Marlaska niega que se hayan negociado los acercamientos de presos de ETA

Con un agrio intercambio en el Senado entre Fernando Grande-Marlaska y el senador Fernando Martínez-Maíllo ha dado comienzo este martes el cerco que esta semana construye el Partido Popular contra el ministro del Interior a cuenta del fin de la dispersión de presos de ETA. "¡Les ha pillado la Guardia Civil! ¿Va usted a desmentir a la Guardia Civil? ¡Es una vergüenza!" le ha espetado el popular al preguntarle sobre contactos de Instituciones Penitenciarias con el entorno de los presos de ETA desvelados en un informe policial. Y el ministro le ha retado, pidiéndole que le mire a los ojos, a que cite una sola ilegalidad descrita en ese informe: "No ha habido ningún tipo de negociación para la aplicación de la legislación penitenciaria", ha asegurado. El Partido Popular, Vox y las entidades de víctimas de su órbita despliegan esta semana una ofensiva contra Grande Marlaska, intentando colocarle en el vértice de supuestas concesiones a los presos de ETA por un apoyo de Bildu al Gobierno. El ministro no ha negado los contactos en la Cámara Alta, pero sí que hayan tenido efecto sobre acercamientos de presos al País Vasco que responden a "la legalidad, a "un tratamiento individualizado" que está "bajo control judicial". También ha negado que las conversaciones entre el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Angel Luis Ortiz, y el exconsejero vasco de Justicia y enlace con las organizaciones de presos de ETA Joseba Azkarraga fueran especiales: Prisiones "mantiene contactos con representantes de internos, también de condenados por corrupción del PP", le ha devuelto el ministro a Martínez-Maíllo, antes de sentenciar: "Ustedes no pueden vivir sin ETA". Ofensiva La política penitenciaria se ha convertido en frente activo de oposición al Gobierno, y de ello da idea el intenso calendario de la ofensiva. Viene recalentado después de que, la pasada semana, trascendieran los contactos entre Ortiz y Azkarraga, actuando este como enlace del engranaje abertzale de presos de ETA y sus familias, dirigido por el histórico de la banda José Antonio López Ruiz, Kubati. En la tarde de este martes, en el Congreso, la portavoz popular Cuca Gamarra acusó a Pedro Sánchez de montar "una trama secreta de beneficios a ETA a cambio de apoyos parlamentarios" o de "votos por presos". La Cámara Baja debatió una proposición de ley del PP de modificación de la protección a la víctima del delito para evitar agravios; o sea, los ongi etorri, homenajes que parte de la izquierda abertzale organiza a excarcelados de ETA. Es el asunto que el Servicio de Información de la Guardia Civil investigó como delito para la Audiencia Nacional, elaborando un informe policial en el que, además del asunto de los homenajes, se habla de los contactos de Azkarraga con Prisiones. A la misma hora, lo visto en el Senado: Martínez-Maíllo había preguntado a Marlaska si “piensa seguir concediendo beneficios penitenciarios a presos de ETA como pago político al apoyo de Euskal Herria Bildu al Gobierno”. Textualmente. Este miércoles continuará el cerco en la sesión de control al Gobierno, en la que PP y Vox pedirán explicaciones al ministro sobre lo que dice, y lo que no dice, el informe de la Guardia Civil. La formación de extrema derecha tratará de reprobar al titular de Interior. Y para el mismo día algunas entidades integrantes de la Fundación Víctimas del Terrorismo han pedido una reunión urgente de su consejo. En su orden del día, un solo punto: "Puesta en común sobre las noticias publicadas relativas a las comunicaciones entre Instituciones Penitenciarias y los representantes de los presos de ETA". Las víctimas consultadas esperan la propuesta de una declaración que deplore una supuesta negociación Gobierno-Bildu, y auguran una división: a favor estarán las más cercanas al PP y Vox -AVT, la Fundación Miguel Ángel Blanco y la plataforma Dignidad y Justicia- y se desmarcarán huyendo de manipulaciones Covite, Fundación Fernando Buesa y Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, entre otras. Consenso dinamitado Sobre los contactos que vio la Guardia Civil, fuentes de Instituciones Penitenciarias responden que la Secretaría escucha a todo tipo de colectivos, también de los familiares de presos de ETA, “pero eso no significa que determinen las decisiones de tratamiento penitenciario”. Sería complicado, teniendo en cuenta que los beneficios a presos son recurribles por las partes y la fiscalía y y bajo escrutinio del juzgado de Vigilancia Penitenciaria y el tribunal sentenciador. “La política penitenciaria es política”, sentencia un asesor jurídico de víctimas del terrorismo. Tras la obviedad de la aseveración reside un principio que en los tiempos del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba era consenso entre los damnificados por ETA: ni el asesino ni la víctima deciden dónde cumple condena el autor del crimen; eso corresponde al Estado. Ese consenso ha volado por los aires en el ala derecha de las víctimas al tiempo que se endurecía la oposición del PP al ejecutivo de coalición. Tercer grado suspendido No obstante, la realidad de las últimas decisiones judiciales no parece conciliarse con las teorías de la negociación. En la XIII legislatura (desde mayo de 2019) y lo que va de la XIV, se han dado 24 progresiones a tercer grado penitenciario a etarras. A diciembre de 2021, 98 presos habían sido trasladados ya a cárceles de Euskadi y Navarra, de los cuales siete lo fueron por enfermedad y 76, según la Asociación Víctimas del Terrorismo, “porque sí”. Quince traslados responden a la concesión de terceros grados, ocho en 2021. Pero últimamente son más sonadas las revocaciones que las concesiones. La última este lunes, cuando el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha devuelto al segundo grado al colaborador de ETA Íñigo Gutiérrez Carrillo. Tres días antes, el viernes, la Audiencia Nacional corregía a Instituciones Penitenciarias la concesión del tercer grado al etarra Jon Crespo, condenado a 25 años y preso en Basauri. En octubre pasado, la Audiencia Nacional también revocó la concesión del tercer grado al etarra y exdirigente de Batasuna Unai Fano, por considerarla “prematura e improcedente” y por no ver acreditado un “arrepentimiento expreso”. La carta no basta La ausencia de arrepentimiento verdadero empieza a ser el factor relevante. Para probar el arrepentimiento parece no bastar ya la carta vaga de condena de la violencia que vienen firmando los etarras para acceder a beneficios penitenciarios. No es aún jurisprudencia, pero sí quizá tendencia, y con un hito: un fallo del 26 de octubre de 2021, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó la concesión de un permiso de cuatro días al etarra José Antonio Zurutuza Sarasola, sujeto a una condena de 30 años que terminará en 2028. El fallo se engancha al artículo 156 del Reglamento Penitenciario, que manda a los técnicos de Prisiones que evalúan permisos penitenciarios considerar “la peculiar trayectoria delictiva” del preso, condición propia de los de ETA. También considera que ha de probarse, y no solo manifestarse, el abandono por parte del terrorista “de las ideas que le llevaron a la comisión del acto delictivo” y su “desvinculación de la organización”. A Zurutuza le queda mucho para cumplir ¾ de una condena por el asesinato de dos personas, daño que es, en lo humano y lo jurídico, absolutamente irreversible. Pero el fallo cimenta su negativa en la calidad de esas cartas de arrepentimiento: la de Zurutuza, consideró el juez, tenía reflexiones, pero no una petición de perdón a sus víctimas concretas; ni las menciona siquiera.

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