El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado investigar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà por los avales del Institut Català de Finances (ICF) a los exaltos cargos de Govern encausados por el Tribunal de Cuentas.
En un auto, la sala civil y penal del TSJC, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, acuerda inadmitir a trámite las denuncias que presentaron Vox, Convivencia Cívica Catalana y Cs contra Aragonès y sus consellers por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
La sala razona en su auto que "nada permite afirmar que el marco legal aprobado por el Govern de la Generalitat sea arbitrario por sí mismo y que posibilite sin más una administración desleal de fondos públicos".
Según el TSJC, el objeto de los avales aprobados por el Govern es "estrictamente cautelar" -porque prevé hacer frente al patrimonio de cargos públicos ante decisiones no firmes-, establece una serie de condiciones para su prestación y da potestad a la Generalitat para denegarlo en aquellos casos en que la conducta del funcionario haya dado pie a un procedimiento sancionador por la propia administración.
Además, añade el auto, la normativa prevé que las cantidades garantizadas a través del ICF sean devueltas, en el caso de que la resolución judicial firme que recaiga sobre los beneficiarios "establezca finalmente la existencia de responsabilidad contable o civil derivada de falta o delito".
El tribunal afea a los denunciantes que aludan en sus denuncias a la "ilegalidad" de las actuaciones de los altos cargos avalados, teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas todavía no ha adoptado una decisión definitiva sobre el asunto.