El rey Juan Carlos, exonerado y de regreso con la 'niebla de guerra' de Ucrania

Casi cinco meses después de vender-filtrar, al caer la tarde del 5 de octubre de 2021, la piel de la exoneración de Juan Carlos I, la fiscala general del Estado, Dolores Delgado, cazó ayer por fin al oso y dio luz verde a los tres decretos que archivan las diligencias de investigación sobre los presuntos actos ilícitos del actual rey emérito. Se atribuye al historiador militar prusiano Carl von Clausewitz (1792-1831), famoso por considerar que la "guerra es la continuación de la política por otros medios", el concepto de "niebla de guerra": la confusión que obstaculiza las operaciones durante un conflicto bélico. También se ha extendido su uso a la idea de cortina de humo, quizá porque en origen se refería a la humareda que provocaban los disparos de los mosquetones o las polvaredas de las cargas de caballería. Juan Carlos I ha sido exonerado e inicia su regreso a Madrid porque, precisamente, esperaba desde primeros de octubre el archivo de las diligencias de investigación. Se encontraba en Abu Dabi "esperando que a Doña Dolores se le ocurra cerrar el caso", según escribió en un mensaje el día de su 84 cumpleaños, el 5 de enero de 2022. Es que en la llamada ocurrencia de Doña Dolores, la fiscala general estaba a su vez pendiente de los inspectores de la Organización Nacional de Inspección del Fraude (ONIF), quienes han acabado la afinación para dar por válidas las dos regularizaciones fiscales presentadas por Juan Carlos I por algo más de 5 millones de euros. Tres jurisdicciones Las investigaciones, pues, en dos jurisdicciones penales (Suiza, el 13 de diciembre pasado, y España este miércoles) han quedado archivadas. Queda una tercera investigación en la jurisdicción civil del Reino Unido, a raíz de una demanda por acoso, seguimiento ilegal y difamación que presentó contra él a finales de diciembre de 2020 su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein. El juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, tiene que dictar sentencia sobre una cuestión previa: la inmunidad que ha invocado la defensa de Juan Carlos I. Si la admite, el procedimiento quedaría automáticamente archivado; pero si la deniega, se entraría en la investigación, con aportación de pruebas, antes de proceder al juicio. El camino hasta el carpetazo Las diligencias de investigación en España pasaron por tres fases. La primera, judicial, con dos jueces de la Audiencia Nacional que desactivaron --más que investigaron-- los hechos, pese a que el fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, ya había iniciado la investigación a partir de los audios filtrados en España por el comisario jubilado José Villarejo. En septiembre de 2018, uno de los jueces requirió, el día 4 de dicho mes, a la Agencia Tributaria por derechos y cuentas de Juan Carlos I en el extranjero, y recibió una respuesta sumaria en 24 horas, el 5 de septiembre. La Organización Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) carecía de datos. A los inspectores de Hacienda no se les pasó por la cabeza abrir una inspección fiscal a Juan Carlos I a pesar de las noticias que llenaban páginas en los periódicos y programas en radio y televisión. Y si se les pasó, no lo hicieron. La clave de las regularizaciones No deja de ser interesante esta secuencia. Porque en el decreto de archivo de las diligencias, la fiscala general del Estado señala que en las notificaciones que se hicieron a Juan Carlos I sobre la apertura de las investigaciones en la Fiscalía del Supremo no "se hacía referencia a los hechos a los que se contraen las declaraciones tributarias efectuadas los días 2 y 3 de febrero de 2021 por Juan Carlos de Borbón, por la sencilla razón de que en aquellos momentos se desconocían las circunstancias a las que las mismas se refieren". Si a la luz del río de informaciones que ha corrido desde aquel 4 de septiembre de 2018 se hubiese abierto una inspección --¿qué menos cuando se hablaba de 100 millones de dólares o 64,8 millones de euros recibidos por Juan Carlos I en una cuenta de la fundación panameña Lucum, de la cual era el beneficiario, en Ginebra?--, esas circunstancias, que Hacienda dice desconocer, pudieron aflorar. "La Fiscalía no tenía entonces constancia del incumplimiento de las obligaciones tributarias, conducta que posteriormente ha quedado perfilada tras el análisis de las actuaciones practicadas y, particularmente, tras las declaraciones tributarias efectuadas por la representación de Juan Carlos I", dice el decreto de la fiscala general. ¿Espontaneidad? El teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, a cargo de las investigaciones, notificó a Juan Carlos I las tres investigaciones abiertas y ofreció a su abogado, Javier Sánchez-Junco, personarse en ellas. Pero ni tuvo respuesta más allá de la recepción de la oferta. Porque todo estaba calculado: las regularizaciones debían ser, conforme a la ley, "espontáneas". Si el letrado se personaba ya no podría argüir espontaneidad. ¿Y para qué se iba a personar? Juan Carlos I sí sabía por qué se le estaba investigando. Pero no solo porque estaba al corriente a través de su abogado en Suiza, Dante Canonica, sino por los medios de comunicación. Pruebas a la vista: la regularización más importante, por casi 4,4 millones de euros, la hizo sin notificación alguna. Nunca se le informó desde la Fiscalía, como sí en las otras tres diligencias (AVE Medina-La Meca; transferencias de su amigo mexicano Allen Sanginés-Krause y trust en el paraíso fiscal de Jersey) sobre diligencias relativas a los pagos de casi 7 millones de euros de la fundación Zagatka a empresas de jets privados para los viajes de Juan Carlos I después de abdicar el 18 de junio de 2014. Y, sin embargo, tanto por el conocimiento de las diligencias en Suiza, donde Álvaro de Orleans, su primo lejano, primer beneficiario de la fundación Zagatka ('enigma', en ruso), declaró en octubre de 2018, como por la prensa suiza y española, sus asesores le aconsejaron presentar una regularización. Afinación en cascada Ha sido una afinación en cascada. Por un lado, por la aplicación de la prescripción; por el otro, porque Juan Carlos I era inviolable hasta su abdicación el 18 de junio de 2014, y también, porque Hacienda "desconocía" las presuntas irregularidades. Unos 85,5 millones de euros aproximadamente de fondos circularon por las manos de Juan Carlos I en el extranjero, fuera de los tentáculos de Hacienda. Juan Carlos I tiene necesidad de volver a Madrid, aunque sea de manera temporal. Una de las razones, pero no la única, es la foto con su hijo, el rey Felipe VI. Porque todavía está pendiente la sentencia en el Reino Unido sobre si se le concede o rechaza la inmunidad que ha solicitado ante la demanda de su examante Corinna. Y Juan Carlos I y sus asesores entienden que esa foto, la de un emérito reintegrado a la familia real tras su autodestierro en Abu Dabi desde el 4 de agosto de 2020, puede ser el golpe de gracia contra Corinna.

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La prescripción, la inviolabilidad y el "desconocimiento" de las presuntas irregularidades han afinado en cascada el carpetazo de la fiscalía a las investigaciones contra el exjefe del Estado

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