El puzle del Gobierno para el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –caducado hace tres años y casi dos meses– no tendrá lugar, como mínimo, hasta después de las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León, o, quién sabe, hasta después de que se celebren, como parece probable, comicios anticipados en Andalucía en junio. Pero en medio del bloqueo que mantiene el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se va a entrometer la renovación de cuatro plazas en el Tribunal Constitucional (TC) también en junio. El artículo 159.1 de la Constitución establece que el TC se compone de 12 miembros, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del CGPJ. Y el artículo 159.3 señala que los miembros del TC serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. En junio próximo vencen los mandatos de los magistrados conservadores Pedro González-Trevijano (presidente), Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez y del progresista Juan Antonio Xiol (vicepresidente). Y después de nueve años toca al Gobierno nombrar dos magistrados y al CGPJ otros dos. Si bien con la cuota gubernamental no se plantea ninguna dificultad, el problema surge con el CGPJ. Porque está vigente desde marzo de 2021 la norma legal que prohíbe hacer nombramientos a un CGPJ caducado, una iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez, aprobada por mayoría en el Congreso y el Senado. El papel del PP En las conversaciones para renovar las instituciones entre Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, y Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, se abordó, según fuentes fidedignas, esta situación. El PP apoyó la renovación del TC en noviembre pasado y, según esas fuentes, expresó su disposición a garantizar la siguiente cobertura de plazas en el TC –la del próximo mes de junio– en el caso de que el CGPJ siguiera sin renovarse. Uno de los mecanismos contemplados sería el de impulsar por la misma mayoría parlamentaria que aprobó la prohibición de nombramientos una modificación legal para permitir al CGPJ nombrar a los dos magistrados del TC en junio. Una hipótesis es que el PP, si bien sus votos son innecesarios, no se opondría a dicha reforma. No es la única posibilidad, según las fuentes consultadas, prevista. Hay otros dos mecanismos. La modificación introducida en la ley orgánica del poder judicial –prohibir que el CGPJ siga haciendo nombramientos habiendo caducado su mandato o estando en funciones– ha sido objeto de dos recursos de inconstitucionalidad en abril de 2021 por parte de Vox y del PP, en los cuales han sido designados ponentes los magistrados María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol. Nueva regulación No sería necesaria la declaración de inconstitucional de la norma prohibitiva como tal para facilitar los nombramientos por parte del CGPJ. El TC podría declarar inconstitucional solamente la prohibición para hacer nombramientos para su propio órgano. La idea: una cosa es que el CGPJ no haga nombramientos en su función ordinaria en el ámbito judicial cuando se encuentra en una situación extraordinaria (caducado) y otra cambiar por ley algo que está en la Constitución, que es que el CGPJ nombra cada nueve años dos miembros del TC. Esta nueva regulación de la ley orgánica del poder judicial modifica un precepto de la Constitución que se encuentra dentro del apartado del TC no dentro del apartado judicial. El nombramiento de las ternas del Gobierno y del CGP viene impuesto por la Constitución lo que hace cuestionable que se pueda prohibir al CGPJ por ley orgánica, que está por debajo de la Constitución. Recapitulando. Hay tres mecanismos teóricos y prácticos que garantizarían la elección de los dos miembros por parte del CGPJ para el TC. De aquí a junio se acuerda la renovación del CGPJ o inmediatamente después de las elecciones de Castilla y León el 13 de febrero. Escenario descartado. Que el propio TC declare inconstitucional ese apartado de la ley que prohíbe al CGPJ nombrar magistrados. Modificación de la ley de prohibición de hacer nombramientos. El Gobierno se inclina en principio, según las fuentes consultadas, por la modificación puntual de la ley para autorizar al CGPJ el nombramiento de magistrados del TC. Los candidatos El mecanismo que finalmente se utilice tendrá influencia en los dos candidatos que se postulen en el CGPJ. Si se renueva el Poder Judicial, el actual presidente caducado, Carlos Lesmes, será, como ya es tradición en los presidentes del Supremo y CGPJ (Javier Delgado, Francisco José Hernando o Pascual Sala) candidato a magistrado del TC. Pero si se levanta la prohibición y es el actual CGPJ, del cual Lesmes es presidente, el que elegirá a los dos candidatos, él está excluido, porque los nombramientos no pueden recaer en los vocales. En cambio, el bloqueo del CGPJ, facilitaría candidaturas como la de Manuel Marchena, en el ecuador de su segundo mandato de cinco años como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien no tendría que competir con Lesmes. En noviembre de 2013, Marchena perdió ante Lesmes la presidencia del Supremo y del CGPJ como resultado de la orden del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de respaldar a Lesmes cursada a los vocales del sector llamado progresista. Con todo, en este último escenario –el actual CGPJ designaría a los dos magistrados– hay otros candidatos. Rafael Fernández Valverde, magistrado de la Sala Tercera del Supremo, es uno de ellos. Es vocal del CGPJ desde diciembre de 2013, después de un primer mandato en 1996-2001, y, a diferencia de Lesmes, se jubila en marzo, por lo que es elegible. Los escenarios previstos, pues, intentan darle la vuelta a lo que ya es una "normalidad" para Casado y el PP: el bloqueo al imperativo constitucional de renovar las instituciones.

El puzle del Gobierno para el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

Si se mantiene el bloqueo del PP a la renovación, se pondrán en marcha mecanismos para cubrir en junio las cuatro plazas en el tribunal de garantías

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