El único plazo que hay por delante es la última semana de diciembre y no hay aún ningún principio de acuerdo. Pero ya se están moviendo las primeras fichas en una cuestión de la que depende el futuro de los Presupuestos Generales del Estado para 2022: la ley audiovisual, que el Gobierno está negociando con ERC. El Ejecutivo sabe que no le queda otra que cerrar una cuota de "producción, doblaje y subtitulación" en catalán y en el resto de lenguas cooficiales. Pero, a la vez, ofrece complementar ese porcentaje (aún no detallado) con ayudas a las plataformas para que incluyan en su catálogo obras audiovisuales en catalán, euskera y gallego, además de en castellano. Esta fórmula mixta es la que entiende que le permitiría cumplir con el compromiso adquirido con los republicanos el pasado 29 de octubre para que no presentaran enmienda de totalidad a las cuentas del Estado, al tiempo que facilita a las plataformas —a menudo grandes multinacionales— cumplir con una exigencia regulatoria que puede entorpecer su negocio y hacerlas huir del país.