La polémica sobre la autorización de compatibilidad pedida por el exministro José Luis Ábalos para trabajar como tertuliano en Mediaset ha puesto de relieve la divergencia de opiniones que siempre planea cuando se trata de abordar la cuestión de las 'puertas giratorias'. Pero el dosier de Ábalos es solo uno de los últimos casos de exaltos cargos del gobierno de España que solicitan el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), que depende del Ministerio de Hacienda, para trabajar en la empresa privada. La ley 3/2015 que regula el ejercicio del alto cargo establece, entre otras cosas, que quienes hayan ocupado estos puestos de responsabilidad no podrán prestar servicios a entidades privadas que hayan sido afectadas por decisiones en las que ellos o ellas hayan participado durante los dos años siguientes a la fecha de su cese.