Una de las iniciativas del Gobierno de coalición de mayor carga simbólica de la legislatura, la ley de memoria democrática, podría naufragar por falta de apoyos parlamentarios. A izquierda y derecha. La propia cúpula del PSOE y del grupo parlamentario asume que le será muy complicado amarrar los votos por la "dureza" de la posición de ERC y el portazo a la negociación por parte de Ciudadanos. La dirección insiste en que no está todo perdido, en que no da "por derrotada" una ley icónica y en que la va a pelear, tratando de convencer a los republicanos y tirando de "geometría variable", pero es consciente de que no será nada fácil. Es más, ya anticipa que su socio prioritario, ERC, "no la va a apoyar", como tampoco respaldó, recuerda, la ley de memoria histórica de 2007, la que está en vigor. A la vez, el cierre de las enmiendas parciales con Unidas Podemos ha destapado una nueva fricción en el seno del Ejecutivo, porque los morados defienden que se abre una puerta para juzgar los crímenes del franquismo, mientras que, para los socialistas, si entrara en vigor la nueva ley, no implicaría el juicio penal a los torturadores de la dictadura. Otro choque interno —el enésimo— a cuenta de una materia muy sensible para el bipartito.

"Tenemos un marrón encima. Pero esta ley o sale con el bloque de investidura o no sale", reconocen en la Moncloa. En línea con el pronóstico que hace una ministra socialista: "Esta ley no va a salir". Y es que el pesimismo se ha acrecentado en las últimas horas en el seno del PSOE, a la vista del feedback de los grupos. De hecho, las exigencias de ERC hicieron que el lunes el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, telefoneara a Cs para sondearlo. El martes, socialistas y morados cerraron la redacción de sus 30 enmiendas conjuntas al proyecto de ley y, ya el miércoles, Enrique Santiago, líder del PCE, secretario de Estado de Agenda 2030 y negociador de Unidas Podemos en esta norma en el seno del Ejecutivo, las presentaba ante los medios. Solo, sin ningún dirigente socialista al lado.

La enmienda clave es la que trata de ajustar la interpretación de la ley de amnistía de 1977, adecuándola a la lectura del Derecho internacional, según el cual "los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. Santiago aseguró que esa redacción abría la vía para acabar con la "impunidad" del franquismo, al orientar la acción de los tribunales, que hasta ahora han rechazado abrir causas penales por el muro de la norma de 1977. A la vez, reconocía que esa enmienda no tendría muchos efectos prácticos, pues la mayoría de los represores de la dictadura han muerto. "Acuerdo histórico", tuiteó la ministra de Derechos Sociales y jefa de Podemos, Ione Belarra. El PSOE dejó colear esa lectura de un cambio en el articulado que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, calificó de "humo". "Un triunfalismo absurdo" porque no se toca la ley de amnistía, dijo.

Félix Bolaños, titular de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y hombre fuerte de Pedro Sánchez, venía a coincidir, sin decirlo, con la interpretación de los republicanos. En una entrevista en Onda Cero, este miércoles, el ministro tejió una conclusión diametralmente opuesta a la hecha por su socio de gobierno. Un día más tarde. La iniciativa, aseguró, busca "poner en valor" tanto la ley de amnistía —cuya vigencia "ratifica"— como los tratados internacionales.

Que otros grupos se sientan "confortables"

"Cuando entre en vigor la ley [de memoria], la situación jurídica en esta materia será la misma que tenemos desde 2002, cuando España ratifica el Estatuto de Roma y lo incorpora al Código Penal en 2003". Bolaños insistió en que desde entonces se pueden investigar los crímenes de lesa humanidad en España, pero hay "dificultades" objetivas: que no queda "casi nadie vivo" de los torturadores franquistas y que la Constitución impide que las leyes penales sean retroactivas. Y la ley de memoria, añadió, es una norma ordinaria, jerárquicamente por debajo del Código Penal, que no se toca. El régimen legal, por tanto, "no cambiará".

Desde el ala socialista del Ejecutivo advertían que si se introdujo la enmienda fue para que "otros grupos se sientan confortables". UP, por descontado, pero también ERC, en este caso sin éxito. Las mismas fuentes mostraban su malestar por la venta que de la incorporación al texto hicieron los morados. Por eso Bolaños fue taxativo desde primera hora de la mañana, diluyendo por completo los efectos prácticos del texto, y en su entorno se afanaban en apuntalar esa versión: para el PSOE es "imprescindible" preservar "la Constitución, la ley de amnistía, los tratados internacionales y el legado de la Transición". Santiago, no obstante, incidía en la misma lectura en un hilo posterior de Twitter: la enmienda busca "levantar los supuestos obstáculos que han encontrado los jueces para acabar con la impunidad del franquismo".

