Los 5 'noes' de ERC a la ley de memoria democrática

Si nada extraordinario ocurre, es decir, si se sigue con la misma dinámica establecida entre el Gobierno y ERC desde la primera semana de septiembre, cuando se mantuvieron los últimos contactos formales acerca de la nueva ley de memoria democrática, el texto del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos será aprobado este jueves en el Congreso y pasará a la fase de comisión. Los republicanos, con su enmienda a la totalidad y la presentación de texto alternativo, no darán su brazo a torcer y no apoyarán la iniciativa del bipartito por considerarla "irrisoria". Desde hace un mes, todo contacto que se mantiene sobre el asunto se incluye en el paquete de negociaciones abiertas entre socialistas y republicanos. Sin más. Todo ello a 48 horas del 81º aniversario del fusilamiento del 'president' Lluís Companys, el 15 de octubre de 1940. No deja de tener su coherencia que en una ley como esta, sobre la memoria histórica, la memoria más reciente cobre su importancia. El 15 de octubre de 2004, en el propio Fossar de la Pedrera de Montjuïc donde se fusiló a Companys, la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, presidenta en funciones ese día, al lado de Pasqual Maragall, se comprometió a incorporar la anulación de la sentencia al 'president' en la ley de memoria que el PSOE realizara. No ocurrió. En su lugar, la ley de 2007, que contó con los votos del PNV, CiU e ICV-EUiA contemplaba lo que ERC considera indemnizaciones torticeras, por cuanto mezclaba conceptos como las víctimas del Estado franquista con las del terrorismo. Esquerra votó en contra. Joan Tardà, hoy semirretirado de la política, tiene bien frescas las chanzas y ataques que sufrió desde las bancadas del progresismo y del nacionalismo catalán por oponerse a la ley. Contra lo prometido por el PSOE, que aseveraba que aquella norma cerraba las heridas, el melón de la memoria histórica siguió abierto, entre otras razones gracias al trabajo de las entidades memorialistas. Y ERC se vuelve a oponer. Documento Título del documento (Auto) Ver pdf Estas son las cinco objeciones principales que pone Esquerra a la ley de memoria democrática. La ley de amnistía de 1977 Cualquier intento por llevar a cualquier alto cargo franquista ante la justicia topa, inexorablemente, con la ley de 1977. Una ley de punto final que ha provocado que sean varias las víctimas que hayan tenido que recurrir a instancias judiciales de otros países, amparados por la comisión de crímenes de lesa humanidad. De hecho, no hace ni un mes que el Tribunal Constitucional alegó ese muro, que puede entenderse, en el fondo, como la primera piedra de la transición, para cerrar la puerta a los crímenes del franquismo, con ocasión de la demanda presentada por el exsecretario general del PCE Gerardo Iglesias sobre las torturas a las que fue sometido durante años. Las reclamaciones patrimoniales El texto del PSOE, al que Unidas Podemos da apoyo, no sin cierta sorpresa de ERC, cierra la puerta explícitamente a las reclamaciones patrimoniales que se deriven de ser víctima. Puro simbolismo. "Les dan un diploma", apunta un republicano indignado. No resuelve la ilegalidad y nulidad del franquismo El franquismo nació y tomó el Estado de un levantamiento militar ilegal contra una democracia constitucional. Todo lo que de ello derivó es, por tanto, ilegítimo e ilegal, y debe de ser anulado. Un ejemplo podría ser el caso de Salvador Puig Antich. Detenido y juzgado por un delito de sangre fue ajusticiado tras ser condenado por un tribunal militar franquista, a resultas de su militancia política. Con esta ley del PSOE y Unidas Podemos, sostiene ERC, se deja a Puig Antich como un delincuente común más. Los republicanos sí aceptan que la propuesta de ley entra en el terreno de la "ilegitimidad". Pero, "como en todo, no abunda, solo pasa el cepillo". El abanico de víctimas Los republicanos echan en falta un mayor reconocimiento y dignficación para con aquellos que lucharon y fueron víctimas por defender la democracia, es decir, la República. Esquerra aduce que se sobrevuela al sancionar la existencia de "víctimas de la dictadura, la guerra y el golpe de Estado", pero no anula las sentencias dictadas. "Es insuficiente", replican. Además, el periodo de reconocimiento de la existencia de víctimas de la dictadura finaliza con la promulgación de la Constitución de 1978. Según ERC, esa represión continuó hasta finales del 1982, cuando las viejas estructuras franquistas fueron depuradas. Por ejemplo, la militar. El genocidio cultural catalán y vasco La iniciativa del bipartito de la Moncloa "orilla", en opinión de ERC, el reconocimiento explícito del intento de genocidio lingüístico y cultural que sufrieron "las naciones" del Estado, en particular, Catalunya y Euskadi. Asimismo, ni se reconoce ni se prevé explícitamente la devolución de todos los honores, bienes y documentos institucionales relacionados con las competencias ejercidas entre 1933 y 1940, y que fueron incautadas por las tropas franquistas en su entrada en Catalunya.

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