El duro cruce de acusaciones desatado el martes entre el exletrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, y la secretaria general de la institución, Esther Andreu, por la falta de transparencia respecto a las licencias por edad, una suerte de prejubilación a la que se acogen 21 funcionarios que supone 1,7 millones de euros para la Cámara, esconde una situación que la institución aborda ya como un caso de acoso laboral.
Una semana antes de su carta
El Parlament activó el protocolo contra el acoso psicológico por una queja sobre Bayona
La Mesa puso en marcha el 18 de enero el plan después de tener conocimiento de los motivos de la dimisión de la archivera del órgano de transparencia
Antoni Bayona. /
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