El enésimo calvario otoñal del PP por la corrupción

Hace ya seis meses que Pablo Casado anunció a bombo y platillo que el PP se mudaba de la sede de la madrileña calle Génova, en un gesto con el que pretendía ahuyentar la sombra de la corrupción que heredó de sus antecesores, Mariano Rajoy y José María Aznar. Los trámites para el cambio de inmueble avanzan a paso lento y todavía no hay fecha exacta para el traslado, así que será en esa misma histórica sede en la que el presidente del partido tendrá que afrontar este otoño un nuevo reguero de decisiones de los tribunales sobre los escándalos más sonados que siguen en curso judicial. La sentencia de la caja b El juicio por el presunto uso que se le dio a la caja b del PP quedó visto para sentencia en mayo después de tres meses de sesiones en las que el tribunal de la Audiencia Nacional escuchó versiones contradictorias sobre la existencia de una contabilidad paralela en la formación, y en la que se analizó si los conocidos como 'papeles de Bárcenas' son veraces o no. La verosimilitud de esos documentos del extesorero del PP será la clave que decante una sentencia que se espera para septiembre y que podría confirmar lo que ya acreditó el Tribunal Supremo: que los pagos opacos fueron un hecho y que en negro se sufragaron, por ejemplo, la reforma de la propia sede de Génova y complementos salariales a dirigentes del partido. Aznar y Rajoy testificaron en el juicio para negar todo conocimiento sobre la caja b, igual que hicieron la mayoría de exaltos cargos de la formación. Pero algunos testimonios sí admitieron, con matices, haber recibido alguna cantidad en negro. Bárcenas cambió su estrategia de defensa y decidió colaborar con la justicia mediante un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que confesó una contabilidad paralela que se nutría de donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas. Algo que en el juicio por la primera época de la 'trama Gürtel' negó y que se sigue investigando en la Audiencia Nacional. Los 'papeles de Bárcenas' Las anotaciones del extesorero del PP también proseguirán sus andanzas judiciales en el caso que lleva su nombre, el que busca esclarecer si los empresarios que donaron dinero a la formación lo hicieron a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Después de ocho años de vaivenes, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz cerró la instrucción a finales de julio, pero esta podría reabrirse después de recibir el último informe del inspector de la Policía Manuel Morocho, que pone bajo sospecha una veintena de contratos suscritos durante el mandato de Aznar. Según el relato de Bárcenas, en dichos papeles se anotaban las donaciones que hacían los empresarios directamente en la misma sede del PP o, "en ocasiones, en restaurantes", a cambio de "importantes adjudicaciones de obras y servicios públicos". Unas actuaciones delictivas de las que, según el extesorero, Rajoy era "perfecto conocedor". Su acusación más explosiva contra el expresidente: "A principios de 2009, tuvimos una reunión en su despacho, en el que mostré los papeles de esta contabilidad B, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esa documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber, que yo guardaba una copia". ¿Aguirre al banquillo? El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón mantiene vivas seis líneas de investigación del 'caso Púnica', la enrevesada trama de corruptelas que pone bajo sospecha la financiación del PP de la Comunidad de Madrid. Una de esas causas que siguen en curso es la que mantiene imputada desde hace dos años a la expresidenta autonómica Esperanza Aguirre (y a su sucesor, Ignacio González) por la presunta financiación irregular, mediante donaciones de empresarios, de al menos tres campañas electorales (2007, 2008 y 2011). La instrucción fue prorrogada tres meses a finales de julio, por lo que este otoño podría confirmarse si la 'exlideresa' de los populares queda exonerada o a un paso del banquillo. Siete años después de comenzar la investigación del 'caso Púnica', solo una de las 13 causas ha sido juzgada: la que condenó a dos años de cárcel a Francisco Granados, exnúmero dos de Aguirre en el Gobierno regional y en el PP madrileño, por el chivatazo que un guardia civil le dio sobre las pesquisas. Siete de esas 13 piezas ya han concluido su instrucción. Ignacio González suma y sigue El sucesor de Aguirre, Ignacio González, acumula ya tres peticiones de prisión por parte de la fiscalía, que suman en total 18 años de cárcel, por su papel en las tramas 'Púnica' y 'Lezo'. En la primera, igual a la 'exlideresa', el juez tiene que decidir si le sienta en el banquillo, después de que el fiscal sostenga que "abusó de su cargo" de vicepresidente de la Comunidad de Madrid y que suya era la "última decisión" acerca de determinadas subvenciones que acabaron, presuntamente, financiando las campañas electorales del PP regional. Más enrevesada todavía es la madeja del 'caso Lezo', por el que se enfrenta a 18 años de prisión no solo por subvenciones ilegales, sino también por supuestas adjudicaciones irregulares y cobros de mordidas. Amaños en la concesión de un campo de golf, comisiones ilegales en la adjudicación de las obras de un tren y el saqueo del Canal de Isabel II (empresa pública del agua) son algunas de las actuaciones de las que se acusa a González y por las que habría generado un perjuicio al erario que podría alcanzar los 9,7 millones de euros. El frente valenciano Seis años después de haber perdido la Generalitat Valenciana, el PP continuará recibiendo este otoño malas noticias de los tribunales en esa comunidad, pues se juzgarán o avanzará la instrucción de destacados escándalos. Tras archivarse la causa contra Francisco Camps por la visita del Papa a València, otro expresidente autonómico y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, sabrá este otoño si es procesado por el 'caso Erial', en el que se investigan sobornos por la adjudicación de estaciones de ITV en 1997 y mordidas en la concesión de un plan eólico en 2011. Más comisiones ilegales se investigan en los casos 'Taula' y 'Azud'. En ambos está imputado y por el último está en prisión Alfonso Grau, quien fuera mano derecha de Rita Barberá en la alcaldía de València. Las 11 causas en que se divide 'Taula' ya han llevado al banquillo a una treintena de personas, entre ellas Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia. El primer juicio empezará en mayo y el PP figura como responsable civil subsidiario por "aprovecharse" de dinero público para pagar campañas. En paralelo, seguirán conociéndose detalles sobre el presunto blanqueo (bautizado como 'pitufeo') y desvío de fondos. Más raciones de la 'Kitchen' El PP se fue de vacaciones con el varapalo del procesamiento del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como "vértice" de la trama de espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas. El juez considera acreditado que se utilizaron al menos 53.266 euros de los fondos reservados para robarle a Bárcenas información comprometida sobre el PP. La exnúmero dos de los populares María Dolores de Cospedal ha quedado finalmente exculpada, pero tanto ella como Mariano Rajoy tendrán que someterse en el Congreso a la comisión que investiga el escándalo. Muchos de los imputados y el propio Bárcenas sostienen que era perfecto conocedor de los fogones de la 'Kitchen', pero el expresidente del Gobierno y del PP no fue citado ni como testigo durante la instrucción de esta causa, y la conclusión del magistrado fue que "ninguna diligencia que se ha practicado permite sostener que tuviera comunicación directa con ningún presidente".

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