La negociación de la reforma laboral entra en su fase decisiva. En la última semana antes del debate de convalidación en el pleno del Congreso. Los socios habituales del Gobierno siguen muy lejos de dar su sí, mientras gana peso, para los socialistas, el plan b: esto es, sacarla adelante con el apoyo de Ciudadanos y una miríada de pequeños partidos y, como mínimo, la abstención de Unión del Pueblo Navarro. Pedro Sánchez está dispuesto a un refrendo por los pelos del real decreto ley el próximo 3 de febrero si con ello consigue que no se toque nada del texto. Es más, el socio mayoritario de la coalición lanza un aviso diáfano a Yolanda Díaz: no caben cambios en el marco laboral que no estén avalados por patronal y sindicatos. Es decir, que el margen de maniobra de la vicepresidenta segunda es mínimo. Para el entorno de la dirigente morada, imponer esa condición es tanto como aceptar el "derecho de veto" de los empresarios.