El Consejo Fiscal se reúne tras conocerse las maniobras de Delgado en el 'caso Tándem-Villarejo'

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, según los documentos que EL PERIÓDICO ofrece a sus lectores, fue la auténtica impulsora, entre bastidores, de unas diligencias de investigación que tanto el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Carlos Ruiz de Alegría, como su jefe, Jesús Caballero Klink, propusieron, después de investigar documentos y tomar declaración a testigos, archivar con rotundidad. Esas diligencias se iniciaron, con gran resonancia mediática, a raíz de una denuncia anónima sobre filtraciones del sumario contra los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano, a cargo del 'caso Tándem-Villarejo' desde 2017. Pero la Fiscalía General del Estado (FGE) limitó ya desde el comienzo esas diligencias, secundadas más tarde por una denuncia del partido ultraderechista Vox contra ambos fiscales, solamente a Stampa. Sin dar explicaciones. El Consejo Fiscal se reúne este miércoles para abordar el caso. El expediente completo del TSJM fue entregado a Stampa, tras solicitarlo para defenderse –es parte en el procedimiento–, en noviembre de 2020 por el entonces fiscal superior Caballero Klink. En ese expediente, precisamente, constan las instrucciones, bajo la apariencia de sugerencias, que la mano derecha de Dolores Delgado, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García, cursaba a los fiscales del TSJM cada vez que proponían el archivo de las diligencias. La Secretaría Técnica asiste a la FGE, pero no tiene, reglamentariamente, autoridad alguna sobre otras instituciones, en este caso la Fiscalía del TSJM. El 5 de octubre de 2020, el fiscal superior Caballero Klink trasladó a García envió el proyecto de decreto de archivo de las diligencias del instructor el teniente fiscal del TSJM, Carlos Ruiz de Alegría, en el que señalaba: “No cabe apreciar huella alguna de indicios ni tan siquiera de sospechas que avalaran la pretensión del partido denunciante…no acreditándose ninguna filtración o revelación [en la causa Tándem-Villarejo]”. El fiscal jefe García contesta el 8 de octubre de 2020 “se considera la pertinencia de tomar declaración en calidad de testigo al Sr. José Manuel Calvente, quien tiene estrecha relación con el procedimiento…”. Y añade que “asimismo se considera que puede ser muy esclarecedora la declaración en calidad de testigo del compañero fiscal que interviene junto con el denunciado, Sr. Stampa, en procedimiento [Tándem-Villarejo] del que trae causa la denuncia. Sr. Miguel Serrano”. En realidad, los “denunciados” era ambos fiscales. Pero las diligencias solo se hicieron para Stampa. Ahora a quien fue denunciado, en cambio, se propone como testigo. El afán de controlar las diligencias es transparente. “Ruego a V.E. mantenga este cauce de comunicación haciendo llegar los nuevos hitos procesales de relevancia que se adopten en relación al mismo”. El 23 de octubre, tras realizar las diligencias sugeridas, envía un nuevo decreto de rotundo archivo de las diligencias seguidas por denuncia de Vox. El documento, de 12 folios, también se refiere a una nueva denuncia que secunda a las anteriores por parte de María Montero, periodista, sobre la que dice que “no procede practicar diligencia alguna…”. Según lo que puede denominarse la caja negra de las comunicaciones de la Fiscalía General, este escrito es remitido por el TSJM a las 12:25 y fue leído en la Secretaría Técnica a las 12:33 horas. La fecha es clave. Ya está convocado el Consejo Fiscal, órgano asesor de la FGE, al que Delgado llevará la propuesta de adjudicar 8 plazas fijas en la Fiscalía Anticorrupción. Stampa aspira a una de ellas después de instruir 30 piezas del 'caso Tándem-Villarejo' en cinco años. En un registro en la cárcel de Estremera ese 23 de octubre, Stampa, tras preguntarle Villarejo en su celda si todavía la fiscal general aún no le ha cesado, encuentra pruebas de las vinculaciones entre una de sus denunciantes, Montero, y Villarejo. La Fiscalía pide al juez García-Castellón su imputación. Sin éxito. El fiscal-jefe García contestará a la segunda propuesta de archivo pero se tomará su tiempo. Mientras, el 27 de octubre Delgado saca adelante en el Consejo Fiscal su propuesta de no dar la plaza a Stampa. Le apoyan porque hay que existe “presión mediática”, según declara la portavoz de la Asociación de Fiscales. García contesta el 4 de noviembre, trece días después de recibir el segundo decreto de archivo de 23 de octubre: “Antes de adoptar resolución alguna, interesamos nos remitan la totalidad de las diligencias de investigación”. Caballero Klink las envía al día siguiente, 5 de noviembre. Casi un mes más tarde -las diligencias seguían sin archivar-, García admite que el decreto de 23 de octubre “se refiere de forma pormenorizada a las actuaciones” pero “dada la trascendencia del asunto, la gravedad de los hechos denunciados y la necesidad de agotar las diligencias me permito realizarle las siguientes sugerencias”. García propone pedir a la Audiencia Nacional el chat interno de los servicios jurídicos de Unidas Podemos, así como “un [nuevo] interrogatorio más amplio y esclarecedor” a José Manuel Calvente y tomar declaración a la periodista Patricia López; volver a interrogar a abogados de Unidas Podemos, Marta Flor Núñez y Alejandro Gámez y pedir un presunto correo de la abogada Flor Nuñez al fiscal Alejandro Luzón. Insiste en que “se mantenga este cauce de comunicación, haciendo llegar los nuevos hitos procesales de relevancia que se adopten“. El instructor, Ruiz de Alegría, rechaza las nuevas diligencias sugeridas y quien las asume es su superior, Caballero Kilnk, quien asume la tarea. Al conocer que Stampa tiene acceso a la caja negra, la FGE ordena el 15 de enero de 2021 el desglose de las comunicaciones con el TSJM -retirarlas del expediente- y considera que es material secreto. El 16 de febrero, Caballero Klink dicta el tercer archivo, esta vez definitivo… sin realizar ninguna nueva diligencias a las ya practicadas hasta el 23 de octubre de 2020.

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