El Gobierno prepara su ley de secretos con discrepancias sobre el CNI

El Gobierno decidió hace meses sacar de la agenda de prioridades legislativas la reforma de la ley de secretos oficiales vigente, de origen franquista. El gesto descolocó a varios grupos parlamentarios y enfadó al PNV, uno de sus socios parlamentarios y principal demandante de que la norma de 1968 se adapte a la democracia. De hecho los nacionalistas vascos llevan intentando que su propio proyecto de reforma prospere en las Cortes desde 2016, pero se ha encontrado con el freno de populares y socialistas desde entonces. El presidente Pedro Sánchez apuntó en abril que su regate a la iniciativa peneuvista se debía a que deseaba poner en marcha su propio proyecto de ley. Y lo hizo. Bajo la supervisión de la exvicepresidenta Carmen Calvo, el ministerio de Defensa impulsó la primavera pasada, con colaboración de los gabinetes de Interior y de Exteriores, un primer borrador. Fue la ministra Margarita Robles quien se encargó, en aquel momento, de mantener conversaciones con el PNV para intentar un acercamiento de posiciones entre las tesis gubernamentales y la de los nacionalistas. «Hubo avances», apuntan fuentes conocedoras de esos contactos. Pero la crisis de Gobierno que propició la salida de, entre otros, Calvo y Arancha González Laya de La Moncloa congeló los trabajos durante semanas. En septiembre, según ha sabido EL PERIÓDICO, se retomaron, constatándose ciertas discrepancias internas sobre el papel que ha de tener el CNI en la nueva norma. O las reticencias de algunos departamentos a asumir la espinosa cuestión de conceder o denegar el acceso a información clasificada a órganos parlamentarios. Un texto para 2022 Según las fuentes consultadas, la elaboración del anteproyecto se está realizando sin prisas y con el borrador que se redactó en tiempos de Carmen Calvo como base. A partir de ahí, se han ido presentando alegaciones por áreas en las que se subrayan aquellos puntos que se consideran más espinosos, como lo son para algunos ministerios el considerar al CNI «autoridad nacional» para el tratamiento de información clasificada, dado las potestades que eso podría otorgar al Centro, ahora dependiente de Defensa, si no quedan suficientemente claros los límites. También genera dudas, explican esas fuentes, el reparto de cuotas de responsabilidad a la hora de decidir a quiénes se concede acceso a determinada información. Especialmente cuando esas demandas lleguen, en un futuro, desde grupos o partidos políticos. Aunque no hay urgencia en el Gobierno para impulsar este proyecto, como demuestra que no esté incluido en la agenda para este periodo de sesiones parlamentarias, el equipo de Pedro Sánchez si quiere tener lista una propuesta formal para el próximo año que, en principio, sería debatida después con Podemos, socio de coalición, y después con otros grupos. El ‘caso Ghali’ El objeto que dice perseguir el Gobierno promoviendo esta nueva ley es, de forma prioritaria, regular los secretos oficiales desde la perspectiva constitucional, pero equiparándose también a otras legislaciones europeas o de Estados miembros de la OTAN. Con esa premisa pretende actualizar el régimen jurídico a aplicar a la clasificación, desclasificación o reclasificación de información delicada. Principalmente de aquella cuya revelación pudiera poner en peligro la seguridad o la defensa del Estado, así como las relaciones diplomáticas del país. Se da la circunstancia de que hace tan sólo unos días la exministra de Asuntos Exteriores, González-Laya, se aferró a la ley de secretos vigente para no dar al juez que lleva el ‘caso Ghali’ detalles sobre la polémica decisión de permitir el aterrizaje -y posterior ingreso en un hospital-del líder del frente Polisario al que, según parece, no se le requirió la documentación pertinente. El magistrado de Zaragoza que instruye la investigación recriminó a Laya el uso a modo de escudo de una ley de secretos que, en realidad, no incluye ahora en su texto original la posibilidad de usarla para no perjudicar las relaciones diplomáticas. Sin embargo, la exministra se refirió a la supuesta ‘ampliación’ de esa ley que habría supuesto un acuerdo de Consejo de Ministros aprobado, en 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. Dicho acuerdo nunca se recogió en el BOE. La situación a la que se ha enfrentado Laya en un tribunal supone, según grupos como el PNV, un motivo más para acelerar la reforma de una norma franquista.

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