Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acordaron regular los alquileres hace exactamente un año y se conjuraron para hacerlo en menos de 90 días. En una negociación que terminaron cerrando mano a mano, acordaron impulsar una ley de vivienda en España, la primera en la historia. El calendario y sus encontronazos desbordaron su objetivo temporal. Con diez meses de retraso y ya sin Iglesias en el Ejecutivo, el Consejo de Ministros aprobó este martes un anteproyecto que se tramitará con carácter de urgencia. Bastante retraso acumula ya a sus espaldas. El Gobierno quiere que la norma llegue al Congreso antes de que termine el 2021 para iniciar su camino parlamentario. Más allá de las críticas -que las hay de todos los colores-, también hay quien ve una oportunidad, siempre y cuando haya "voluntad política". La Generalitat, que en público amenaza con recurrir la ley al Tribunal Constitucional si invade competencias, quiere proteger su propia regulación de los alquileres -actualmente impugnada- en la norma estatal a través del proceso de enmiendas.
Primer visto bueno del Gobierno
Catalunya quiere blindar su regulación de alquileres en la nueva ley de vivienda
El Govern confía en que haya "voluntad política" para introducir enmiendas en el texto que sirvan para proteger la norma catalana
El Ejecutivo trata de acortar los plazos de tramitación para que el proyecto esté aprobado en el segundo semestre de 2022
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