El mando apartado de los Mossos pidió amparo judicial para poder investigar al Govern

El intendente de los Mossos d'Esquadra Toni Rodríguez, destituido como jefe de la Comissaria General d'Investigació Criminal (CGIC) tras el relevo del mayor Josep Lluís Trapero, pidió amparo al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para poder seguir con las investigaciones que afectaban al Govern de la Generalitat. Según todas las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, los hechos sucedieron de la siguiente manera. A principios de 2019, la fiscalía encargó a los Mossos investigar a un sargento que hacía de guardaespaldas de Carles Puigdemont en Bruselas. Más en concreto, lo que ordenó el ministerio público fue averiguar si el entonces 'conseller' de Interior, Miquel Buch, había prevaricado al crear para este sargento un cargo de asesor personal que le dotaba de un sueldo sin la necesidad de trabajar de policía y le daba el margen necesario para poder proteger a Puigdemont. No eran deberes sencillos, pues implicaban poner la lupa sobre su jefe político, el 'conseller' Buch, y, además, el sargento presuntamente agraciado con un cargo a su medida también era un pariente cercano del entonces máximo responsable del cuerpo, el comisario Miquel Esquius. Pero Esquius no opuso ningún tipo de resistencia. Muy al contrario, dio instrucciones de que se cumpliera con la orden de la fiscalía. Rodríguez, que en aquella época se encontraba al frente de la Divisió de Investigació Criminal (DIC) –que depende de la CGIC–, asumió esa tarea. Fue una labor a la que destinó numerosos esfuerzos y que ha permitido acreditar, según fuentes policiales, el presunto delito de prevaricación por el que será juzgado Buch próximamente. Esquius, siempre según las fuentes consultadas por este diario, no interfirió en esa investigación. Pero fueron unas pesquisas tortuosas porque las presiones comenzaron cuando el intendente Eduard Sallent aprobó la plaza de comisario y, antes de estrenarla, Buch lo nombró jefe de los Mossos en sustitución de Esquius, en junio de 2019. Borràs y la Diputació de Lleida Bajo el mando de Rodríguez, los Mossos habían arrancado en esa época, y en paralelo a la carpeta de Buch, otras investigaciones que afectaban al Govern. Una salpicaba a la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, y otra, al presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé. De este último caso de Lleida, además, surgió una pieza separada que acabó conectando con la presunta financiación ilegal de la extinta CDC, con la trama del 3%, que llevaba la Guardia Civil. La lupa, además, se posó sobre la productora Triacom Audiovisual y algunos encargos realizados para la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals durante la época en la que la dirigió Brauli Duart. En el momento en el que los Mossos estaban tirando de ese hilo, Duart era el secretario general de Interior, es decir, el número dos de Buch. En un margen relativamente estrecho de tiempo, la Unitat Anticorrupció de los Mossos, bajo la tutela de Rodríguez, investigaba a su jefe político, Buch; al entorno de su número dos, Duart; y a la entonces 'consellera' Borràs. A esos tomos hay que añadir algún otro caso de menor calado que apunta a ayuntamientos en manos también posconvergentes. Las presiones Según las fuentes consultadas por este diario, la jefatura que tomó el relevo de Esquius y que lideraba Sallent sí reclamaba a Rodríguez saber en qué punto se encontraban las investigaciones. Sobre todo, la que afectaba a Buch. Sobre la marcha de estas pesquisas aparecieron publicadas en un diario digital informaciones que acusaban a Rodríguez de haber actuado con el caso del guardaespaldas como lo habría hecho Daniel Baena, el instructor de la Guardia Civil que se hizo cargo del 'procés'. Y esas noticias se compartían en un grupo de Whatsapp de los comisarios de los Mossos con la intención de desacreditar el trabajo de Rodríguez y del subinspector a cargo de la unidad anticorrupción. Fue