Los 6 retos que afrontan los partidos con la reforma del reglamento del Parlament

Enésimo intento de los grupos parlamentarios de reformar el reglamento del Parlament. PSC, ERC, Junts, CUP y En Comú Podem han registrado este lunes una propuesta para impulsar una ponencia conjunta que actualice la norma a los tiempos de pandemia y que permita adecuar la actividad parlamentaria a los retos actuales. Estos son los asuntos pendientes que deberán desbrozar. El plan de igualdad Aprobado por unanimidad en enero del 2020, el plan de igualdad requiere de varias reformulaciones para poder ser aplicado en su plenitud. En el tintero quedan medidas como la introducción de la paridad de género como criterio normativo en la composición de todos los órganos de decisión --incluyendo la Mesa del Parlament--, la obligatoriedad de respetar la paridad en las comisiones, la presencia de al menos una mujer en los cargos de presidencia y portavoz, así como la disposición de poder delegar el voto por causas relacionadas con el cuidado de familiares o la lactancia. La implementación del protocolo contra el acoso sexual que avanzó este diario también exige desempolvar la reforma de la normativa interna. El aislamiento de la extrema derecha El pacto para aislar a Vox de la vida parlamentaria carece de herramientas para ponerse en marcha. Los partidos que lo firmaron --PSC, ERC, Junts, En Comú Podem y CUP-- tienen la voluntad de aplacar los discursos de odio, pero necesitan que haya una reforma del reglamento (y del código de conducta) que refuerce el compromiso contra la discriminación y el acoso (Vox se negó a firmar ese compromiso) con sanciones. De hecho, uno de los choques entre los firmantes del pacto fue el veto a la designación de senadores de Vox mediante una fórmula proporcional distinta a la usual y el reparto de las mesas de las comisiones. La transparencia Tras destaparse que el Parlament gasta anualmente 1,7 millones de euros en pagar los sueldos de funcionarios que ya no trabajan en la Cámara, se ha abierto el debate sobre la transparencia. En 2015 se creó un órgano interno propio que ahora está en entredicho, por lo que algunos grupos reclaman que se vincule a la comisión de Garantía del Derecho al Acceso a la Información Pública (GAIP) y se equiparen las condiciones de acceso y resolución. Asimismo, algunos partidos apuestan por que se abra el melón sobre si los funcionarios del Parlament deben tener un régimen laboral propio o acogerse a las condiciones de la administración catalana. Teletrabajo y voto telemático El covid-19 también ha evidenciado que el reglamento queda caduco. La reducción de la presencialidad con la escalada de contagios ha obligado a celebrar comisiones telemáticas, plenos a distancia o reducidos con voto telemático y comparecencias 'online', así como a instaurar de facto el teletrabajo, pero el reglamento no contempla estas situaciones, por lo que el texto será modificado en esta dirección partiendo del consenso que ha reinado desde 2020 sobre el asunto. El caso Borràs Laura Borràs asumió la presidencia del Parlament investigada por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental por presuntamente fragmentar contratos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Con el reglamento de la Cámara en mano, Borràs debería ser suspendida de sus funciones con la apertura del juicio oral, pero un informe encargado a los letrados discutía este punto de la normativa y abogaba por eliminarlo. Para tocar este artículo, el 25.4, Junts no lo tendrá fácil porque el resto de grupos no está dispuesto a suprimirlo, aunque admiten que la indefinición de su redactado, al hablar de "corrupción" sin detallar los delitos, complica su aplicación. La investidura de Puigdemont La polémica sobre una investidura a distancia del 'expresident' Carles Puigdemont puede resurgir durante el debate sobre la reforma del reglamento. Desde que el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, decidiera no convocar un pleno para investirle desde Bélgica, el enojo de Junts, respecto a ERC, no ha cesado. Cuando en el 2019 se reabrió la ponencia para poner al día las normas parlamentarias, Junts entró en cólera a los pocos meses al comprobar que el resto de partidos no estaba por la labor. Más todavía después de que el Tribunal Constitucional se hubiera pronunciado en contra. Los posconvergentes pueden intentar probar suerte de nuevo, pero carecen de apoyos para que este punto salga adelante.

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El teletrabajo, la transparencia, el plan de igualdad y el 'cordón sanitario' a la extrema derecha se sitúan como las prioridades de consenso a reformular entre los grupos que impulsan el cambio de normativa

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