La norma general es que cuando se dicta una sentencia, aquel a quien beneficia el fallo se dirige al tribunal que la ha dictado para pedirle su cumplimiento. Pero no siempre las cosas son tan sencillas. En el caso de la que establece la obligatoriedad de impartir un 25% en castellano en los colegios catalanes solo se dio la razón a un litigante: la Abogacía del Estado. De ahí que le corresponda a ella instar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a hacer cumplir su resolución de diciembre de 2020, una vez que el Supremo rechazó, sin siquiera admitir a trámite, el recurso con el que la Generalitat se opuso.