más o menos entonces, conscientes de los casos que investigaban y afectaban al Govern y de que no contaban con el apoyo de la actual cúpula, cuando pidieron el amparo del TSJC para evitar que pudieran ser apartados de las pesquisas. La justicia concedió ese amparo a principios de 2021 y la protección judicial blindó a Rodríguez. Así se llegó hasta el regreso del mayor Josep Lluís Trapero, en otoño de 2021. Con el mayor, las mismas fuentes aseguran que cesaron las presiones y que las investigaciones que incomodaban al Govern finalizaron. El interrogante del 'caso Borràs' La investigación del 'caso Borràs' comenzó por casualidad. Los Mossos estaban investigando a un hombre, Isaías Herrero, por tráfico de droga y falsificación de moneda y habían intervenido su teléfono. Así escucharon cómo el investigado se jactaba de su amistad con Borràs, entonces presidenta del Institut de les Lletres Catalanes (ILC). Ese indicio fue el que se confirmó con el hallazgo de correos electrónicos en el ordenador de Herrero durante el registro que los Mossos practicaron en su domicilio de Vacarisses, en diciembre de 2017. Esos son los correos que actualmente acorralan a Borràs y que sustentan el supuesto fraccionamiento en los contratos que habría concedido a dedo a Herrero. Los investigadores entraron en el CTTI poco después para buscar información acerca del trabajo que realmente había hecho Herrero por encargo de Borràs para el ILC. Pero no encontraron ni rastro. Lo cual podía significar que alguien se había encargado de borrarlo. Ese interrogante coincidió además con la publicación por parte de la Cadena SER del registro en el CTTI por parte de los Mossos y, también, de la polémica que Borràs y Buch protagonizaron horas después al decir públicamente la primera que había preguntado directamente a Buch si los Mossos la investigaban y este había respondido que no, un diálogo que supondría quebrantar el secreto de sumario que existía sobre el caso. Borràs rectificó horas más tarde. La suma de esos factores acabaron provocando que el juzgado apartara a los Mossos del caso y decidiera entregarlo a la Guardia Civil. A pesar de que Borràs ha reiterado que los Mossos no hallaron ningún delito en su caso y que por eso la justicia entregó el caso a la Guardia Civil, lo cierto es que fueron los Mossos quienes descubrieron el presunto delito y el juzgado quien los relevó temporalmente debido a los sucesos anteriores: el interrogante sobre por qué no se hallaron pruebas en el CTTI, la publicación del registro en los medios y las declaraciones de Borràs. Actualmente, el Tribunal Supremo, órgano que investiga a Borràs por su condición de aforada, ha devuelto a los Mossos unas pesquisas que llevan conjuntamente con el instituto armado. Peticiones de comparecencia Con todas las investigaciones prácticamente concluidas por parte de los Mossos, el amparo judicial también se terminó. Y tras la marcha de Trapero, la nueva cúpula, de la que forma parte el comisario Sallent, anunció al día siguiente del relevo del mayor que apartaba a Rodríguez de la CGIC. La sospecha de que se le envía a dirigir la comisaría de Rubí, lejos de los puestos de mando del cuerpo, se ha interpretado por parte del cuerpo como un castigo por no haber compartido la información que se le requirió sobre las investigaciones que afectaban al Govern. La oposición ha reclamado las comparecencias del 'conseller' de Interior, Joan Ignasi Elena, y del vicepresidente, Jordi Puigneró, en el Parlament en los próximos días a petición de la oposición para explicarse sobre este asunto. Tras ser destituido, el jefe de la Unitat Anticorrupció que había trabajado en estos casos codo a codo con Rodríguez, presentó su dimisión y actualmente sigue sin destino.

El mando apartado de los Mossos pidió amparo judicial para poder investigar al Govern

El TSJC concedió a Toni Rodríguez amparo judicial ante la falta de apoyo a sus pesquisas por parte de la cúpula que sustituyó a Trapero

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