La judicialización de los fondos europeos reactiva los recelos autonómicos

El presidente del PP, Pablo Casado, pronosticaba la semana pasada éxito a la ofensiva judicial que ha abierto en autonomías y ayuntamientos de su partido por el reparto de fondos europeos que está haciendo el Gobierno, y ha advertido de que su formación está dispuesto a llevar esa misma ofensiva a Europa si no hay "transparencia" y puede acabar "en corrupción". Dicha ofensiva la inició la madrileña Isabel Díaz Ayuso recurriendo a la justicia la asignación de 9 millones de euros para políticas activas de empleo a cuatro comunidades entre las que no estaba la suya: País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunitat Valenciana. El resto de autonomías gobernadas por el PP han amagado con seguir el mismo camino de la judicialización de los fondos europeos, pero lo cierto es que todavía no han apretado el mismo botón que Ayuso, pese a los llamamientos de Casado. Entre los territorios que gobierna el PSOE hay unanimidad en rechazar la vía judicial y atacar a Ayuso, aunque algunas autonomías socialistas sí advierten de que estarán ojo avizor para garantizar una distribución justa de las ayudas. A continuación desgranamos la posición de algunas comunidades autónomas con información de las cabeceras de Prensa Ibérica: EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, La Opinión de Málaga, Faro de Vigo, Información, Diario de Mallorca, El Periódico de Extremadura, La Opinión de Zamora, El Periódico de Aragón, La Opinión de Murcia, La Nueva España y El Día de Tenerife. Catalunya Más allá de la cuantía recibida, unos 1.500 millones, que se consideran insuficientes, el gran caballo de batalla de la Generalitat es la gestión de los fondos y que el reparto atienda a criterios como el peso del PIB y no al poblacional. Es decir, que sea la administración catalana la que asigne por entero los fondos Next Generation con el objetivo, ha declarado una y otra vez el 'president', Pere Aragonès, de que las dádivas europeas lleguen no solo a las grandes empresas, sino a las pyme, parte esencial del tejido económico catalán. De hecho, Aragonès aseveró, hace una semana, que no estaba satisfecho con la "ejecución" de los fondos y que, con el tiempo que ha transcurrido, se debería haber "avanzado más" porque consideran que la gestión del ministerio ha sido "caótica y desorganizada". En cuanto a las acciones judiciales que pueda emprender la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Generalitat entiende que cabe ubicarlas en las dinámicas internas del PP y en esa lucha sorda por el liderazgo entre Isabel Diaz Ayuso y Pablo Casado. XABI BARRENA Andalucía El Gobierno andaluz viene denunciando el "oscurantismo" del Gobierno central con los fondos europeos e irá a los tribunales si detecta alguna arbitrariedad en el reparto de este dinero por parte del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. Pero aún no lo ha hecho. A la hora de denunciar la "arbitrariedad" del Gobierno de Pedro Sánchez y su trato a esta comunidad "en la que no gobierna el PSOE", el presidente andaluz y otros miembros de su equipo recuerdan que la Moncloa "otorgó a dedo 110 millones de euros de ayudas para luchar contra la pobreza con cargo a estos fondos europeos y dejó fuera a los barrios más pobres de Andalucía". Asimismo, lamenta que "Andalucía haya recibido 29,8 millones de euros de ayudas europeas para I+D+I en universidades, mientras que para Catalunya se han destinado 82 millones, pese a que Andalucía es la comunidad más poblada de España". Aunque todavía no ha acudido a los tribunales, el Gobierno andaluz deja claro que su intención de recurrir a la justicia si detecta algún agravio más con los fondos europeos no es una simple amenaza para presionar. Como muestra de ello, se remite a otro antecedente judicial, pues la Junta ya exigió en los tribunales el pago de los 537 millones de euros del mes 13 del IVA de 2017, un dinero que, según recuerdan, "el Ministerio de Hacienda aún no ha abonado". CRISTÓBAL G. MONTILLA Galicia Como proceder habitual, la Xunta de Galicia aprovecha cada oportunidad para mostrar sus discrepancias con el Gobierno central por el reparto de los fondos europeos. Le acusa de operar con criterios discrecionales o inadecuados para los objetivos que se persiguen, de no informar a la comunidad autónoma sobre las condiciones de la distribución de recursos o de asignar a Galicia una cantidad inferior a la que le correspondería. Pero no fue hasta el reparto de los fondos de empleo cuando el Ejecutivo autonómico saltó de la queja, más o menos formal, al conflicto institucional. A mediados de diciembre, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, firmó un requerimiento para demandar al Consejo de Ministros la reversión del acuerdo por el que se distribuyeron 9 millones de euros entre Extremadura, Navarra, País Vasco y Comunitat Valenciana, alegando que las políticas activas de empleo son de competencia autonómica, que el Gobierno detrajo fondos de forma discrecional del montante global para proceder a su asignación, y que se incumple la ley estatal de subvenciones. Agotado el lunes el plazo de respuesta del requerimiento (un mes), el Gobierno central no ha contestado. La Xunta le dará dos o tres días más de margen y, si sigue sin responder o no se satisfacen sus demandas, asegura que entonces acudirá