Juan Carlos I, el rey emérito, cumplió el miércoles 84 años. Lo hizo entre especulaciones sobre su posible retorno a España. Una decisión que está pendiente de dos resoluciones judiciales como ha explicado Ernesto Ekáizer. La primera de la Fiscalía española que debe decidir si observa algún delito contra la Hacienda Pública en los pagos que hizo a través de la fundación Zagatka cuando ya no gozaba de inmunidad. La segunda de la Royal Court of Justice precisamente sobre la vigencia de su inmunidad en la demanda que le ha presentado su antigua amante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, por acoso, seguimiento ilegal y difamación, presuntamente a cargo de los servicios secretos españoles. Juan Fernández-Miranda y Javier Chicote acaban de publicar un trabajo de periodismo basado en documentos. El jefe de los espías recoge las notas del que fue director general del CESID, el general Emilio Alonso Manglano, entre 1981 y 1995. La simple lectura de los entrecomillados de este alto funcionario del Estado en las notas que resumen sus audiencias con el Jefe del Estado permite hacerse una idea bastante clara del comportamiento de Juan Carlos en los dos asuntos que dirime ahora la justicia: el cobro de comisiones y las relaciones con las mujeres. En ambos casos se observa como una interpretación torticera de la inmunidad del Jefe del Estado y una equivocada lealtad al Estado desembocan en una impunidad que causó, y causa, graves daños a la monarquía y al Estado.