Poco después de la entrevista de Bolaños en la radio, Cs dio portazo. "Le quiero decir al secretario de Estado de Memoria Democrática que no me llame. Que no llame a Cs hasta que se retire esa enmienda”, clamó el portavoz, Edmundo Bal. El dirigente naranja dio por concluida cualquier negociación con los partidos de Gobierno y les acusó de intentar colar en la ley de memoria un “torpedo a la línea de flotación” de la Transición. “No nos vamos a sentar si se toca una sola línea de la ley de amnistía”, reiteró. Bal explicó que “escuchó atónito” las palabras de Bolaños sobre que la situación jurídica no variará. Así, criticó que presenten una enmienda “absolutamente ridícula” que, en teoría, “no se va a poder aplicar”. En este sentido, apuntó que la propuesta de PSOE y UP busca “revisar la Transición española” y “hacerle los mimos a ERC” .

Lo cierto es que la formación independentista promete ser “firme” y se mantiene en sus demandas, que plasma en sus 65 enmiendas parciales [aquí en PDF] al proyecto del Ejecutivo: derogar parte de la ley de amnistía —los artículos 2.e y 2.f, que perdonaron los "delitos y faltas" que cometieron las autoridades del régimen para perseguir los actos de intencionalidad política— declarar la “ilegalidad” del franquismo y reparar moral, jurídica y patrimonialmente a las víctimas.

Una ley como "rehén"

El Gobierno se abre a “buscar una salida” para reforzar la condena de la dictadura, pero no ve encaje a que tenga “consecuencias jurídicas prácticas”, como quiere ERC. Ello supondría el desmontaje de todo el corpus legal sobre el que estuvieron sustentados 40 años de historia y abriría la veda a un aluvión de recursos judiciales que el Estado, aducen fuentes gubernamentales, no podría absorber. Además, el Ejecutivo rechaza que se “reabra” la cuestión del resarcimiento económico a las víctimas, porque ya se han pagado "cantidades importantes". El proyecto [aquí en PDF] reconoce que la declaración de "nulidad" de las condenas y sanciones del franquismo dictadas por motivos ideológicos dará derecho a un "reconocimiento y reparación personal", "sin que pueda producir efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, de cualquier administración pública o de particulares". El PSOE se niega a tocar la ley de amnistía, que reivindica como una conquista de la izquierda en 1977: UCD, el PSOE, el PCE, el PSP, la minoría vasco-catalana y el Mixto apoyaron la proposición, y solo Alianza Popular, antecesora del PP, se abstuvo. El texto salió adelante por amplísimo consenso: 296 votos a favor, dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo.

Los puntos de partida tan distantes anticipan que no será sencillo el acercamiento. En el PSOE y en el Gobierno apuntan que “intentarán” el acuerdo, explorarán el “margen” de entendimiento con “todos los grupos”, aunque reconocen que el doble portazo de las últimas horas pone todo ya muy cuesta arriba. Hay quienes en el Ejecutivo creen que al final ERC cederá o que podrá valer la “geometría variable”. Pero la sensación es que los republicanos pueden darse el gusto de oponerse a una ley de carga política pero que no tumbaría al Ejecutivo si embarrancara. "Aguantar en esto, en una batalla simbólica importante para los suyos, y además sin consecuencias terribles para nosotros, les va de maravilla para contrarrestar la imagen de que nos apoyan en casi todo", reflexionan desde Ferraz.

Algunos dirigentes se sorprenden de la dureza de ERC, cuando la redacción, que había dejado prácticamente lista Carmen Calvo antes de su salida del Gobierno, había sido "cerrada" con Rufián y con su antecesor en el cargo de portavoz en el Congreso, Joan Tardà, en quien recae el peso de las negociaciones. "Han cogido de rehén esa ley para discrepar en algo con nosotros", analiza otra fuente conocedora de las conversaciones que se han mantenido en estos meses. Desde el círculo de máxima confianza de Sánchez advierten, tajantes, que "ERC no va a apoyar" la iniciativa: ya votó en contra, con el PP, de la ley de memoria histórica de 2007 que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero, y al actual proyecto presentó enmienda de totalidad.

En ERC insisten: no habrá pacto si no hay una “reparación real”, “no se puede prometer indemnizar sin poder perseguir a los victimarios”, sin cambiar la ley de amnistía. Anticipan, además, que no cabe una abstención, una fórmula que podría valer a Sánchez, como ocurrió en la investidura. Así las cosas, en la cúpula parlamentaria del PSOE, que dirige el canario Héctor Gómez, lo admiten: las “espadas están en alto”, aunque perviva la "esperanza" de sacar adelante la norma. En cualquier caso, convienen en la dirección del grupo, hay tiempo: la semana próxima, la prioridad es sacar adelante la reforma de pensiones, el blindaje de los interinos, el ingreso mínimo vital y los Presupuestos para 2022. La ley de memoria se abordará más adelante y quizá el clima cambie. En última instancia, el Gobierno tendría la opción de renunciar a su proyecto, haciéndolo decaer, o bien llevar el debate a ponencia, comisión y pleno, para retratar a los grupos. "El Ejecutivo no puede perder esta ley", señala un ex alto mando. Y esa es una clave: un texto de tan profunda carga no podría quedar varado sin coste para los socios de coalición.