El 'trust' de Jersey atribuido al rey Juan Carlos, una pieza de arqueología judicial

La Fiscalía del Tribunal Supremo, a cargo de las diligencias de investigación de un 'trust' de Jersey, isla del archipiélago de las Islas del Canal bajo dependencia del Reino Unido, ha verificado a través de un médico forense que Joaquín Romero Maura, uno de los presuntos testaferros de Juan Carlos I, está mentalmente mal. “Está perfectamente acreditado que padece la enfermedad de alzheimer en grado avanzado”, señala a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA una fuente fiscal consultada. En la fase avanzada, caracterizada también como fase tres, la persona experimenta un severo deterioro cognitivo y funcional y requiere ayuda para sus actividades básicas. Por tanto, los fiscales han descartado tomarle declaración. El nombre del historiador de la restauración española, Joaquín Romero Maura (Niza, 1940), apareció en un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Asuntos Económicos, a finales de octubre de 2020. El entonces director, Juan Manuel Vega, envió el informe -tras recibir una alerta desde Jersey- a la Fiscalía Anticorrupción. Desde Jersey se cursó información sobre transferencias dinerarias y personas presuntamente vinculadas a Juan Carlos I. Las diligencias Una historia que se remonta a los años noventa. "Es un caso de arqueología judicial", ironiza una fuente a este diario. Vega ya había hecho un informe en 2019 sobre transferencias bancarias del magnate mexicano Allen Sanginés-Krause al coronel del aire Nicolás Murga, ayudante y presunto testaferro de Juan Carlos I, lo que dio lugar al interrogatorio de Murga, en calidad de imputado, por unos fondos que tras recibirlos los distribuía en gastos de Juan Carlos I, la reina Sofía, sus hijas y nietas. El informe sobre Jersey fue su última comunicación sobre Juan Carlos I. Vega fue cesado el 30 de octubre de 2020, días después de enviar el informe a la Fiscalía Anticorrupción. Fue sustituido por Pedro Comín, exdirector general adjunto de supervisión del Banco de España. Las razones del cese de Vega no han trascendido. La Fiscalía Anticorrupción trasladó de inmediato a la Fiscalía del Tribunal Supremo en la primera semana de noviembre de 2020 el citado informe, la cual abrió las diligencias de investigación sobre el 'trust' de Jersey y las sumó a las otras dos ya asumidas: las presuntas comisiones en la adjudicación del AVE del desierto La Meca-Medina (los 100 millones de dólares o 64,8 millones de euros transferidos por el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí a la fundación Lucum de Juan Carlos I en Suiza) y las transferencias de Sanginés-Krause a una cuenta de Murga - 800.000 euros - en Ibercaja. El informe del Sepblac sobre Jersey, según fuentes fiscales consultadas por este periódico, mencionaba los nombres de Manuel de Prado y Colón de Carvajal y de Joaquín Romero Maura. Y se apuntaban transferencias. Fuentes jurídicas señalan que el 'trust' poseía el equivalente a 10 millones de euros. El 3 de noviembre de 2020, la incoación de las diligencias de Jersey fue anunciada por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Pocos días después, el rey emérito desmintió su presunta relación con las operaciones del 'trust'. Intervenciones directas Durante el desarrollo de las investigaciones en Suiza y en Madrid, desde 2018, Juan Carlos I había protagonizado dos intervenciones directas. La primera, el 12 de agosto de 2018, seis días después de la incoación de las diligencias P/14783/2018, el 6 de agosto de aquel año, por parte del fiscal Yves Bertossa. Juan Carlos I viajó a Ginebra en la citada fecha, visitó a su hija Cristina y firmó una carta que le solicitó su abogado Dante Canonica, quien se aprestaba a prestar declaración en la Fiscalía de Ginebra. Canonica, tras la firma de la misiva por parte de Juan Carlos I, se la entregó a Bertossa el 24 de agosto de 2018. Juan Carlos I acreditaba que su donación de 64,8 millones de euros a su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein en junio de 2012 era “irrevocable” y que ella “nunca” había actuado como su testaferro. La segunda intervención tuvo lugar, precisamente, cuando se conoció la información sobre el 'trust' de Jersey. El rey emérito difundió que no tenía relación con esa entidad y que ignoraba por qué podía aparecer como beneficiario sin dar su consentimiento para ello. Un fideicomiso ('trust') es una relación fiduciaria en la que una parte, el fideicomitente ('trustor'), otorga a otra parte, el fideicomisario ('trustee') ,el derecho a poseer el título de propiedad o activos en provecho de un tercero, el beneficiario ('beneficial owner'). Los fideicomisos son creados para dar protección legal a los bienes del fideicomitente y asegurarse de que esos bienes se distribuyan de acuerdo con el deseo del fideicomitente, para ahorrar tiempo, reducir el papeleo y en ciertos casos, para eludir o reducir los impuestos a la herencia o al patrimonio. Este tipo de 'trust' opera, obvio es, como una pantalla. El teniente fiscal Juan Ignacio Campos, responsable de las investigaciones del rey emérito en el Tribunal Supremo, al igual que había hecho en junio y en noviembre de 2020 con las diligencias del AVE del Desierto y las transferencias de Sanginés-Krause, respectivamente, cursó en diciembre de 2020 una notificación oficial a Javier Sánchez-Junco, abogado de Juan Carlos I. Le informaba de la apertura de las diligencias y le ofrecía personarse en ellas. Era oficial: los fiscales investigaban una tercera pieza, el 'trust' de Jersey.

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