que las diligencias sería archivadas en pocas semanas, acusó a Dolores Delgado de retrasar maliciosamente la autorización de los decretos de archivo. La realidad: los inspectores de la Organización Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), el organismo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que prestaba auxilio a la Fiscalía del Tribunal en el examen de las dos regularizaciones presentadas por Juan Carlos I por valor total de 5.074.295,68 euros, todavía, según informó este periódico, repasaba el trabajo de “afinación” de las mismas. Según se lee en el punto decimoséptimo del decreto firmado por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, donde se delimita la investigación, los inspectores elaboraron los últimos dos informes sobre las citadas regularizaciones con fecha 19 de enero de 2022. Con estos trabajos finales, los fiscales completaron su propio informe sobre el archivo de las diligencias en los siguientes cuarenta días, hasta el 2 de marzo de 2022. Reacción exprés La prisa que parecía exhibir Juan Carlos I también se ha manifestado en la celeridad con que ha reaccionado ante el archivo. El sábado 5, tres días después de conocerse los decretos, envió una carta a su hijo, el rey Felipe VI. Pero en ella ya no hay prisa. Juan Carlos I y Felipe VI -la carta fue difundida por la Casa de su Majestad el Rey- han decidido tomarse el retorno con prudencia. “Conocidos los decretos de la Fiscalía General del Estado por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata”, señala el rey emérito. “Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente en este periodo de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España…” prosigue. “Tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado…”, advierte. Segunda contrición Juan Carlos I no repite las palabras tras su safari de Botswana, en abril de 2012, pero se muestra comprensivo con su necesidad de mantener distancia respecto a Felipe VI. “Soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada y que lamento sinceramente”, apunta. “Como también siento orgullo por mi contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España…”, asevera. Felipe VI, a su vez, como en una representación no sin aire shakespeareano, termina: “Su Majestad el Rey respeta y comprende la voluntad de Su Majestad el Rey don Juan Carlos expresada en su carta”. Aunque dos jurisdicciones penales -Suiza y España- han archivado las investigaciones queda una tercera abierta: la jurisdicción civil del Reino Unido, La demanda que ha presentado contra Juan Carlos I su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein por acoso, seguimiento ilegal de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y difamación, está pendiente de una sentencia sobre el argumento de la inmunidad presentada por la defensa de Juan Carlos I, que invoca su condición de exjefe de Estado y miembro de la familia real española. Si el juez británico, Matthew Nicklin, rechaza esa inmunidad, el procedimiento civil abre la investigación y puede desembocar en juicio; si admite la inmunidad la demanda decae automáticamente. En la vista del pasado mes de diciembre, en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, el abogado de Juan Carlos I, no pudo presentar un certificado oficial sobre el contenido del estatus del emérito, y pretendió que su cliente al ser miembro de la familia real lo era también de la institución monárquica. Volver o no volver Juan Carlos I recuerda en su misiva a su hijo que su traslado fuera de España en agosto de 2020 se hizo para “facilitar el ejercicio de tus funciones”. Tanto los expresidentes Mariano Rajoy como José María Aznar y Felipe González han declarado que Juan Carlos I debe volver a España. Pero Rajoy ha ido más lejos que sus antecesores. ”Si yo hubiera sido presidente del Gobierno, aseguro que no estaría en Abu Dabi de ninguna de las maneras”, ha declarado Rajoy. “Si ha sido una decisión de la Casa Real, el Gobierno lo tiene muy fácil: que diga el presidente del Gobierno que vuelva a España. Ya está. Si dice que no tiene nada que ver con la decisión de que esté en Abu Dabi, que lo diga públicamente, igual que lo digo yo. Lo tiene muy fácil”. El expresidente, además, ha intentado explicar que Pedro Sánchez está condicionado en este asunto por Unidas Podemos. “Es profundamente injusto lo que está ocurriendo en este momento y, además, difícil de explicar. No se entiende que haya un Gobierno condicionado por grupos políticos como los que hay tomando decisiones y que el jefe del Estado durante 40 años esté en Abu Dabi. Esto tiene mucha tela para explicarlo. Alguien tendría que explicar por qué no está aquí ya”. Por último, la decisión de permanecer como residente en Abu Dabi, ¿puede explicarse porque Juan Carlos I ha optado por declarar sus impuestos en los Emiratos Árabes Unidos (EAU)? Tampoco. Según el convenio entre el Reino de España y Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos de la renta y patrimonio de 2006, modificado el pasado 22 de diciembre, para ser residente fiscal allí (artículo 4.1) es necesario, tener la nacionalidad emiratí.

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El rey emérito sigue pendiente de la sentencia del juez inglés Matthew Nicklin, a quien ha pedido inmunidad ante la demanda de su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein por acoso

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