El Gobierno deja fuera de la ley audiovisual la demanda de la Generalitat de proteger el catalán

El Gobierno tiene preparado el nuevo proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual para llevarlo, de manera inminente, al Consejo de Ministros, después de haberlo sometido a distintos capítulos de revisión y consulta pública. La última versión de dicho proyecto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, no será del agrado del Govern ni del sector audiovisual de Catalunya, puesto que finalmente no se ha recogido una de las demandas que reiteradamente le han hecho al equipo de Pedro Sánchez: que se fijase un porcentaje obligatorio de inclusión en catálogo y de inversión en cine o producción en catalán por parte de cadenas de televisión o plataformas digitales como Netflix, HBO o Amazon Prime. El texto legal, que ha sido elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige Nadia Calviño, nació de la imposición de la UE a los estados miembros de transponer a la legislación europea, entre otras cosas, criterios jurídicos que marquen unos derechos y obligaciones a las plataformas de pago y a las de intercambio de vídeos, como TikTok o YouTube. El Gobierno se dispone a cumplir las directrices de la UE con un año de retraso y, cosas del calendario, coincidiendo con un momento en que busca el acercamiento con la Generalitat a través de la mesa de diálogo y, además, depende de ERC en el Congreso para sacar adelante los Presupuestos de 2022. Proteger la lengua Los republicanos, precisamente, se alertaron al conocer la primera versión del anteproyecto por la escasa protección que, a su juicio, se daba al catalán. La 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà, advirtió hace meses en el Parlament de que se iba a dar la batalla para "proteger la lengua y cultura catalanas", quedando a la espera de conocer el último redactado del proyecto que, según ha sabido este diario, está a punto de estudiarse en la mesa del Consejo de Ministros. En ese último redactado se recoge, como estaba previsto, la cuota de obra audiovisual europea y la estrategia para garantizar financiación, de manera anticipada, por parte de prestadores del servicio púbico de comunicación audiovisual televisivo, así como de los servicios de televisión lineal (programación según horario) o a petición (el usuario elige qué ve y cuándo). Lo que no se han aceptado son las modificaciones que se llevan sugiriendo meses desde el Govern y agentes del mundo cultural y de las productoras de Catalunya, y que, habida cuenta de la agenda que el Congreso de los Diputados tiene abierta para los próximos meses, no es descartable que se convierta en caballo de batalla en la también inminente negociación presupuestaria. Los 'escaparates' de la TV de pago "Los prestadores de servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal reservarán a obras audiovisuales europeas al menos el 51% del tiempo de emisión anual de su programación –se apunta en el citado proyecto–. Como mínimo el 50% de la cuota prevista en el apartado anterior [el 51% mencionado] se reservará a obras en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas". En lo que atañe a la cuota de catálogo que se fijará como obligada para las plataformas digitales como Netflix, se establece por ley que un 30% de su 'escaparate' ha de estar dedicado a obras europeas. De ese porcentaje, "como mínimo el 50%" será reservado para producciones en castellano "o" en alguna de las otras lenguas del Estado. Con esta redacción se da a las plataformas la posibilidad de elegir entre una lengua u otras en vez de determinar porcentajes para cada cual, según reclamaban sectores políticos y culturales catalanes, por lo que, a su entender, no se protege a las lenguas propias ni hay garantías de inversión suficiente. De hecho, el sector audiovisual de Catalunya presentó alegaciones al proyecto de ley para reclamar que se estableciesen unos mínimos de oferta de obras audiovisuales en las lenguas cooficiales de España, más allá del castellano, y que se tuviera en cuenta asimismo la producción independiente local y se mantuvieran las competencias que, hasta ahora, tenía el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). Las responsabilidades de este organismo quedarán bastante diluidas una vez entre en vigor la nueva norma, que señala a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como el garante principal en lo que concierne a seguridad y control de contenidos audiovisuales de manera general. Inversiones por ley El proyecto de ley regula, asimismo, la inversión de obra audiovisual y cine europeo por parte de estas empresas. Así, el departamento de Calviño establece que los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo cuyos ingresos computables sean iguales o superiores a 50 millones de euros deberán destinar, anualmente, el 5% de esos ingresos a la financiación de obra audiovisual proveniente de terreno europeo; a la compra de derechos de explotación de obra europea ya terminada y/o a la contribución al Fondo de Protección de la Cinematografía. De la cantidad que están llamados a entregar a esta causa, "un mínimo de un 70%" deberá ir dirigida a obra de productores independientes "en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas" y "un mínimo del 40%" a películas cinematográficas, un género en el que nuevamente se permite elegir entre la inversión en cine filmado en castellano o en otra de las lenguas oficiales del Estado. Desde el CAC se propuso que ese 5% pasase a ser un 10% y que, con ese aumento, se designase que la mitad tuviera que ser utilizado para financiar obras creadas en alguna de las lenguas cooficiales, ya fuera catalán, euskera o gallego. La petición tampoco ha sido recogida en la versión final del proyecto legislativo. El margen que se deja a las autonomías con respecto a la protección de sus lenguas compete a las obligaciones para las televisiones de su territorio. "Las comunidades autónomas con lenguas oficiales podrán regular obligaciones adicionales para los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual televisivo de ámbito autonómico". En ese caso, añade el texto legislativo, también será responsabilidad autonómica el "control y seguimiento" de la obligación de promover obra europea.

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La última versión del proyecto fuerza a las plataformas a tener un amplio catálogo español, pero sin porcentajes para lenguas cooficiales

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