El Parlamento Europeo evaluará el porqué de 379 atentados sin resolver

En la primera semana de noviembre, tras este X aniversario del anuncio del cese definitivo de los atentados de ETA, el Parlamento Europeo enviará a España una misión para averiguar por qué 379 asesinatos de la organización terrorista permanecen sin resolver. La misión abrirá sus trabajos con una visita del 3 al 5 de noviembre de un grupo de europarlamentarios, entre los que estarán la exministra y presidenta de la Comisión de Peticiones de la cámara, Dolors Montserrat, y la damnificada por ETA Maite Pagazaurtundua. Fue siendo esta eurodiputada de Ciudadanos presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, en 2010, la primera vez que se hizo recuento oficial de investigaciones no cerradas de crímenes de ETA. La cifra cumple once años sin decrecer, al tiempo que el comunicado de la banda cumple diez. Este es uno de los hitos que flanquean el aniversario del fin de ETA, final que no consideran real víctimas como Ángel Altuna. El asesinato de su padre, el capitán de la Policía Basilio Altuna, en septiembre de 1980, figuró en un sumario que “duró en la Audiencia Nacional un día abierto. Se abrió el 23 de diciembre de 1980, se sobreseyó el 24 de diciembre y se cerró por falta de encausados el 30 de diciembre. Feliz Navidad y feliz año nuevo”, relata. La investigación de la eurocámara se había pospuesto el verano de 2020 por la pandemia, después de que la anterior presidenta de la comisión de peticiones, la liberal sueca Cecilia Wilkstrom, le diera un primer impulso tras sensibilizarse con el relato de las víctimas de ETA. Parte de su frustración por causas sin autor conocido está en un informe de 2.000 páginas presentado a la eurocámara por Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado especialista en desaparecidos del franquismo y niños robados y que ahora representa a la asociación Dignidad y Justicia, fundada por Daniel Portero, hijo de Luis, fiscal asesinado por ETA. Presos La iniciativa europea coincide en el tiempo con otra que valora la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. Se trata de un proyecto presentado por la asociación de víctimas COVITE para implementar “nuevas medidas de justicia restaurativa”. Las fuentes del colectivo que confirman esta presentación descartan que entre ellas esté retomar los encuentros de víctimas y victimarios, como el pionero llevado a cabo por Maixabel Lasa, viuda del gobernador civil de Guipúzcoa asesinado, Juan María Jauregui, con Ibon Etxezarreta, uno de sus verdugos. La propuesta llega cuando culmina el proceso de acercamiento de presos de ETA al País Vasco y Navarra, y con la activación de nuevas demandas en materia de política penitenciaria también desde el lado de familiares de presos de ETA. La asociación Etxerat, que los engloba, reclama “el fin de la excepcionalidad”, dice su portavoz, Patricia Vélez de Zubiría, pareja de un ex interno de ETA. “Tenemos que reconocer que las cosas han cambiado mucho, pero esta situación no es lo que esperamos –dice-. Todavía el 56% de presos no cumplen condena en Euskal Herria”. Sus familias exigen “que se les deje recorrer el camino jurídico penitenciario”. Interior ha comenzado a cumplir con eso: ya no hay ningún preso de ETA en primer grado y aislamiento, régimen en el que cumplían casi todos, salvo los que emprendieron la vía Nanclares de abjuración de la violencia y petición de perdón. Se trata de una oferta “de momento agotada”, consideran fuentes penitenciarias, que llegó a atraer a once importantes terroristas. Dos de ellos, José Luis Urrusolo Sistiaga y su pareja, Carmen Guisasola, participan esta semana en un ciclo de coloquios organizados para este aniversario del fin de ETA por el Instituto de la Memoria Gogora, junto con víctimas como Marta Buesa o María Jauregui, hijas de los asesinados Fernando y Juan María. Este año X posterrorista coge a la mayoría de presos que se salieron de la banda en una “intensa soledad”, dicen fuentes de la lucha antiterrorista, excluidos por su antigua tribu y limitados al trato con la familia, sin que la vía Nanclares “previera su aterrizaje”. No pasa lo mismo con los excarcelados duros, fieles a la banda, que son agasajados con celebraciones u ongietorris por el entorno abertzale radical. “Aunque después, cuando se acaba la fiesta y pasan los días, también acaban a solas con sus problemas psicológicos”, explica el ex miembro de la primera ETA, Eduardo ‘Teo’ Uriarte. Paradojas vascas “Dónde cumplan condena los terroristas no nos importa”, dice Consuelo Ordóñez, la presidenta de COVITE, más preocupada por cómo la Euskadi del año X postETA “tiene el mayor porcentaje de población radicalizada de Europa. No hay políticas públicas para prevenir esa radicalización. La libertad sigue secuestrada en el País Vasco. Cuarenta años de terror sistemático y selectivo han hecho mucho daño”. Habla Ordóñez mientras el principal sindicato de la Ertzaintza, ErNE, aún espera respuesta de la Fiscalía a una denuncia sobre una campaña publicitaria que, con lujo de cartelería, desplegaron las juventudes abertzales de Ernai presentando a los agentes como verdugos. "Es una vergüenza", protesta el ertzaina y líder del sindicato, Roberto Seijo. “Se está reconstruyendo un peligroso relato del enemigo”, advierte la eurodiputada Pagazaurtundua. Es un rasgo de un territorio en el que, estos diez años, el entramado de la izquierda abertzale ha pasado de la relegalización de Sortu por el Tribunal Constitucional (julio de 2012) hasta el ascenso de la coalición Bildu a segunda fuerza de Euskadi, en julio de 2020... tan solo un año antes de que la independencia haya alcanzado un 41% de rechazo en la demoscopia oficial vasca, su índice más alto. Se explica por la incorporación en este decenio de tres oleadas de votantes jóvenes, “y por cómo la izquierda abertzale se presenta verde, nueva, partidaria de la libertad sexual…”, explica Eduardo Mateo, politólogo y dirigente de la Fundación Fernando Buesa. Pasados diez años, "muchos prefieren no mirar atrás: se dan de bruces con lo que no hicieron”, explica Mateo. En 2011, cuando ETA anunció su final, él culminaba su paso como cargo electo socialista en las Juntas Generales de Álava, “cuando aún gente que no apoyaba la violencia te decía: ‘Si no quieres que te pase nada, no te metas en política’”. Euskadi y España, año diez del fin de ETA. Sin atentados, los turistas llenan las calles del casco viejo de San Sebastián, otrora guarida de la kale borroka. En la calle, ante el bar La Cepa, donde la parroquia habitual convive con visitantes foráneos, una placa roja y municipal recuerda que allí fue asesinado el líder local del PP Gregorio Ordóñez. Una frívola turista gallega espeta, más que pregunta, al camarero veterano sin ocultar su curiosidad morbosa: - ¿Lo mataron dentro o fuera?. - No lo sé –miente él para no dejar hueco a más preguntas. - Lo busco en Google y se lo digo –dice ella, y coge el móvil. - La verdad es que no me interesa nada –vuelve a disimular él, como deseando quitársela de encima.

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