Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, admitió este jueves, en plena guerra abierta con la dirección de su partido, que su hermano había cobrado por un contrato con la administración regional para la adquisición de mascarillas en el momento más crítico de la pandemia, tenía claro que sus palabras por sí solas no suponían admitir delito alguno ni para ella ni para su familiar. Otra cosa es lo que puede derivarse de un análisis exhaustivo de las circunstancias que rodearon este pago, con independencia del espionaje en el que la política madrileña se ha parapetado.