Hacienda y su 'desconocimiento deliberado' de las irregularidades del rey Juan Carlos

El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, aprobó a primeros de septiembre de 2018 un escrito de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa dirigido al juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el cual se señalaba la deriva tributaria de las conversaciones mantenidas en Londres entre Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examante de Juan Carlos I y el comisario retirado José Manuel Villarejo. Fuentes fiscales señalan, asimismo, que Luzón consultó con la entonces fiscala general del Estado, María José Segarra, el contenido de la posición expresada en dicho escrito, habida cuenta de que se solicitaba al juez Diego de Egea el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas por esas grabaciones en las cuales se abordaban posibles actos ilícitos de Juan Carlos I, la llamada pieza Carol, la número 5 del 'caso Tándem-Villarejo'. El punto 5 En dicho escrito, de 7 de septiembre de 2018, ambos fiscales señalaban, en el punto número 5, que, si bien no existían indicios suficientes para seguir la investigación, había algo importante por hacer. "Las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias y, en su caso, pudieran derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delito fiscal. En este sentido, los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) emitieron un comunicado el pasado día 12 de julio [de 2018] en el que manifiestan que las conversaciones que han sido publicadas tienen la entidad suficiente para que la AEAT le preste la máxima atención y los verifique", señalaba. Esta afirmación seguía a un requerimiento que había realizado el juez a la Organización Nacional de Inspección del Fraude (ONIF) el 4 de septiembre de 2018, en el cual solicitaba información sobre Juan Carlos I. Un día más tarde, el jefe de la ONIF, José Manuel Alarcón Estella [ver documento posterior] respondía que el emérito no había presentado declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720) y que no existía constancia de que Juan Carlos poseyera cuentas en extranjero. "En efecto", según recuerda Carlos Cruzado, presidente de GESTHA, a este periódico "se pidió abrir un expediente de inspección fiscal, habida cuenta de las informaciones aportadas en los audios, pero también por la existencia de datos que ya eran de público conocimiento". Cruzado tuvo acceso más tarde al escrito de los fiscales. "Nos llamó la atención que en el escrito de la Fiscalía se destacara nuestra solicitud de investigación. Parecía lógico que la Agencia Tributaria hiciera algo al respecto", apunta. Regularizaciones "espontáneas" El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción señala en el decreto sobre las diligencias de carácter tributario que las notificaciones a Juan Carlos I de esas investigaciones, en junio y noviembre de 2020, no entraban en el detalle de las contingencias tributarias. Y que, por tanto, viene a sugerir, no se puede cuestionar la "espontaneidad" de sus regularizaciones, uno de los requisitos para dar por buenas las regularizaciones. "Pues bien, en los decretos de incoación de ambas diligencias de investigación en las respectivas notificaciones no se hacía referencia los hechos a los que se contraen las declaraciones tributarias efectuadas los días 2 y 3 de febrero de 2021 Juan Carlos de Borbón, por la sencilla razón de que en aquellos momentos se desconocían las circunstancias a las que las mismas se refieren…”. Pasividad deliberada En su decreto, Luzón destaca el trabajo de "los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, designados por la propia Agencia Tributaria y con pleno acceso a toda la información de trascendencia tributaria obrante en sus bases de datos, cuya imprescindible colaboración en esta compleja investigación se ha desarrollado con el máximo rigor y la deseable celeridad". Pero este "máximo rigor" y "deseable celeridad", ¿no se contradice con la pasividad deliberada desde 2018, cuando empiezan a salir datos sobre las investigaciones? ¿O es que Luzón quizá nos quiere decir otra cosa: a saber, que los funcionarios han puesto en realidad toda su pericia en la tarea de afinar las regularizaciones? De los decretos parece desprenderse que la ONIF ha asesorado a Juan Carlos I en la presentación de las regularizaciones. Y en rehacerlas. Porque se dice que las regularizaciones de los pagos de la fundación Zagatka de Liechtenstein se hizo el 2 y 3 de febrero de 2021. Es decir, en dos días. ¿Qué pasó? ¿Los representantes de Juan Carlos I no habían hecho los números correctamente y tuvieron que volver al día siguiente? Declaraciones complementarias Pero eso no es todo. 16 días más tarde, el 18 de febrero, presentaron otras dos declaraciones complementarias de los ejercicios correspondiente a los años 2016 y 2017. ¿Por qué no abrió una inspección la ONIF a la luz de estas contradicciones? Las dos notificaciones sobre las diligencias de los 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) y los pagos –regularizados como donaciones– de casi 600.000 euros del "amigo" Allen Sanginés-Krause fueron comunicaciones genéricas que ofrecían personarse a Juan Carlos I, iniciativa que no aceptó. Sin embargo, la tercera, en diciembre de 2020, sobre el 'trust' de la Isla de Jersey, es precisa. Dice así: "Dichas diligencias de investigación tienen por objeto la concreción de la entidad jurídico de las actividades de un 'trust' denominado The JRM 2004 Trust, constituido en 2004 en Jersey, con importe aproximado de 8,5 millones de libras (10,2 millones de euros), existiendo diversos indicios que apuntan a S.M. el Rey Emérito D. Juan Carlos de Borbón y Borbón, como propietario último de los fondos" D. Juan Carlos de Borbón y Borbón. Notificación "formal" Pero, claro, cuando se trata de una notificación "formal", en regla, tampoco sirve para nada porque la ingeniería aplicada en este caso traspasó dicho 'trust' o fideicomiso a otra titularidad, la del amigo y asesor de Juan Carlos I, el historiador y exbanquero Joaquín Romero Maura. Quien por cierto está aquejado de alzhéimer en grado avanzado. El resultado final: 85.596.266,69 euros han pasado por las manos de Juan Carlos I en el extranjero ante el "máximo rigor" de la Agencia Tributaria (Luzón dixit). Que considera un éxito de su 'investigación' (o 'desconocimiento deliberado') los algo más de 5 millones de euros regularizados (678.393,72 euros por los pagos de Allen Sanginés-Krause y 4.395.901,96 euros por Zagatka).

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La pregunta del millón de por qué la Agencia Tributaria miró para otro lado y no abrió inspección al emérito no ha sido contestada en los decretos del fiscal Alejandro Luzón

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