Las autoridades españolas representadas por la abogacía del Estado manifestaron al Tribunal General de Justicia de la Unión Europea "expresamente" que la euroórdenes cursadas contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de huidos que había sido elegidos eurodiputados "estaban suspendidas", según se refleja en el auto del pasado 30 de julio en el que el tribunal europeo descartó mantener de forma cautelar la inmunidad que les había levantado el Parlamento europeo. El problema es que el único que puede suspender o retirar una euroorden es el magistrado que la dictó y en este caso el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena nunca lo hizo, informaron a este diario fuentes jurídicas.