Laura Borràs asumió la presidencia del Parlament con una causa pendiente con la Justicia. Borràs está investigada por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental por presuntamente fragmentar contratos para beneficiar a un amigo suyo mientras estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Las actuaciones partieron en su día del juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, pasaron al Tribunal Supremo cuando Borràs adquirió su condición de diputada en el Congreso y recayeron después en el TSJC cuando recogió su acta de representante en el Parlament. Con el reglamento de la Cámara en mano, Borràs debería ser suspendida de sus funciones con la apertura del juicio oral, pero un reciente informe encargado a los letrados discute este punto de la normativa y abre una nueva polémica en la Cámara.