La solución para los problemas viene a veces de los sitios más inesperados. En la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la encargada de revisar las sentencias dictadas en lo penal por las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia, vino prácticamente de la mano del procedimiento que espera al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont si en algún momento se pone a disposición de la justicia española. El motivo fue la exposición que hizo el presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, Manuel Marchena, cuando el Consejo General del Poder Judicial debía decidir si le reelegía para el cargo o designaba a otro magistrado para esa responsabilidad.