Preocupación en el Ministerio de Interior por la "espiral de politización" de los policías

Más de 160.000 policías y guardias civiles, 17.300 mossos, 7.000 ertzainas y miles de agentes de la Policía Foral navarra y policías municipales están llamados este miércoles a concentrarse ante subdelegaciones y delegaciones del Gobierno para protestar contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, o ‘Ley Mordaza’. La concentración, convocada por la plataforma No a la España Insegura, con el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) liderando a diez organizaciones –y que ha obtenido el apoyo de la plataforma rival, liderada por Jusapol- se convierte en el prólogo de otra manifestación, esta sí de Jusapol, prevista para el día 27, y que se tiñe de color político tras confirmar su presencia la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el del PP, Pablo Casado, y el de Vox, Santiago Abascal. Arranca una de las grandes pruebas de desgaste al Gobierno de Pedro Sánchez, de tamaño proporcional a la expectativa generada por la derecha en torno a estas protestas policiales. Y no sin preocupación en el Ministerio del Interior y en las cúpulas de la Policía Nacional y la Guardia Civil por la “espiral de politización” –califica una fuente ministerial- de los uniformados. Desmarque de UGT No muy lejos de esa razón, la Federación de Servicios Públicos de UGT ha aclarado este martes que no participa en las manifestaciones. Contra lo que se había difundido, el sindicato socialista se desmarca explicando que está “en el camino del diálogo y la negociación para sacar adelante la mejor ley posible” y no en la vía de las protestas. Las propuestas de reforma que han trascendido –no castigar las manifestaciones no avisadas, ajustar las multas al poder adquisitivo del multado y limitar el tiempo de retención de un ciudadano- a juicio de UGT “no deben de entenderse como un ataque a los derechos de los empleados públicos policiales, ni una limitación ni debilitamiento de la Seguridad Ciudadana”. Es lo contrario que sostienen PP, Ciudadanos y Vox -“Quieren que el terror impere en las calles con impunidad” ha dicho Ayuso- y sindicatos como Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, que se pregunta en un comunicado “si el objetivo de la reforma de la ley es que unos pocos violentos campen a sus anchas”. Arengas Con lucir de uniformes circula en todo tipo de chats policiales de Whatsapp y Telegram uno de los más exitosos videomontajes con que Jusapol anima a participar en su manifestación del día 27. “La modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, de llevarse a cabo, se convertirá en la Ley de Odio a la Policía”, asegura el spot. De fondo retumban unos timbales. “Alguien nos quiere desarmados tanto material como legalmente. Nos quieren sumisos porque su intención es convertirnos en una policía bolivariana”, prosigue. Otros videoargumentarios difundidos por el más radical –y ahora mayoritario- de los sindicatos policiales no oculta la dimensión política de su convocatoria: “¡Pánico en Moncloa (…) puede ser un acto que mine profundamente al Gobierno”, asegura. Inquietud política La Policía de Madrid prepara un dispositivo especial para la manifestación del día 27, y otro no tan especial para las de este miércoles, si bien de cara a la del sábado los analistas de Interior no prevén incidentes y sí que entre los agentes marche un importante porcentaje de paisanos. No es tanto su número como su temperatura lo que preocupa en los sectores oficiales sondeados por este diario. “Se trata de una manifestación preventiva” califica un cercano observador en el Ministerio del Interior. Se refiere a que las propuestas de reforma de la Ley orgánica 4/2015, de Seguridad Ciudadana, tardarán aún meses en hacerse realidad, si se hacen. La ponencia se acaba de constituir en el Congreso, y su dictamen aún no ha comenzado a elaborarse. Las fuentes en la acera oficial suavizan la crítica para no calentar más el ambiente. Este lunes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lamentó en Mérida (Badajoz) las ascuas que en estas manifestaciones se arrima el Partido Popular, en pugna con Vox por su influencia en los colectivos policiales. Para el ministro, el PP “hace un flaco favor” al “politizar” estas manifestaciones. La neutralidad política, indican otras fuentes cercanas a la Secretaría de Estado de Seguridad, es clave para la alta valoración que obtienen Policía y Guardia Civil en los barómetros del CIS, “y eso está en peligro, porque en pleno trámite parlamentario, estas convocatorias alinean a los sindicatos policiales con un grupo, y para la gente los sindicatos policiales son la policía”. Escenario complicado Tres elementos complican el escenario de las concentraciones de este miércoles y la del sábado: uno, no hay teléfono rojo de Interior con la plataforma que lidera la protesta. Dos, el Gobierno pacta con ERC y Bildu la jubilación a los 60 años para mossos y policías forales. Y tres, se encona el conflicto del metal en Cádiz. Una nueva cultura sindical ha sucedido en la Policía y la Guardia Civil a la tradicional de presión-negociación que encarnaban el SUP y la AUGC cuando tenían la mayoría. No hay comunicación directa de los líderes de Jusapol y sus franquicias Jupol y Jucil con el ministro, que pudiera facilitar el diálogo. Grande-Marlaska acababa de reunirse con Jupol el día 11 cuando Jusapol convocó su manifestación. Fue en el marco de reuniones que el titular de Interior celebra anualmente con todos los sindicatos. Este mes prevé acabar de verse con los de la Policía, y en diciembre sentarse con las asociaciones de la Guardia Civil. Entre tanto, el acuerdo para la jubilación anticipada de los policías catalanes y navarros (los ertzainas ya la tienen, y en la Policía Nacional y la Guardia Civil es posible con condiciones), puede contribuir a desmovilizar el apoyo de mossos y policías forales a la movilización. Los sindicatos de la policía catalana siguen sin adherirse; la sombra de Vox los espanta. En el sur sí hay un factor movilizador. Dirigentes sindicales y de Podemos, el alcalde de Cádiz, José María González, y la líder andaluza de la formación, Teresa Rodríguez, han criticado a los antidisturbios de la Policía por llevar un vehículo blindado. Fuentes del cuerpo policial han aclarado que la tanqueta no se usa contra la gente, sino para remover obstáculos pesados y barricadas. La tanqueta fue exhibida por la Policía en el desfile del 12 de octubre de 2018, pero ningún líder de Podemos estaba allí para verla. La discusión por su uso es en cualquier caso puro combustible: las críticas contra los policías en Cádiz son mostradas en los canales de Jusapol con tanta intensidad estos días como las arengas.

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Vídeos arengatorios de Jusapol calientan a sus seguidores: "Quieren una policía bolivariana"

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