a la vía judicial, como Madrid. "No es un boicot. Lo importante es mandar un mensaje de que los fondos no se pueden repartir de forma discrecional", zanjó Feijóo. X. A. TABOADA Comunitat Valenciana La Generalitat Valenciana no ha recibido ni más ni menos que lo que le corresponde en el reparto de fondos europeos: 1.018 millones de euros. Esa es la postura que defiende el Ejecutivo de Ximo Puig, que descarta que existan favoritismos del Gobierno central sobre determinadas comunidades, y acusa al PP de ejercer una "oposición irresponsable". No solo por la polémica decisión de Isabel Díaz Ayuso de recurrir a la justicia, sino por dedicarse a "lanzar sospechas" en la UE para tratar de erosionar a Pedro Sánchez, desatando la confrontación entre territorios. El presidente valenciano defendió que la comunidad está peleando cada euro con la presentación de proyectos para captar unos fondos a los que aspira de forma "digna y democrática", pero puso el acento en que sea, precisamente, la Comunidad de Madrid la que acuda a los tribunales. Puig mantiene en el punto de mira a esa región por considerar que es la más beneficiada por el 'efecto capitalidad' derivado de la concentración de buena parte de las sedes de las instituciones del Estado. Ese discurso genera tensiones con Ayuso, que alcanzaron su punto álgido cuando Puig llegó a plantear que se debía compensar al resto de territorios por ese 'efecto capitalidad' e impulsar una armonización de impuestos que evite el 'dumping fiscal' que, asegura, practica Madrid. M. A. RIVES Illes Balears En el caso de Balears, el PSOE de Francina Armengol gobierna junto a Podemos y los ecosoberanistas de Més. Hasta el momento, ningún cargo del Ejecutivo autonómico se ha posicionado en contra del actual reparto de los fondos, ni en público ni en privado. En su discurso oficial, el Govern autonómico ha puesto el énfasis en la necesidad de estos recursos para emprender una modernización de las infraestructuras públicas. Hay que tener en cuenta que la inversión prevista asciende hasta los 4.640 millones de euros. Hace unos días, la presidenta Armengol recriminó a Isabel Díaz Ayuso que haya optado por "judicializar" el reparto de los fondos, cuyo impacto va a ser "fundamental" para el devenir político del país. Una de las principales fijaciones del Govern es que estos recursos extraordinarios vayan destinados a reforzar los servicios públicos. Por ello, tienen previsto ejecutar durante 2022 varios proyectos importantes con un presupuesto de 413 millones. Por ejemplo, 43 millones para infraestructuras ferroviarias y 37 para reformar y construir nuevos centros educativos. Así, los objetivos de Balears respecto a los próximos años son invertir en vivienda, turismo sostenible, movilidad y medio ambiente. GUILLEM PORCEL Extremadura La Junta de Extremadura está de acuerdo con el reparto de fondos europeos fijado por el Gobierno y no se plantea recurso alguno. Es más, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha lamentado públicamente que la Comunidad de Madrid haya anunciado que va a llevar al Tribunal Supremo el reparto de estos fondos y que se considere, además, a Extremadura como una de las comunidades "privilegiadas" en el reparto. "No es la España en la que yo creo", ha replicado. Para Vara, la acusación "parece de chiste" y es "una verdadera irresponsabilidad" que se enfrenten territorios y personas. El presidente extremeño ha recordado cómo, durante los meses "más duros de la pandemia", Extremadura envió respiradores a la Comunidad de Madrid porque "hacían falta", y ahora, sin embargo, "dicen que es una comunidad privilegiada". "La región cogió sus respiradores y los mandó a la Comunidad de Madrid porque estaban en un momento mucho peor”, remarcó Fernández Vara, quien añadió esa es la España que quiere, "y no la de fuegos artificiales que parece que algunos quieren construir todos los días". ANTONIO CID Castilla y León El Gobierno de Castilla y León critica también la "arbitrariedad" del reparto de los fondos europeos, sesgado, a su juicio, por razones "ideológicas y partidistas", pero prefiere agotar la vía política. Sin descartar acudir a la justicia, la Junta que preside Alfonso Fernández Mañueco está a la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez conteste a una requisitoria enviada la semana pasada. Meses atrás, cuando aún no se había roto la coalición con Ciudadanos y convocado elecciones, las Cortes de Castilla y León aprobaron una proposición no de ley, que no contó con el apoyo del PSOE, para instar al "reparto justo" de los fondos europeos. Posteriormente, en octubre, el Ejecutivo regional envió una carta a la vicepresidenta Yolanda Díaz en la que protestaba por la exclusión de la comunidad de la línea de ayudas destinadas a combatir el paro juvenil y la despoblación. Y el pasado jueves, el Consejo de Gobierno resolvió presentar el requerimiento que afecta a 9 millones de euros para políticas activas de empleo, tras considerar el reparto "discrecional y sin consenso", al haber beneficiado a cuatro comunidades y dejar fuera a 13, entre ellas, la castellanoleonesa. El siguiente paso sería actuar como Madrid y acudir al Supremo, o bien esperar a que una posible resolución a favor de Ayuso pudiera aplicarse a Castilla y León. MARISOL LÓPEZ Aragón La estrategia del PP de judicializar el reparto de fondos europeos por parte del Gobierno