Borràs, entre el simbolismo y el acatamiento a la Junta Electoral

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, agotará el plazo para rendir cuentas ante la Junta Electoral Central (JEC) sobre las medidas que haya tomado en cumplimiento de la retirada del escaño al diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà. El viernes deberá reportar su actuación y dilucidar si acata o desobedece al órgano administrativo. La JEC considera firme la suspensión decida lo que decida después el Tribunal Supremo (TS) sobre las medidas cautelares y el fallo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que inhabilita durante seis meses a Juvillà por no retirar lazos amarillos de su despacho en la Paeria de Lleida en 2019. Pero el independentismo, pese a la intención de exprimir todas las vías a su alcance para evitar una “inhabilitación exprés” como la del ‘expresident’ Quim Torra, da por hecho el cese de Juvillà. En un dictamen aprobado en la comisión del estatuto de los diputados que se someterá al pleno, asumen que el "límite de la desobediencia" está en los funcionarios y, en privado, coinciden en que Borràs, pese a las proclamas simbólicas, tendrá que acabar actuando como su predecesor, Roger Torrent, que acabó acatando a la JEC y retirando el escaño a Torra. Estas son las claves del periplo parlamentario. Diputado sin sueldo La JEC emitió el 27 de enero una resolución que confirmaba su pronunciamiento del 20 de enero y que despojaba a Juvillà de sus funciones. Pese a que el independentismo reivindica que sigue siendo diputado, el cuerpo funcionarial del Parlament da por perdida el acta del ‘cupaire’ al tener las credenciales de la nueva parlamentaria por Lleida en su posesión. De hecho, ya le han comunicado verbalmente que no cobrará la nómina este febrero. Tampoco lo hará su asesora, la exdiputada Maria Sirvent, ya que su cargo está vinculado directamente a su compañero de filas. Fuentes oficiales de la Cámara niegan que se les haya dado de baja, pero los funcionarios, encargados de elaborar las nóminas, no pueden desoír su tarea porque estarían incurriendo en un posible delito de malversación a no ser que sea Borràs la que asuma directamente sus funciones, les inhiba y se haga cargo de las eventuales consecuencias judiciales. Sustitución en la Mesa La Mesa del martes se celebró sin Juvillà, ya que no pudo asistir debido a una prueba médica relacionada con el cáncer que padece y el encuentro no se aplazó al miércoles. La CUP se quedó sin representación al no poder sustituirlo, por lo que acabó decidiendo que lo propio era relevarlo y proponer al pleno que Carles Riera asuma la secretaría tercera, sin que esto implique dejar su acta de diputado. Al no asistir, Juvillà no compromete los acuerdos tomados, al menos, por ahora, ya que las actas se firman al comienzo de la Mesa de la semana siguiente. Tampoco ha habido ningún pleno, ni ha asistido a ninguna comisión, así que, de facto, no ha habido desacato a la JEC en este sentido. Está por ver si Juvillà pide la delegación de su voto en el hemiciclo por enfermedad o solicita una baja médica, lo que pondría a la Mesa en la complicada tesitura de avalarlo o dejarlo sin efecto. Si le blinda como diputado y le permite votar, un tribunal podría anular los acuerdos que se tomen en la sesión plenaria y abrir una causa judicial por desobediencia contra la Mesa. Unidad en disputa Pese a la pretendida imagen de unidad independentista, la desunión planea en todo el embrollo. Borràs planteó la suspensión de la actividad parlamentaria, algo que, a juicio de los letrados, podía incurrir en consecuencias judiciales al no tener amparo dentro del reglamento. ERC y CUP exhibieron sus recelos, pidieron acotar al mínimo este freno y vincularlo a la sesión de la comisión del estatuto de los diputados que se celebrará este jueves. Ante la imposibilidad de sacar adelante la propuesta, Borràs terminó entonando una declaración en la que “proponía” a los diputados independentistas no acudir a las comisiones sin que esto implique que se paralice toda la agenda ni la maquinaria funcionarial. El objetivo era simbolizar que el Parlament protestaba, que Borràs plantaba cara. ERC ve cómo la presienta constata que su margen de maniobra es corto y da por hecho que acabará actuando como Torrent y la CUP libra un pulso paralelo con la presidenta, porque deja en sus manos la decisión de despojar de su acta a Juvillà, ya que este no piensa renunciar. El Parlament contra la JEC La CUP se guardó un as en la manga en el caso Torra que ahora emplea al máximo. La estrategia es entrar en competencia con la JEC acogiéndose a una sentencia del TS que señala que el órgano administrativo se impuso por “inacción” de la Cámara. El 23 de diciembre el pleno aprobó -con el voto del PSC y los 'comuns'- un dictamen de la comisión del estatuto de los diputados que defendía que Juvillà seguía siendo parlamentario hasta sentencia firme y el 25 de enero aprobó interponer un recurso con petición de medidas cautelares ante el Supremo. La JEC ignoró estos pronunciamientos y se reafirmó en su posición, dando por cesado a Juvillà. Ante esto, el independentismo apostó por otro dictamen, aunque en esta ocasión ya asumen que las consecuencias judiciales para los funcionarios son un "límite a la desobediencia" y reconocen en privado que no pueden mantener las funciones del cupero. Este acuerdo será votado de nuevo en el pleno, aunque en esta ocasión no contarán con los socialistas, que exigen a Borràs que acate.

Borràs, entre el simbolismo y el acatamiento a la Junta Electoral

El independentismo intenta exhibir un pulso a la JEC por el escaño de Juvillà pese a haber asumido el cese del diputado de la CUP

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