Las exhumaciones del Valle de los Caídos cumplen tres meses de parálisis sin plazo

Junto al altar de la basílica, en el crucero del templo subterráneo del Valle de los Caídos, un alto andamio vacío ha estado sirviendo para trabajos de limpieza de manchas de humedad. Es la única labor puesta en marcha junto a las criptas. El resto del recinto, sin un solo operario ni herramientas a la vista, muestra el encallamiento en el que se encuentra el proyecto más icónico del Gobierno para la reapertura de fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo: el de las criptas de Cuelgamuros. Los albañiles que iba a enviar Patrimonio Nacional no están por allí. Hace tres meses, la magistrada Eva María Bru Peral, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 10 de Madrid, les mandó parar con un auto de medidas cautelares. Lo redactó el 16 de noviembre y trascendió a las partes dos días después. La recuperación de restos por iniciativa particular entre los 34.000 muertos que descansan en el monumento está desde entonces bloqueada. Según las partes consultadas, la parálisis puede durar ocho meses más, pues el pleito solo acaba de comenzar. De hecho, aún no se ha dictado auto de acumulación de las denuncias presentadas en el juzgado 10 con las admitidas por otro de Madrid, el 27, de entidades como la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que pleiteó sin éxito contra la exhumación de Franco. Los escritos dirigidos a los juzgados por las distintas asociaciones se parecen mucho entre sí. Cautelares En junio pasado, después de que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial –en cuyo término está el Valle de los Caídos- emitiera licencia de obras a favor del Estado, todo indicaba que el Gobierno iba a posibilitar por fin las peticiones de 66 familias para la extracción de 67 cuerpos en las criptas del valle. Su derecho, que se empezó a reconocer en un juzgado escurialense con el caso de los hermanos anarquistas fusilados Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, lleva seis años de espera. La jueza Bru dictó medidas cautelares basándose, entre otros argumentos, en la irreparabilidad del acto: las obras que se iban a iniciar en noviembre podían provocar daños jurídicos que no se podrían arreglar una vez emprendidas. Entre ellos el “derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias“. Es el primer argumento que hizo valer ante la jueza Bru una hasta entonces desconocida Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. Se trata de una entidad en la órbita de la Fundación Francisco Franco, y a la que representa el abogado urbanista Francisco Javier Zaragoza, hijo de Pedro Zaragoza Orts, el alcalde falangista que transformó Benidorm de pueblo de pescadores en urbe de rascacielos. Al recurso de Zaragoza no se ha opuesto el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. La Abogacía del Estado sí, y con tres argumentos: que recuperar los esqueletos –en su mayoría de republicanos- es urgente, que es de interés general y que preserva el principio de ejecutividad de los actos administrativos. El proceso está todavía embarrancado en su primera fase. Después de la acumulación de causas, la juez ha de dar tiempo a la formulación de la demanda el letrado Zaragoza, y después a la contestación de las partes, para solo después pasar a dictar sentencia. Si ese fallo resultara favorable a los denunciantes y la obra no se hubiera parado, quedaría sin efecto por la vía de los hechos. Por eso la magistrada impuso una paralización cautelar. La ficha I40 El Gobierno, en su proyecto de Ley de Memoria Democrática, encontró un obstáculo en la oposición de Esquerra Republicana. El otro vector de su política de Memoria se encuentra con otro escollo, esta vez burocrático. Recibe el nombre de I40. Es la sigla de la ficha que clasifica al Valle de los Caídos en el catálogo de edificios protegidos de las Normas Subsidiarias de San Lorenzo de El Escorial. Esas normas son el plan fundamental del urbanismo de esa localidad madrileña, cuyo término en su mayoría tiene reconocido valor cultural y arqueológico… excepto el recinto de Cuelgamuros. El Valle de los Caídos, su basílica, su cruz y su hospedería, no tienen la calificación legal de Bien de Interés Cultural. Durante el pulso de la Fundación Francisco Franco con el Gobierno en 2018, aquella intentó que se le reconociera al recinto sin éxito. Pero sí tiene edificios catalogados. Eso “impide la realización de obras que no sean de conservación o de mantenimiento”, asegura el abogado Zaragoza. En la Secretaría de Estado de Memoria Democrática prefieren no hacer comentarios. A la Abogacía del Estado la catalogación consistorial no le parece relevante. Pocas exhumaciones de fosas de la Guerra Civil y la postguerra han suscitado tan largo pulso legal, vertido como está este pleito por los vericuetos de las normativas urbanísticas. La exhumación de Franco aún colea en tribunales La extracción y traslado de los restos del general Franco, que llevó a cabo el Ejecutivo en octubre de 2019, arrastra todavía flecos activos en los tribunales. El juzgado de lo Contencioso número 13 de Madrid aún tiene en sus manos y pendiente de resolución un recurso de la Fundación Francisco Franco contra el acto administrativo que constituyó el principal gesto en materia de Memoria Histórica del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ya no se dirime el derecho de la familia del dictador, ni el carácter del cementerio, ni tampoco el del monumento, los ejes de la minuciosa batalla legal que se libró en 2018 y 2019 entre el letrado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, y la abogacía del Estado. Ahora es por un asunto también urbanístico: se dirime si la retirada de la lápida de 1.500 kilos y la extracción del ataúd fue legal o no… por considerarla los demandantes obra mayor y prever la licencia municipal concedida una obra menor.

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Una ficha urbanística municipal, vértice del pleito interpuesto por el hijo del alcalde franquista de Benidorm

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