La judicatura es uno de los tres pilares del Estado de derecho. Si bien las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo gozan, en general, de buena salud, las relaciones con el poder judicial son tormentosas. Una parte de la doctrina, del Congreso y de los propios jueces consideran que no deben ser los parlamentarios los únicos en intervenir en la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No ocurre así en otros de los llamados órganos constitucionales, los que requieren de mayorías cualificadas. Por otro lado, una parte de la sociedad española considera que en el caso de los jueces no hubo una operación de democratización como la que se produjo en el Ejército de la mano de Narcís Serra y Lluís Reverter. Y aunque no queden magistrados nombrados por Franco, lo cierto es que algunas sagas familiares perviven y el acceso a la judicatura sigue siendo un concurso de méritos para el que se necesita un buen cojín económico para acceder. De manera que la elección del gobierno de los jueces, el CGPJ, es siempre dramática, entre otras cosas, porque de ello dependen nombramientos en salas que están juzgando asuntos de los partidos que gobiernan, han gobernado o gobernarán.