central ya está instalada en Aragón de la mano del nuevo líder de los conservadores en la comunidad, Jorge Azcón, que de momento es el único dirigente que ha alzado la voz y amenazado con ir a los tribunales, pero poniendo el foco en el "agravio" que ha sufrido, dice, la ciudad de Zaragoza, de la que es actualmente alcalde. Se queja de que no ha obtenido ni un euro de los distribuidos para proyectos de Turismo y Movilidad, aunque en los de Comercio, los últimos que se han conocido, sí percibirá dos millones sin que haya habido quejas. El presidente de la comunidad, Javier Lambán, y su posible rival en la contienda electoral de 2023, asegura que "sería extraño que hubiera algo que el PP no llevara a los tribunales" porque "lo judicializa todo". Sin entrar en más polémicas con un Azcón que ya ha calificado abiertamente de "sectario y partidista" el criterio con el que el Gobierno ha repartido los fondos europeos. Sus quejas se centran en unos proyectos de Zaragoza que, según el Ejecutivo, ni siquiera pasaron la criba realizada por los técnicos en Madrid para ajustarse a los criterios que exige Europa. Pero el líder conservador en Aragón sigue la estela de Isabel Díaz Ayuso, de recurrir a los tribunales. D. L. G. Murcia El Gobierno de la Región de Murcia "agotará todas las vías políticas y administrativas" para exigir que los fondos europeos "lleguen a todas las comunidades autónomas con justicia y equidad" antes de acudir a los tribunales a reclamar el dinero. El Ejecutivo murciano calcula que a la región le corresponden unos 2.400 millones de euros. "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que los fondos europeos se distribuyan de forma sectaria y guiándose solo por criterios políticos, tal y como parece que está haciendo el Gobierno central, empeñado en castigar una vez más a los de siempre y beneficiar también a los de siempre. Vamos a agotar todas las vías políticas y administrativas, y si no dan resultado, por supuesto que iremos a los tribunales", sostiene el presidente murciano, Fernando López Miras. Recuerda que, incluso, se dirigió en 2020 a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, "para pedirle que velase por que el reparto fuera justo y para garantizar que ese dinero llegue a empresas, pymes y autónomos". Para López Miras, el reparto de los fondos "ha estado marcado desde el inicio por la incertidumbre, la falta de información y de comunicación y una nula participación de las comunidades autónomas, así como por la arbitrariedad". MARÍA JOSÉ GIL Asturias El Gobierno asturiano no prevé ejercer ningún tipo de acción jurídica contra la asignación directa de fondos europeos. El Ejecutivo socialista de Adrián Barbón ha cerrado filas con la Moncloa, criticando la vía judicial iniciada por Isabel Díaz Ayuso. Barbón ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de "dañar a España" con sus declaraciones sobre el riesgo de prácticas corruptas con los repartos de las ayudas europeas. El principado tiene asignados por ahora 394 millones de euros. El vicepresidente autonómico, el también socialista Juan Cofiño, ha apuntado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid: "La señora Ayuso está instalada en su lucha de poder frente a Casado y a eso responde su postura respecto a los fondos europeos; aprovecha este asunto o cualquier otro para ganar notoriedad en su batalla frente al presidente de su propio partido". Desde la oposición, la líder regional del PP, María Teresa Mallada, ha reclamado a Barbón "que no traicione a los asturianos y defienda sus intereses", exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez un reparto "justo y transparente" de los fondos europeos. Según Mallada, el caso denunciado por Díaz Ayuso evidencia que el Ejecutivo central "consigna los fondos obedeciendo a criterios ideológicos y de conveniencia política". L. G. Canarias El Gobierno de Canarias no tiene queja del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el reparto de los fondos europeos. Al menos de momento, ya que la Consejería de Hacienda vigila de cerca cualquier movimiento del Gobierno central por si la comunidad autónoma saliese mal parada. En el Ejecutivo regional (un cuatripartito liderado por el PSOE en el que también están Podemos y dos partidos de ámbito insular) consideran que la decisión de Isabel Díaz Ayuso de llevar a los tribunales el reparto de los fondos comunitarios "obedece a una posición política". La principal demanda del Gobierno canario en relación con los fondos europeo es que en el reparto no solo se tenga en cuenta la población, sino también el mayor o menor golpe recibido durante la pandemia y la situación en que la crisis sorprendió a cada autonomía. El Ejecutivo insular considera que esto se ha cumplido hasta el momento. Por ejemplo, en el reparto de los 7.000 millones para ayudas directas a empresas y autónomos, el archipiélago recibió 1.144 millones, mucho más de lo que le habría tocado si solo se tuviera en cuenta la población. El motivo: que la caída del PIB canario también fue mayor. Más difícil será, reconocen desde el Gobierno canario, que se cumplan sus exigencias en la distribución de los fondos para la regeneración económica, que son la mayor parte, porque ese dinero irá directamente a las empresas y depende de los proyectos a ejecutar. MOISÉS ÁLVAREZ

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